Presur y la demagogia industrial

UN MAYOR desarrollo industrial es esencial para impulsar nuestro crecimiento econ¨®mico, aumentar el empleo y promover el desarrollo regional. Ahora bien, la escasez de capital para invertir en la industria implica la necesidad de elegir cuidadosamente los proyectos, de manera tal que su rentabilidad permita la recuperaci¨®n de los capitales invertidos y garantice el empleo y la prosperidad de cada regi¨®n. Dilapidar el ahorro de la sociedad con el prop¨®sito de proporcionar pan para hoy y hambre para ma?ana no puede ser nunca una pol¨ªtica moralmente adecuada y entronca de lleno con la simple demagogia. Por desgracia, tambi¨¦n en este terreno las consideraciones electoralistas prevalecen a menudo sobre la sensatez y la firmeza de los gobernantes.En el caso de Presur o Presursa (instalaci¨®n de una f¨¢brica de pellets y otra de prerreducidos de mineral de hierro) las razones electorales y emocionales en pro de su creaci¨®n son evidentes. La defensa del proyecto se ha justificado con diferentes argumentos: ser¨ªa el ¨²ltimo tren de la esperanza industrial para una zona pobre de Extremadura y Andaluc¨ªa, constituir¨ªa una compensaci¨®n a pagar por las nucleares extreme?as, cumplir¨ªa los compromisos program¨¢ticos de UCD respecto a Extremadura, supondr¨ªa un aporte adicional de minerales de hierro en forma de prerreducidos para sustituir chatarra o de pellets que reducir¨ªan las importaciones de mineral y ayudar¨ªan al crecimiento de nuestra siderurgia. Esta ha sido la l¨ªnea de defensa de P¨¦rez de Bricio -cuyas connotaciones pol¨ªticas y su entronque con el mundo de los grandes intereses financieros no deben ser despreciados- y del Ministerio de Industria. Pero, sobre todo, la tentaci¨®n de ceder a la demagogia y de dar por buenos razonamientos averiados se agrava con la proximidad de las elecciones andaluzas.

El senador del PSOE Antonio Garc¨ªa Correa, pol¨ªtico cori¨¢ceo y con sentido de la oportunidad, piensa, por su parte, que esta es una ocasi¨®n de oro para combatir al Gobierno, al que tiene cogido a ra¨ªz de una declaraci¨®n en Televisi¨®n Espa?ola del presidente Calvo Sotelo ratificando la realizaci¨®n del proyecto, cuya r¨¢pida puesta en marcha requieren los mineros extreme?os y algunos alcaldes socialistas con tintes de dramatismo nada fingido. Sin embargo, no cabe olvidar que el presidente del Gobierno pronunci¨® aquellas palabras cuando a¨²n no se conoc¨ªa el informe desfavorable de Chevron sobre las supuestas reservas de gas en la bah¨ªa de C¨¢diz, dato que de alg¨²n modo var¨ªa el planteamiento de todo el asunto. Pero Garc¨ªa Correa sabe que el eslogan UCD cumple va a sufrir una p¨¦rdida de credibilidad si el Presidente del Gobierno no mantiene su palabra, aunque s¨®lo sea para acometer la planta de pellets, olvidando la de prerreducidos. Har¨ªa falta mucho coraje por parte de Calvo Sotelo para desdecirse ahora, si bien tendr¨ªa a su favor argumentos tan poderosos como que la viabilidad del proyecto puede ser escasa o nula y que el pa¨ªs no puede pagarse el lujo de cumplir una promesa equivocada.

Desde el famoso oro de El Escorial, en pleno siglo XX, el hambre de prosperidad de un pueblo pobre ha sido alimentado desde las alturas a base de anuncios fant¨¢sticos, como el gas de Jaca y el de la bah¨ªa de C¨¢diz. Anuncios tanto m¨¢s cre¨ªbles para el pueblo cuando el heraldo es a la vez diputado por Badajoz y presidente de Campsa. Una vez desencadenado el mecanismo creador de espejismos, la l¨®gica lleva a exigir su realizaci¨®n con encierros en las minas o reivindicaciones leg¨ªtimas de alcaldes defraudados.

Mientras tanto, los Presupuestos Generales del Estado acumulan d¨¦ficit y la actividad industrial permanece estacionaria, en parte porque las necesidades de financiaci¨®n del sector p¨²blico empujan hacia arriba los tipos de inter¨¦s y desaniman los proyectos de inversi¨®n privada no subvencionados. En el caso de la pol¨¦mica planta de pellets, la creaci¨®n de setecientos puestos de trabajo requerir¨ªa una inversi¨®n de 16.000 millones de pesetas, es decir, 22,8 millones por empleo. La inversi¨®n no se realizar¨ªa adem¨¢s a cuerpo limpio, en virtud de la rentabilidad esperada del proyecto, sino a golpe de decreto, metiendo al INI, contra su voluntad, en la sociedad y a base de subvenciones, cr¨¦ditos oficiales y otros cr¨¦ditos ordinarios avalados tambi¨¦n por el Estado. Por otra parte, Ensidesa, que ser¨ªa la empresa destinataria de los pellets, ver¨ªa encarecerse su materia prima, pues los precios previsibles de la factor¨ªa extreme?a superan los que actualmente existen en el mercado, lo que le supondr¨ªa un coste adicional de 1.600 millones de pesetas al a?o.

Muchos se preguntar¨¢n, con toda la raz¨®n, c¨®mo un proyecto tan caro y de tan dudosa rentabilidad tiene padrinos en el partido del Gobierno. La respuesta es f¨¢cil: hay quien intenta conseguir votos y quien pretende ganar dinero. La inversi¨®n en bienes de equipo que se proyecta arrancar a base de la utilizaci¨®n demag¨®gica de leg¨ªtimas reivindicaciones populares podr¨ªa hacer rico a m¨¢s de uno. El dinero, por lo dem¨¢s, saldr¨ªa del bolsillo de todos los espa?oles en tanto que contribuyentes. De esta forma, el modelo de enriquecimiento protegido t¨ªpico del franquismo seguir¨ªa funcionando en todo su esplendor. Esta vez, eso s¨ª, con la anuencia y el apoyo de sindicatos y senadores de izquierda. Espa?a es todav¨ªa un pa¨ªs que necesita industrializarse. Esta exigencia obliga a no desperdiciar los recursos mediante el procedimiento de asignarlos a proyectos cuya ¨²nica posibilidad de supervivencia residir¨ªa en las subvenciones y las ayudas. Pero si, por razones electorales, se continuara por la senda del despilfarro, el ¨²nico futuro que aguardar¨ªa a nuestra econom¨ªa ser¨ªa la bancarrota.

El primer partido de la oposici¨®n y, sobre todo, el Gobierno y su grupo parlamentario tienen una seria responsabilidad en esta encrucijada de la pol¨ªtica industrial que el proyecto de concentrado de mineral de hierro en las sierras extreme?as plantea a nuestra econom¨ªa. Por un lado est¨¢n las justas esperanzas de quienes anhelan una vida material digna; por otro, la administraci¨®n razonable de los recursos del Estado y de sus ciudadanos. Pero el dilema no es tan dram¨¢tico: si el proyecto -como parece- no fuera rentable, siempre podr¨ªa buscarse una soluci¨®n para garantizar los 250 puestos actuales de trabajo en litigio y para la creaci¨®n de otros nuevos mediante sistemas menos onerosos y m¨¢s rentables.