?Muertos de tercera?

PASAN YA de cuarenta las personas fallecidas a consecuencia de un agente pat¨®geno inicialmente disfrazado bajo el manto de una epidemia de "neumon¨ªa at¨ªpica" y finalmente identificado como una intoxicaci¨®n producida por la adulteraci¨®n de aceites a granel.Esos rasgos de impasibilidad y aplomo con los que suele elogiarse la imagen del Gobierno Calvo Sotelo han llegado, en esta ocasi¨®n, a su apogeo. Ni notas del Gobierno ni comparecencias ante el Congreso del ministro del ramo han dado curso oficial al esclarecimiento del enigma. Los modestos ciudadanos cuya vida ha quedado segada por esa alteraci¨®n, objetivamente criminal, de una grasa vegetal de consumo popular, casi exclusivamente reservada a las familias con escasos recursos, parecen, como en la macabra an¨¦cdota del accidente ferroviario, ?muertos de tercera?.

La Constituci¨®n no s¨®lo establece la igualdad ante la ley y el derecho a la vida de todos los espa?oles, sino que tambi¨¦n se?ala, en su art¨ªculo 43, que ?compete a los poderes p¨²blicos organizar y tutelar la salud p¨²blica a trav¨¦s de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios?. Resulta asombroso que el ministro de Sanidad y el secretario de Estado para la Salud se difuminen o se embosquen a la hora de reconocer sus propias responsabilidades o de exig¨ªrselas, en su caso, a los cargos de libre designaci¨®n y a los funcionarios de su departamento culpables de negligencia o incompetencia. Y suena a sarcasmo que el ¨²ltimo Consejo de Ministros se ocupara de esa especie de coche-escoba que es el poderoso Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, no para adoptar medidas respecto a esa intoxicaci¨®n letal producida por la adutteraci¨®n de ingredientes alimenticios, sino para cesar a Jos¨¦ Barea.

La posibilidad de que la tupida mara?a del organigrama estatal, tan celosamente defendida por los entusiastas defensores del centralismo a ultranza, engendre, por su propia e in¨²til complejidad, puntos muertos y zonas de nadie a efectos de competencias administrativas serviria, en todo caso, como prueba acusatoria de la irracionalidad del aparato estatal, pero no eximir¨ªa de responsabilidad al Gobierno en cuanto colectivo.

?A qui¨¦n correspond¨ªa el control de esos, aceites a granel, adulterados o no, cuya comercializaci¨®n se halla prohibida desde 1974? ?No existe ning¨²n departamento administrativo que vigile a quienes mezclan el aceite de colza con otros aceites a fin de hacer imposible una manipulaci¨®n tan monstruosa como la que ha causado esas muertes? ?C¨®mo ha transcurrido tanto tiempo entre las primeras advertencias del equipo m¨¦dico del Hospital del Ni?o Jes¨²s y las pruebas de laboratorio que han verificado esa hip¨®tesis? ?Por qu¨¦ la obcecada insistencia del Ministerio de Sanidad en atribuir esas muertes, causadas por intoxicaci¨®n de un ingrediente alimenticio adulterado, a una fantasmal epidemia, si se trata de un envenenamiento? ?Tal vez porque las epidemias las propaga la naturaleza, mientras las intoxicaciones las propagan los hombres?

Pero, en torno a esa cuarentena larga de muertes y a esos millares de enfermos no hay s¨®lo responsabilidades pol¨ªticas, sino tambi¨¦n, con harta probabilidad, responsabilidades penales. El art¨ªculo 348 del C¨®digo Penal establece la pena de reclusi¨®n menor para los casos en ros que la alteraci¨®n de comestibles y bebidas, o la venta de g¨¦neros y objetos nocivos a la salud, causaren muertes. Y el art¨ªculo 565 contempla los supuestos de imprudencia temeraria y negligencia profesional como responsables de muertes o lesiones.

Cabe suponer que el fiscal de la Audiencia Nacional, a la que corresponde el conocimiento de este homicidio masivo en diversas provincias, habr¨¢ tomado cartas en el asunto y que el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado habr¨¢n adoptado medidas para velar por la de fensa de la legalidad y el inter¨¦s p¨²blico. Pero, hasta el momento, los ciudadanos no han sido informados de los pasos dados en esa direcci¨®n por los ¨®rganos constitucionalmente encargados de promover la acci¨®n de la justicia. No ser¨ªa ocioso, en cualquier caso, que el presidente del Gobierno, o alguno de sus ministros, se dignara ofrecer una explicaci¨®n p¨²blica en torno a las causas y responsabilidades de este asunto en el que nadie es detenido, nadie sancionado, nadie parece responsable, y que es ya una verg¨¹enza nacional. O el Gobierno responde a estas interrogantes, o el Gobierno debe pagar las consecuencias.