El Gobierno socialista franc¨¦s impuso en la Asamblea su plan de nacionalizaciones

La Asamblea Nacional francesa, revivificada con las reformas de estructuras econ¨®micas del Gobierno mitterrandista, inici¨® ayer la segunda gran batalla del septenio: la discusi¨®n del presupuesto de 1982, que instaura, en este pa¨ªs, un impuesto sobre la fortuna. Anteanoche, definitivamente, por 332 votos contra 154, fueron aprobadas las nacionalizaciones. Las posibles acciones jur¨ªdicas de los accionistas extranjeros y la decisi¨®n del Consejo Constitucional son los dos ¨²ltimos obst¨¢culos a superar por el Gobierno antes del inicio de 1982, fecha en la que, en principio, oficialmente, el sector nacionalizado pasar¨¢ a manos del Estado.

Catorce d¨ªas seguidos de debates, 33 sesiones, 120 horas, m¨¢s de 1.400 enmiendas, insultos, pasiones incontroladas, todo esto fue necesario para que cinco grupos industriales de los m¨¢s importantes del pa¨ªs, 36 bancas y los dos grupos financieros Suez y Paribas, pasaran a manos del Estado anteanoche. El hemiciclo franc¨¦s, en estado moribundo desde que naci¨® la V Rep¨²blica, ha vuelto a convertirse en un escenario de confrontaci¨®n, de desbordamientos verbales a veces, pero democr¨¢tico. Tanto la mayor¨ªa socialista como la minor¨ªa conservadora han jugado un juego en el que, en suma, se bat¨ªan dos concepciones de la sociedad: para la oposici¨®n, las nacionalizaciones abren las puertas a la burocratizaci¨®n de la econom¨ªa, a su incompetitividad internacional y, a la postre, al empobrecimiento de Francia. Para el mitterrandismo, los polos industrial y bancario que han puesto en sus manos les servir¨¢n para democratizar la sociedad al suprimir los privilegios.La monta?a de enmiendas depositada por la oposici¨®n no ha servido pr¨¢cticamente para nada. El proyecto de ley ha sido aprobado, esencialmente, tal como lo propuso el Gobierno.La venta de Paribas

La obstinaci¨®n y los debates bien preparados de la oposici¨®n sirvieron para que la opini¨®n p¨²blica se informara y para darle tiempo a Paribas a vender sus filiales suiza y belga. El gesto, de todas maneras, no ha sido apreciado por la opini¨®n p¨²blica, que ha visto en Pierre Moussa el director general "con mentalidad de emigrado" (seg¨²n el primer ministro, Pierre Mauroy), un dilapidador del patrimonio nacional m¨¢s que un defensor de los intereses de los accionistas. De manera m¨¢s o menos inmediata parece cierto que el Gobierno lo persiga judicialmente, no por la venta de las dos filiales extranjeras precitadas (la operaci¨®n es correcta en derecho), sino por un fraude fiscal del a?o pasado.

Al Gobierno le quedan, ahora, dos obst¨¢culos mayores. Los accionistas extranjeros de las bancas nacionalizadas, reunidos anteayer en Londres, est¨¢n dispuestos, no a combatir el principio de la nacionalizaci¨®n, sino a exigir una indemnizaci¨®n superior a la ofrecida por el Gobierno y que, aproximadamente, ser¨ªa el doble de esta ¨²ltima. Ayer, el secretario de Estado encargado de la ampliaci¨®n del sector p¨²blico, Jean la Garrec, afirm¨® que el Gobierno franc¨¦s no modificar¨ªa su pol¨ªtica de indemnizaci¨®n. Por otra parte, en medios oficiosos galos se estiman posibles negociaciones en las que las dos partes ceder¨ªan. Las autoridades francesas calibran el impacto negativo que causar¨ªa en los medios econ¨®micos internacionales una actitud intransigente.

Ayer la Asamblea inici¨® otro debate que promete discusiones ¨¦picas: el presupuestario. De toda la ley de Finanzas de 1982 (788.000 millones de francos de gastos y 95.000 millones de d¨¦ficit), el nuevo impuesto sobre la fortuna se anticipa como el gran protagonista de la confrontaci¨®n entre la mayor¨ªa y la oposici¨®n. Ese impuesto graba a los patrimonios comprendidos entre tres millones y cinco millones de francos con el 0,5%. Con el 1%, a los que van de cinco millones a diez millones, y con el 1,5%, a los que superan los diez millones. La oposici¨®n estima que dicho impuesto lesiona las posibilidades econ¨®micas de las empresas destinadas a la inversi¨®n y a la ampliaci¨®n.