La ¨²nica manera

HAY OCASIONES en las que atinar en un diagn¨®stico o acertar en una predicci¨®n produce m¨¢s disgusto que complacencia. Los incidentes ocurridos en el d¨ªa de ayer -precisamente la fecha del aniversario del 23-F- en la sala donde se juzga a los implicados en el golpe de Estado frustrado no hacen sino confirmar los riesgos que rodean la ceIebraci¨®n de la vista oral y las amenazas que se ciernen incluso sobre su conclusi¨®n. Las propuestas, a las que este peri¨®dico se sum¨® p¨²blicamente en v¨ªsperas del comienzo del juicio, para que toda la Prensa que apoye la legilidad constitucional negociara un acuerdo voluntario y p¨²blico sobre los criterios generales de tratamiento informativo de la vista fueron lo mismo deso¨ªdas por la candidez de alg¨²n peri¨®dico que tergiversadas por la malicia de otros; y no se trataba precisamente de los ¨®rganos m¨¢s lejanos del sentir y de los dictados del Gobierno, si es que van quedando diarios de ese g¨¦nero. El fracaso de esa tentativa de acuerdo facilita ahora los pre textos de quienes tratan de suspender el juicio. Se halla fuera de toda duda que quienes se proponen entorpecer el normal desarrollo del proceso del 23 de febrero siempre encontrar¨¢n subterfugios, por absurdos que resulten, y esgrimir¨¢n mil disculpas, por descabelladas que sean, para alegar la indefensi¨®n de los procesados o provocar tensiones y crispaciones dentro y fuera de la sala. Ayer le correspondi¨® el turno a la Prensa, y ma?ana puede tocarle la china a la clase pol¨ªtica. Creemos, sin embargo, que hubiera sido preferible dificultarles esa labor, con independencia de su previa voluntad de crear artificiosos incidentes, mediante una concertaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n democr¨¢ticos, encaminada a la vez a facilitar a los lectores toda la informaci¨®n Fidedigna disponible, a mantener un clima de serenidad en la sociedad espa?ola y a presentar una imagen internamente coherente de la Prensa constitucionalista -agredida en su conjunto por el manifiesto de los cien hace poco m¨¢s de dos meses-; respetando por lo dem¨¢s las pecullaridades y la individualidad de cada medio, cuyos profesionales, y no los funcionarios del Gobierno, saldr¨ªan fiadores de la honestidad informativa en torno al caso.Esto no se hizo, y es una l¨¢stima, porque ahora la solidaridad se busca leg¨ªtimamente desde la agresi¨®n que ha sufrido la libertad de informar, pero tambi¨¦n desde la inc¨®moda sensaci¨®n de que quienes pretenden subvertir y derribar el r¨¦gimen de libertades operan con mayor astucia y conjuncion que muchos de los que enfatizan proclamas sobre la propia libertad mientras ponen en juego la de todos. A este respecto no est¨¢ de m¨¢s se?alar que la frivolidad no est¨¢ prohibida por las leyes y es quiz¨¢ hasta un derecho. La extensi¨®n de la frivolidad, sin embargo, hace pel¨ªgrar las leyes mismas cuando sectores violentos o subversivos instrumentan sobre la frivolidad ajena e inoperante la propia y criminal. Estas cosas se sab¨ªan de antemano, y es lamentable tener que recordarlas ahora.

Por lo dem¨¢s, la suspensi¨®n durante unas horas del juicio oral que se celebra en el Servicio Geogr¨¢fico del Ej¨¦rcito, provocada por la unilateral decisi¨®n de los procesados y de sus letrados de no comparecer en la sala como protesta por una informaci¨®n aparecida en nuestro colega Diario 16, sirve para ilustrar las bien conocidas diferencias, de hecho y de derecho, que existen entre la jurisdicci¨®n ordinaria, encomendada al poder judicial en el estricto sentido que el ordenamiento constitucional confiere al t¨¦rmino, y los tribunales militares, que someten a la potestad disciplinaria y sancionadora de sus compa?eros de armas a los hombres de la milicia incursos en presuntos delitos. Un tribunal ordinario hubiera, posiblemente, requerido a la fuerza p¨²blica para conducir a los procesados hasta la sala, y la vista habr¨ªa proseguido, aun sin su presencia, en el caso de resistirse a cumplir esas ¨®rdenes. El presidente del tribunal militar, con probable buen sentido pol¨ªtico, evit¨® que un teniente general, dos generales de divisi¨®n y una treintena de jefes y oficiales fueran conducidos, esposados, ante su presencia. No cabe duda de que el tribunal en este caso ha tratado de actuar con cautela para que el juicio no fuera suspendido. Ahora se ve que no es mentira ni dramatismo in¨²til se?alar que del desarrollo y conclusi¨®n de la vista pende la estabilidad pol¨ªtica de este pa¨ªs y la normalidad democr¨¢tica que comporta la sumisi¨®n del poder militar al civil. Pero por lo mismo, la decisi¨®n de expulsar de la sala al director de Diario 16 resulta de todo punto injustificada, y si no es rectificada de inmediato puede augurarse, sin mucha dificultad, que d¨ªas m¨¢s penosos nos aguardan ante la nueva sensaci¨®n, no menos inc¨®moda que las anteriores, de que la voluntad de los acusados de grav¨ªsimos delitos se impone sobre toda l¨®gica y ense?orea la propia sala del juicio.

