Los valores constitucionales

EL DISCURSO del presidente del Congreso en la sesi¨®n de las Cortes Generales para conmemorar el tercer aniversario de la Constituci¨®n ha tenido, adem¨¢s de rigor conceptual y densidad te¨®rica, esas cualidades de dignidad, firmeza y valent¨ªa que los espa?oles necesitan ver en sus representantes y gobernantes. En el caso de que la renuncia de Landelino Lavilla a seguir participando en las luchas intestinas de UCD hubiera tenido como principal motivo su deseo de estar a la altura de sus responsabilidades como presidente de la C¨¢mara baja, habr¨ªa que reconocer que su decisi¨®n ha sido plenamente acertada. En unos momentos en que resulta cada vez m¨¢s dif¨ªcil trazar las fronteras entre la ultraderecha golpista y algunos sectores democristianos herederos de la tradici¨®n colaboracionista de la Santa Casa con el anterior r¨¦gimen, la resuelta defensa de la Constituci¨®n por el presidente del Congreso, en su d¨ªa dirigente de la Asociaci¨®n Cat¨®lica Nacional de. Propagandistas y presidente de La Editorial Cat¨®lica, debe ser elogiada y valorada en lo que merece.Landelino Lavilla, ministro de Justicia desde julio de 1976 a marzo de 1979, y diputado a las Cortes constituyentes, tiene la autoridad de su propia experiencia para resumir las notas esenciales del texto refrendado el 6 de diciembre de 1978. El prop¨®sito de los diputados y senadores que aprobaron la Constituci¨®n fue marcar el sendero para la pac¨ªfica convivencia entre los espa?oles y para que Espa?a no fuera "nunca m¨¢s objeto de litigio entre quienes, dogm¨¢ticos e intolerantes, no saben afirmar sus ideas sin arrasar violentamente las ajenas". Mientras el esp¨ªritu de enfrentamiento que anim¨® anteriores textos constitucionales los conden¨® a una r¨¢pida caducidad, el esp¨ªritu de entendimiento del proyecto de 108, acogido al principio supremo de que "no hay vencedores ni vencidos", debe asegurar su permanencia y estabilidad.

La Constituci¨®n es, adem¨¢s de marco de referencia program¨¢tico, la principal norma de nuestro ordenamiento jur¨ªdico, esto es, la consagraci¨®n formal de "un conjunto de valores que han de hacerse realidad en las leyes y en el comportamiento diario de las instituciones y de los ciudadanos". En este sentido, s¨®lo cuando la democracia llegue a convertirse en estilo de vida y los h¨¢bitos de tolerancia, respeto y comprensi¨®n constituyan el tejido de nuestra convivencia cotidiana podr¨¢ decirse que la Monarqu¨ªa parlamentaria ha quedado definitivamente asentada en nuestro suelo. Como ha se?alado el presidente del Congreso, la transformaci¨®n de los valores constitucionales en creencias sociales exige un per¨ªodo mucho m¨¢s largo que los tres a?os transcurridos desde el refer¨¦ndum del 6 de diciembre de 1978. Sin embargo, se ha puesto en marcha esa "din¨¢mica irreversible propia del r¨¦gimen constitucional", que condena de antemano al fracaso cualquier intento de "mutilar los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas en Espa?a". Porque una conjura involucionista ir¨ªa contra el sentido de la historia y contra la voluntad popular, y "ser¨ªa, por lo mismo, rigurosamente in¨²til". Fuera de los valores constitucionales "no hay sino barbarie y regresi¨®n". Y "cualquier pretensi¨®n de imponer el dogma, silenciar la discrepancia, trabar la libertad de expresi¨®n, cercenar el derecho de asociaci¨®n pol¨ªtica o desnaturalizar de nuevo las organizaciones sindicales", resultar¨ªa, a plazo m¨¢s o menos corto, est¨¦ril.

Y, sin embargo, en nuestro pa¨ªs no faltan "personas incapaces de aprender las lecciones de la historia y de entender los signos de los tiempos" que pretenden subvertir, desde la ultraizquierda y la ultraderecha, una Constituci¨®n que persigue como meta "no la gloria del Estado, sino la libertad de los ciudadanos". Hay, en verdad, "demasiadas p¨¢ginas de nuestra historia escritas con sangre de hermanos o con oscuras tintas de odio y rencor" como para bajar la guardia ante los terroristas o frente a quienes se proponen "secuestrar la voluntad del pueblo entero, arrog¨¢ndose su representaci¨®n y erigi¨¦ndose en voceros excluyentes de los m¨¢s entra?ables valores de Espa?a". Como bien ha subrayado el presidente del Congreso, el pueblo espa?ol "no puede tolerar que grupos o personas, por la fuerza de las armas, por la invocaci¨®n de valores audazmente secuestrados o por fanatismo suicida, suplanten su propia voluntad y se erijan, con presunci¨®n, en jueces y ¨¢rbitros pol¨ªticos".

Porque es el pueblo espa?ol el ¨²nico juez de sus representantes y el ¨²nico que arbitra renovando o retirando su representaci¨®n.

El excelente discurso de Landelino Lavilla, sin embargo, no puede quedar en simple gesto de dignidad o en abstracta formulaci¨®n program¨¢tica. Las Cortes Generales, que aplaudieron con fuerza sus palabras, tampoco deber¨ªan atrincherarse defensivamente tras la obra ya realizada, sino esforzarse por desarrollar los mandatos constitucionales pendientes y controlar la acci¨®n del Gobierno. La normalidad de la vida espa?ola no puede construirse a base de proclamaciones bienintencionadas y entusiastas, como las expresadas por el presidente del Gobierno el pasado viernes ante un centenar de periodistas, sino con la firme voluntad pol¨ªtica de regular la convivencia ciudadana exclusivamente mediante las normas democr¨¢ticas, sin concesi¨®n alguna a quienes carecen de representaci¨®n popular.

Esa actitud exige un estudio a fondo de nuestra Constituci¨®n y un sincero examen de conciencia, nunca hipotecado por amenazas y bravuconer¨ªas, sobre los defectos y las carencias en su aplicaci¨®n y desarrollo. El Parlamento no puede quedar semiparalizado hasta las pr¨®ximas elecciones generales por culpa de la mermada y dividida minor¨ªa sobre la que se asienta el Gobierno. Se precisa un C¨®digo Penal y un C¨®digo de Justicia Militar plenamente acordes con la Constituci¨®n. La modernizaci¨®n de la sociedad y la adaptaci¨®n del ordenamiento jur¨ªdico a los principios constitucionales exigen, tambi¨¦n, una labor legislativa que se ocupe de la administraci¨®n de la justicia, el sistema electoral, la autonom¨ªa universitaria, el r¨¦gimen local, el Tribunal de Cuentas, la sanidad, etc¨¦tera. Este es el ¨²nico camino para que la instituci¨®n parlamentaria fortalezca sus v¨ªnculos con la sociedad espa?ola, cumpla su alta funci¨®n representativa y pueda exigir al poder ejecutivo la aplicaci¨®n, sin claudicaciones y sin complejos, de la legalidad nacida de la Constituci¨®n de 1978.