Terrorismo, pueblo y justicia

Est¨¢ fuera de toda duda que el gran reto que tiene planteado ahora nuestra sociedad es combatir de forma urgente y eficaz el terrorismo -sea cual fuere su origen, signo o naturaleza-, y que para ello es necesario hacer m¨¢s, mucho m¨¢s, que proferir en¨¦rgicas repulsas o estallar en un¨¢nimes condenas.Imprescindible resulta que todos y cada uno de nosostros -?los ciudadanos que nos dimos la democracia!- tomemos el compromiso de defenderla directa y personalmente, utilizando para ello todos los medios legales que nos concede la Constituci¨®n que aprobamos el 6 de diciembre de 1978.

Uno de esos medios -quiz¨¢ el m¨¢s eficiente dentro de un Estado de derecho- sea el derecho a participar en la administraci¨®n de la justicia que haya de aplicarse a quienes atentan contra la vida de las personas y la pac¨ªfica convivencia social, m¨¢ximos bienes ultrajados constantemente por el terrorismo. La defensa de estos valores no puede ni debe quedar confiada exclusivamente a unos jueces profesionales, por probos y competentes que sean, tal y como si el resto de los ciudadanos fu¨¦ramos indiferentes o incapaces.

Pi¨¦nsese, por ejemplo, que las mujeres, que componen una parcela muy numerosa e importante de nuestra sociedad, en la que empiezan a reivindicar los derechos que secularmente les hab¨ªan sido negados, carecen pr¨¢cticamente de representaci¨®n activa y directa en la justicia profesional, al haber muy pocas de ellas ejerciendo funciones de magistrado, juez o fiscal.

De ah¨ª la enorme importancia pr¨¢ctica y profundo contenido ¨¦tico-social que tiene el art¨ªculo 125 de la Constituci¨®n, al consagrar el derecho de los ciudadanos (?que son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci¨®n alguna!) a participar en la justicia penal a trav¨¦s del jurado y, por tanto, en los procesos por terrorismo y bandas armadas.

Recientemente se ha creado, dentro del ¨¢mbito penal de la Audiencia Nacional -tribunal considerado ya por algunos como jurisdicci¨®n especial continuadora del de Orden P¨²blico-, una nueva secci¨®n que, seg¨²n anunci¨® a la Prensa el Gobierno, iba a estar dedicada a conocer y juzgar delitos de terrorismo, y compuesta exclusivamente por magistrados profesionales, puesto que el prometido y obligado desarrollo legislativo del jurado sigue en ?ignorado paradero?...

Con esta actitud, el actual Gobierno no ha hecho m¨¢s que hacerle el juego, una vez m¨¢s, a los tradicionales contestatarios del jurado, que basan su elitista oposici¨®n en la desconfianza y desprecio que les merece la denominada ?masa de ignorantes? que componemos la inmensa mayor¨ªa de los ciudadanos que no somos jueces de carrera

Participaci¨®n en la justicia penal a trav¨¦s de jurados

Sin embargo, no debiera olvidarse que a¨²n est¨¢n muy frescos los ecos del denominado Manifiesto de la Libertad, le¨ªdo ante el pueblo congregado en Espa?a con el apoyo un¨¢nime de todas las fuerzas pol¨ªticas, que subray¨® categ¨®ricamente que ?el pueblo no se ha conformado con ser espectador, sino que se sabe protagonista de su historia y que quiere comportarse como tal?. Si esto es cierto, y si tambi¨¦n lo es -tal y como se proclam¨® p¨²blicamente- que ?un aut¨¦ntico grito de ?Viva Espa?a! no encierra una verdad distinta que el de ?Viva la Constituci¨®n! -, qui¨¦n -nos preguntamos- ser¨¢ capaz de negar ahora a nuestro pueblo -?que tantas muestras de alt¨ªsimo comportamiento c¨ªvico ha venido mostrando con su serenidad y cordura a trav¨¦s de los m¨²ltiples y variopintos avatares sufridos por nuestro incipiente desarrollo democr¨¢tico! - su derecho a participar en la administraci¨®n de justicia penal -que es la justicia por antonomasia por la calidad de los valores que comporta- a trav¨¦s del tribunal del jurado, representaci¨®n de la suprema funci¨®n de hacer justicia mediante la ordenada simbiosis de elemento jur¨ªdico-profesional, con la diversidad de otras inteligencias, culturas, profesiones, oficios y experiencias que conforman realmente una expresi¨®n m¨¢s completa de nuestra sociedad.

Y es precisamente por ello que desconocer y callar obstinadamente la participaci¨®n de los ciudadanos en la justicia, mediante el jurado, en los nuevos proyectos legislativos preparados por el Gobierno para su pr¨®xima deliberaci¨®n parlamentaria (ley de Enjuiciamiento Criminal y ley Org¨¢nica del Poder Judicial), o tan siquiera seguir retrasando el compromiso formalmente asumido de desarrollar pronta y adecuadamente el art¨ªculo 125 de la Constituci¨®n, resulta especialmente doloroso en estos momentos, por cuanto es una nueva forma de despreciar los valores democr¨¢ticos, impidiendo a los ciudadanos defenderlos y reiterar, una vez m¨¢s, su decisi¨®n de vivir en una sociedad libre, justa y pac¨ªfica.

Cuando se d¨¦ al pueblo la oportunidad que viene reclamando, de responder a la llamada en favor de la democracia por el camino de su participaci¨®n en la justicia penal, ser¨¢ precisamente cuando habremos encontrado una nueva y v¨¢lida fuente para vigorizar la colaboraci¨®n ciudadana frente al terrorismo.