Porque el representante de Diario 16, su director en este caso, no hab¨ªa alterado con su comportamiento en la sala la celebraci¨®n de la vista y, por tanto, siendo un hecho ajeno a la misma lo que provocaba la airada petici¨®n de los defensores, no exist¨ªan motivos procesales que justificaran su expulsi¨®n. Solo la prudencia pol¨ªtica que se le supone al presidente del tribunal nos impedir¨¢ decir que se ha cometido una arbitrariedad. El pretexto esgrimido por los procesados y sus letrados no se tiene en pie, ya que la noticia publicada por Diario 16, aunque relacionada con el asalto al palacio del Congreso, para nada interfiere la actuaci¨®n del tribunal, que s¨®lo coirioce los hechos acreditados en el sumario y no va a dictar su sentencia m¨¢s que sobre los resultandos de tales acontecimientos debidamente probados. El capit¨¢n Alvarez Arenas, por su lado, tiene a su disposici¨®n las correspondientes acclones penales para querellarse por presuntas calumnias contra quien desee, como ya ha intentado sin ¨¦xito el teniente coronel Tejero, sin que la defensa de su comportamiento y la protesta contra un periodista deban adoptar la peregrina forma de arrastrar a sus compa?eros de sumario a un plante colectivo para detener, aunque s¨®lo sea por unas horas, la comparecencia a juicio.

La prioridad de los actuales momentos es que el juicio se celebre, que ning¨²n acontecimiento exterior o interior lo interrumpa y que el tribunal militar dicte sentencias justas. La sociedad espa?ola y la Monarqu¨ªa parlamentaria s¨®lo podr¨¢n instalarse en la normalidad despu¨¦s de que el juicio del 23-F haya sido cerrado con una sentencia firme. Ser¨ªa un crimen de lesa patria que la torpeza de unos y la malicia de otros contribuyeran a arrastrar interminablemente un proceso por rebeli¨®n militar, cuya conclusi¨®n, durante el anterior r¨¦gimen, hubiera sido cuesti¨®n de d¨ªas, y con la pena de muerte incluida en, los c¨®digos. La tesis de que no s¨®lo los sectores golpistas, sino tambi¨¦n algunos aprovechados del partido del Gobierno, tratan de alargar esta historia con objetivos electorales debe ser refutada.

En este convencimiento sobre la necesidad urgente de juzgar y castigar a los culpables se basa la decisi¨®n de EL PAIS de seguir informando sobre la vista, cuyo principio de publicidad se ver¨ªa, no obstante, gravemente da?ado si se aplicara una selectividad casu¨ªstica y fundamentada nada m¨¢s que en la protesta de quienes agredieron a tiros la legalidad constitucional. Hay una manera, y nos tememos que una sola, de solucionar lo que interpretamos como una decisi¨®n inaceptable en el terreno jur¨ªdico, aunque estuviera sin duda dest¨ªnada a evitar miles mayores. Y esta manera es la devoluci¨®n inmediata de las credenciales al director de Diario 16 para que se reincorpore a sus tareas como informador en el proceso. Porque no son los periodistas, sino los encausados, quienes est¨¢n compareciendo en juicio; y no son los procesados o sus letrados, sino los miembros del tribunal, los encargados de hacer guardar sala a los periodistas, famillares, observadores y curiosos que asisten a esta audiencia p¨²blica.

Que el juicio se vea y que se vea en condiciones son dos exigencias m¨ªnimas a las que tiene derecho este pa¨ªs, cuyo cuerpo social se ha visto agredido tan brutalmente por el golpismo. Ya sab¨ªamos que no iba a ser f¨¢cil ni grato. No nos dediquemos, por acumulaci¨®n de errores o de debilidades, a hacerlo imposible.