Presuntas irregularidades en C¨¢ceres

Le ruego que publique mi carta porque con ella pretendo denunciar, ante usted y los lectores de su peri¨®dico, la burda manipulaci¨®n que de unos hechos hace el se?or Rivera (v¨¦ase EL PAIS de 2 de febrero de 1982), al dar como ciertas presuntas irregularidades en la marcha administrativa y financiera de la Diputaci¨®n Provincial de C¨¢ceres, e ignorar, conscientemente, que con fecha posterior a las preguntas que el se?or Cano Pinto hiciera al Gobierno, pero anterior a la informaci¨®n del se?or Rivera, esta Diputaci¨®n hab¨ªa presentado ante la opini¨®n p¨²blica y en el transcurso de un Pleno la m¨¢s completa informaci¨®n de sus actuaciones.Los hechos, desvirtuados conscientemente por el informante, son los siguientes:

1. Las obras contratadas por decreto presidencial, como el informador las llama, alcanzan apenas la modesta cifra de 9,9 millones de pesetas, muy lejos de la de 4.000 que el se?or Rivera, y no por error, me atribuye. Dichas obras han sido adjudicadas directamente por la Presidencia en virtud de lo dispuesto por el art¨ªculo 117, n¨²mero 4, de la ley de R¨¦gimen Local.

Asimismo, las contratadas directamente por la Diputaci¨®n Provincial en 1979, 1980 y 1981 alcanzan la cifra de 1.789 millones de pesetas (Cu¨¢n distante de los 4.000!). Todas ellas vienen declaradas de urgencia en virtud de la normativa de planes provinciales y la contrataci¨®n directa se acord¨® en el Pleno de la Corporaci¨®n -donde hay seis diputados socialistas- por unanimidad. En la posterior mesa de contrataci¨®n no ha figurado jam¨¢s el presidente, ya que la misma estaba constituida

por dos diputados de UCD y uno del PSOE, am¨¦n del personal t¨¦cnico, y las obras fueron adjudicadas a las empresas licitadoras que ofrec¨ªan mejores condiciones. Esto lo sabe el se?or Rivera y lo oculta.

Tambi¨¦n oculta que obras por valor de 1. 190 millones de pesetas, de planes provinciales, han sido adjudicadas por los municipios -muchos de ellos socialistas- previa encomienda y por la v¨ªa de la contrataci¨®n directa. Y que la contrataci¨®n directa es un m¨¦todo legal, y tan usual en los planes provinciales, que una orden del Ministerio de la Presidencia del 12 de noviembre de 1981 ha potenciado la misma, elevando el l¨ªmite m¨¢ximo hasta cincuenta millones de pesetas. Por otro lado, la contrataci¨®n directa no presupone la arbitraria adjudicaci¨®n de las obras.

2. El cr¨¦dito de la Caja de Ahorros a que hace referencia la informaci¨®n es el acordado y convenido por el Ministerio de Hacienda y la Confederaci¨®n de Cajas de Ahorros para compensar el d¨¦ficit de ingresos de las Diputaciones en el a?o 1980. Y son tan legales, el cr¨¦dito y los intereses, que la fijaci¨®n del tipo es fruto del acuerdo, que el pago de los intereses figura en los Presupuestos del Estado recientemente aprobados y que su amortizaci¨®n se har¨¢ con cargo a los mismos. Lo que quiere decirque este cr¨¦dito no constituye carga financiera alguna para la Diputaci¨®n ni tiene que ver con los planes de inversiones. Esto tambi¨¦n lo sabe el informador, y adem¨¢s de ocultarlo lo deforma.3. Todas las compras que ha realizado la Diputaci¨®n de C¨¢ceres se han hecho por acuerdo previo y un¨¢nime del Pleno y nunca por decreto presidencial y se han realizado conforme a la m¨¢s estricta legalidad, seg¨²n se demostr¨® con los certificados de Secretar¨ªa, Intervenci¨®n y Depositar¨ªa -veedores de la legalidad- que se hicieron p¨²blicos. (Que conste que entre las compras no figura finca alguna que linde con propiedades de mi suegro.)4. La asignaci¨®n para gastos de representaci¨®n de la presidencia no es de 200.000 pesetas mensuales, seg¨²n se dice en la referida informaci¨®n, sino de 75.000. Y los gastos de la presidencia en viajes, restaurantes, etc¨¦tera han sido en el conjunto de los tres a?os de gesti¨®n presidencial de 1,33 millones de pesetas, y esto, sobre un presupuesto de gesti¨®n de 5.515 millones, supone el 0,0241 %.5. La acusaci¨®n de irregularidades en los tribunales de oposici¨®n, como el resto del escrito, desconoce u oculta la legislaci¨®n vigente. Y coincide sospechosamente con las denuncias de una persona que viene ejerciendo de forma sistem¨¢tica esta actividad en los ¨²ltimos a?os y frente a diversos presidentes de la Diputaci¨®n. Esta persona, funcionario de la casa, ha sido objeto efectivamente de expediente administrativo, tramitado e instruido por un funcionario t¨¦cnico ajeno a la Diputaci¨®n, quien ha estimado falta grave en los escritos de dicho funcionario "ha motivado una sanci¨®n de ocho meses de suspensi¨®n de empleo y sueldo por el primer expediente, sin perjuicio de lo que ocurra con los dem¨¢s expedientes administrativos y judiciales que est¨¢n en tr¨¢mite./