El poder judicial

LA NOTA del Consejo General del Poder Judicial para recordar al Poder Ejecutivo que la independencia de los magistrados, ?condici¨®n sustantiva de un Estado democr¨¢tico de derecho?, est¨¢ siendo puesta en peligro por los comunicados de ?algunos portavoces y autoridades pol¨ªticas del Ministerio del Interior? ha sido considerada en algunos medios como inoportuna. Nuestra cr¨ªtica, sin embargo, se limitar¨ªa a calificarla de tard¨ªa, ya que ese alto organismo dej¨® pasar demasiados d¨ªas entre el motivo concreto que ha dado origen a la r¨¦plica y su expresi¨®n p¨²blica.El Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de la Audiencia Nacional puso en libertad, el mi¨¦rcoles 22 de abril, al abogado Pedro Ruiz Balerdi, a quien la autoridad gubernativa hab¨ªa aplicado la ley Antiterrorista por presunta autor¨ªa, complicidad o encubrimiento en el secuestro de Luis Su?er. Casi al mismo tiempo, el Mando Unico Antiterrorista hac¨ªa p¨²blica una nota para exponer sus conjeturas acerca del caso como si fuesen hechos probados y para presentar sus valoraciones sobre la conducta del letrado donostiarra como traducibles a la tipificaci¨®n penal de tales actos.

Con esa nota, la tendencia de algunos departamentos de la Administraci¨®n a ignorar los principios de la divisi¨®n de poderes y a invadir el campo de competencias del poder judicial alcanz¨® una cota notable de imprudencia. Porque si la. doctrina que la inspir¨® llegara alg¨²n d¨ªa a prosperar, la independencia e incluso la utilidad misma de los jueces y magistrados tendr¨ªan que ser puestas en duda y los art¨ªculos de la Constituci¨®n que consagran las garant¨ªas y los derechos de los acusados deber¨ªan ser enviados de inmediato al trastero. La explicaci¨®n oficial de la Guardia Civil para explicar los hechos producidos en Almer¨ªa durante el. ¨²ltimo fin de semana o la circunstancia de que en la. nota del Mando Unico Antiterrorista se mencionara como miembro del comit¨¦ ejecutivo de ETA Pol¨ªtico-militar ?liberado? a un vecino de Escoriaza y presidente de una cooperativa, que se present¨® voluntariamente a la Guardia Civil, para rechazar la inculpaci¨®n, ahorran cualquier otro comentario sobre la pretensi¨®n gubernativa de sustituir a la autoridad judicial en el establecimiento de los hechos y en su valoraci¨®n jur¨ªdica.

El asunto de Pedro Ruiz Balerdi puede ofrecer, aparte de sus dimensiones propiamente jur¨ªdico-penales, sobre las que los tribunales deber¨¢n pronunciarse, otros aspectos ¨¦ticos y pol¨ªticos de importancia nada desde?able. El letrado donostiarra tiene la obligaci¨®n pol¨ªtica, como teniente de alcalde de San Sebasti¨¢n, electo bajo las siglas de Euskadiko Ezkerra, el deber moral, como simple ciudadano, y la exigencia tributaria, como firmante de la declaraci¨®n de la renta, de explicar cuanto antes la procedencia y el destino de la cuantiosa suma que llevaba consigo al cruzar la frontera, as¨ª como de otros eventuales ingresos generados en gestiones relacionadas con mediaciones en torno a secuestros o chantajes. La cl¨¢usula del secreto profesional, esgrimida hasta ahora por Pedro Ruiz Balerdi para callar, no puede convertirse en una coartada indefinida para rehuir sus responsabilidades morales, tributarias y pol¨ªticas. Pero una cosa es solicitar tales explicaciones y otra muy distinta que un departamento gubernamental ponga en berlina a un ciudadano usurpando funciones judiciales.

Por lo dem¨¢s, la declaraci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, a la vez que defiende ?la dignidad de jueces y magistrados? y rechaza las campa?as de desprestigio de origen gubernativo, orientadas a crear una imagen de ?incomprensible lenidad? de los tribunales, subraya ?el esfuerzo, la abnegaci¨®n y el sacrificio de las fuerzas de seguridad del Estado? y recalca que sus cr¨ªticas no se dirigen a los miembros de esos cuerpos, sino a los portavoces y autoridades pol¨ªticas del Ministerio del Interior. Confiemos que, en el futuro, el m¨¢s aIto organismo del poder judicial sepa tambi¨¦n distinguir entre las cr¨ªticas individualizadas a sentencias o a conductas particulares de sus miembros y el respeto a la magistratura como tal, a fin de evitar que -nunca mejor dicho- una instituci¨®n pueda ser, a la vez, juez y parte de un proceso, como sucedi¨® con la condena por desacato al director de EL PAIS.

El comunicado recuerda principios tan elementales como la obligaci¨®n de las autoridades gubernativas de mantener en secreto los atestados policiales, la necesidad de que la culpabilidad sea probada y no simplemente afirmada, el car¨¢cter no vinculante para el juez de las opiniones policiales y la inadmisibilidad de que portavoces gubernativos ?censuren, abierta o encubiertamente, a los jueces?. Porque ?es claro que no corresponde a las fuerzas de seguridad ni al Ministerio del Interior declarar cu¨¢ndo hay o no delito?, sino aportar pruebas fehacientes de que han sido cometidos, y resulta evidente tal invasi¨®n de las funciones judiciales por el Poder Ejecutivo, que atenta gravemente contra la credibilidad de magistrados y fiscales. En definitiva, ?el mutuo desprestigio de las instituciones del Estado contribuye lamentablemente a que el pueblo se despegue de todas?. Objetivo que, sin duda, algunos desean y persiguen.