La oposici¨®n objeta el incremento de carteras "justificado" en el ahorro del gasto publico

El Gobierno Calvo Sotelo ha realizado, paralelamente a la remodelaci¨®n gubernamental, una reforma administrativa para la que se ha acogido a la autorizaci¨®n concedida por un decreto-ley de 1976 para suprimir, refundir o reestructurar los departamentos ministeriales, ?con objeto de obtener una mayor econom¨ªa en los gastos p¨²blicos y una mayor eficacia en la gesti¨®n de los servicios". La invocaci¨®n de este decreto-ley criticado en su momento por burlar la exigencia de una ley para que Adolfo Su¨¢rez pudiera introducir en su Gabinete las reformas deseadas sin pasar por el Parlamento, es objetada por la oposici¨®n, que pone en contraste el proclamdo prop¨®sito de ahorro del gasto p¨²blico y la realidad del incremento de carteras.Seg¨²n un decreto publicado ayer por el Bolet¨ªn Oficial del Estado, el Gobierno, en uso de la autorizaci¨®n concedida por el art¨ªculo 26 del Decreto-ley 18/1976, de 8 de octubre, se crea el Ministerio de Sanidad y Consumo y se modifica la denominaci¨®n del hasta ahora Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, que pasa a llamarse de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, establece que el Ministerio de Agricultura y Pesca se denominar¨¢ en lo sucesivo de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n.

En la exposici¨®n de motivos del decreto citado se justifica la creaci¨®n de un Ministerio de Sanidad y Consumo en la ?atenci¨®n preferente? que merecen los problemas de la sanidad y, en los ?aspectos estrechamente relacionados con la protecci¨®n de los consumidores? que presenta la defensa de la salud, ?en su dimensi¨®n pol¨ªtica y, administrativa?. Para el cambio de denominaci¨®n del Ministerio de Agricultura y Pesca, el Gobierno recuerda que entre las medidas aprobadas el pasado 17 de septiembre por el Corigreso de los Diputados -Pleno de la colza- figuraba la propuesta de creaci¨®n de un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n, por lo que se procede ahora al cambio de denominaci¨®n para ?el pr¨®ximo cumplimiento de esta medida?.

Al margen de estas invocaciones pol¨ªticas, administrativas y parlamentarias, el Gobierno se acoge jur¨ªdicamente a la autorizaci¨®n conferida por el Decreto-ley 18/ 1976, de 8 de octubre, en cuyo art¨ªculo 26 se dice textualmente: ?Con objeto de obtener una mayor econom¨ªa en los gastos p¨²blicos y, una mayor eficacia en la gesti¨®n de los servicios, el Gobierno, a propuesta de su presidente, podr¨¢ acordar la supresi¨®n, refundici¨®n o reestructuraci¨®n de los departamentos ministeriales (...)?.

El decreto-ley de Osorio

El mencionado decreto-ley, sobre ordenaci¨®n y medidas economicas, dictado por el primer Gobierno Su¨¢rez siendo vicepresidente Alfonso Osorio, ten¨ªa como objetivo primordial reducir la inflaci¨®n. dada la situaci¨®n econ¨®mica que atravesaba nuestro pa¨ªs. En este marco, se autorizaba al Gobierno a realizar los cambios administrativos que fueran encaminados a reducir gasto p¨²blico. Los Gobiernos de Su¨¢rez hicieron uso qeneroso de esta facultad, mientras que la reforma administrativa no entraba en el Parlamento.Tanto la legislaci¨®n preconstitucional como la Constituci¨®n de 1978 exigen una ley para el establecimiento de la estructura del Gobierno.