El PCE acusa de inoperancia al ministro de Educaci¨®n
El Grupo Comunista del Congreso acus¨® ayer al ministro. de Educaci¨®n, Juan Antonio Ortega, de haber defraudado totalmente las expectativas, tanto en su labor administrativa como en el aspecto legislativo. Seg¨²n Eulalia Vintr¨®, coordinadora del grupo para estos temas, Ortega no ha cumplido las buenas palabras que ofreci¨®, entre otras cosas, porque no hay voluntad pol¨ªtica de modificar el sistema educativo. La diputada acus¨® tambi¨¦n a UCD de haber protagonizado una burla en relaci¨®n con la ley de Autonom¨ªa Universitaria (LAU).
Seg¨²n su versi¨®n, el balance es este: desde que Ortega es ministro no se ha terminado ni una ley, aunque est¨¢n en la C¨¢mara la de financiaci¨®n de la ense?anza obligatoria, desde 1978, y la LAU, que estando dictaminada en diciembre de 1980, volvi¨® a la comisi¨®n, con el compromiso de ser debatida en el Pleno del pasado 11 de mayo, pero no hay ni nuevo informe de la ponencia. Tan s¨®lo se ha aprobado, en mayo, un decreto-ley sobre medidas urgentes para el comienzo del curso 1980-1981.No se ha presentado ning¨²n proyecto, aunque el anterior ministro del departamento, I?igo Cavero, anunci¨® seis en 1978, que su sucesor, Jos¨¦ Manuel Otero, reafirm¨®, y Ortega se comprometi¨®, al menos, con el de reforma de las ense?anzas medias. Faltan la reforma de la inspecci¨®n, ense?anzas art¨ªsticas, desarrollo de la Constituci¨®n en cuanto a promoci¨®n de la democracia en la ense?anza y en las competencias exclusivas del Estado.
El desarrollo reglamentario de las leyes es igual de decepcionante, seg¨²n la diputada. De la gran cantidad de temas que el Estatuto de Centros remit¨ªa a este desarrollo, s¨®lo se ha dictado un decreto sobre participaci¨®n de los padres, cuando precisamente el art¨ªculo en que se apoya fue declarado inconstitucional por el Tribunal. Constitucional.
Tambi¨¦n existen los decretos sobre universidades laborales e Instituto de Ciencias de la Educaci¨®n, negativos para el PCE, y los de alta inspecci¨®n y sobre nuevos contenidos de la EGB. De este ¨²ltimo, dijo la diputada que no lo conoce ni el 10% de los ense?antes, y s¨ª, en cambio, las editor' ales, para poder hacer sus libros y su negocio cuando empiece el pr¨®ximo curso.
La Comisi¨®n de Educaci¨®n del Congreso ha estado casi un a?o sin reunirse para legislar, y el Ministerio ha dejado sin contestar, al menos, diecis¨¦is preguntas comunistas, algunas de las cuales llevan meses publicadas.
Ni gratuidad ni calidad
En cuanto a la acci¨®n administrativa, la portavoz comunista resalt¨® que, cuando el ministro hab¨ªa prometido la reforma de la administraci¨®n educativa, no ha aprobado ni el decreto de reestructuraci¨®n del propio Ministerio. Tampoco se cumple la gratuidad, porque no se aprueba la referida ley de financiaci¨®n, mientras este a?o se han repartido al sector privado m¨¢s de 60.000 millones - 150.000 desde que gobierna UCD- sin control alguno.Fruto de negociaciones de cuyos resultados no se inform¨®, se subi¨® el m¨®dulo de subvenci¨®n de forma lineal, de modo que redundaba sobre todo en los centros subvencionados a medias, que en la pr¨¢ctica pueden cobrar a los alumnos libremente. Entre tanto, han bajado las inversiones en los presupuestos de este a?o, no se atienden los sectores especiales ni hay mapa escolar, entre otras cosas.
Eulalia Vintr¨® apunt¨® tres razones de esta situaci¨®n: la gran inversi¨®n econ¨®mica que requiere una acci¨®n positiva, la falta de .voluntad pol¨ªtica para modificar el sistema educativo actual, ya que beneficia a sectores econ¨®micos y, sobre todo, ideol¨®gicos, que sirven de soporte al Gobierno, y la ausencia de objetivos claros por parte del Gobierno sobre d¨®nde quiere llevar la educaci¨®n.
Por fin, dijo que UCD se ha burlado del Parlamento con el tema de la LAU, chantajeando primero con la amenaza de retirarla si no volv¨ªa a la Comisi¨®n, y despu¨¦s presentando textos nuevos sobre el 80% del proyecto. La diputada se quej¨® tambi¨¦n de que la ponencia es, en realidad, pantalla de negociaciones al margen, y puntualiz¨® que su grupo est¨¢ de acuerdo en modificar el proyecto en cuanto a la referencia a las universidades privadas, controladas por el Parlamento, y la doble v¨ªa de acceso al profesorado, funcionarial y por contrato, pero ¨¦stos sin habilitaci¨®n previa.
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