Yo disiento

El 23 de febrero de 1981, mientras el Gobierno de la naci¨®n y los representantes de? pueblo espa?ol se encontraban reunidos para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno, un reducido grupo de jefes y oficiales de la Guardia Civil asaltaron con las armas en la mano la sede de la representaci¨®n nacional, secuestraron, bajo amenaza de muerte, a los miembros del Gobierno y del Parlamento durante cerca de dieciocho horas e intentaron subvertir el orden democr¨¢tico establecido en la Constituci¨®n que el pueblo espa?ol, con la sanci¨®n del Rey, se ha dado a s¨ª mismo.Son de sobra conocidos los autores de estos delitos. Enjuiciados por la jurisdicci¨®n militar, han sido sometidos a un proceso que han aprovechado, en numerosas ocasiones, como plataforma de propaganda pol¨ªtica, difundiendo falsedades que enturbian la clara actuaci¨®n del Rey y exponiendo, con desprecio al tribunal militar que les ha encausado, ideas contrarias a la democracia y a la Constituci¨®n.

Ante las sentencias dictadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del respeto que tal instituci¨®n me ha merecido siempre, me veo obligado en conciencia a manifestar mi opini¨®n pol¨ªtica en las siguientes, consideraciones:

Entiendo que las sentencias no protegen de manera suficiente los derechos del pueblo espa?ol. El rigor no consiste en concentrar las responsabilidades, sino en castigar adecuadamente a todos los culpables. La ejemplaridad no se produce si quedan sin castigar comportamientos intolerables. La justicia penal tambi¨¦n debe ser disuasoria, y no se disuade a los que puedan participar en una rebeli¨®n militar si se personalizan las penas en los promotores y se libra a quienes las secundan y act¨²an fuera de la ley. Nunca puede ser aceptable que quede un amplio margen de irresponsabilidad para quienes intervienen en un golpe de Estado y con su actuaci¨®n provocan amenazas que ponen en crisis la democracia en Espa?a.

Porque la crisis de la democracia implica necesariamente la crisis de todas las instituciones espa?olas -la Corona, el Parlamento, el Gobierno, las Fuerzas Armadas, los partidos pol¨ªticos, la Administraci¨®n y los mismos tribunales de justicia-, que s¨®lo en el orden democr¨¢tico que el pueblo espa?ol, en el ejercicio leg¨ªtimo de su soberan¨ªa, se ha dado a s¨ª mismo encuentra su verdadero sentido y fundamento.

Pienso que una crisis de este tipo abrir¨ªa paso al miedo como factor determinante de la pol¨ªtica espa?ola. Alguna vez se?al¨¦ que s¨®lo hab¨ªa que tener miedo al miedo mismo. No hay libertad bajo el miedo, no hay derechos ciudadanos bajo el miedo, no se puede gobernar bajo el miedo. En un ambiente de temor continuo a un nuevo y posible golpe, se confunden los ideales comunes con los intereses de los grupos, se usurpan las representaciones m¨¢s leg¨ªtimas y se hace imposible la libre expresi¨®n de la voluntad popular y, con ello, la paz y la concordia de todos los espa?oles.

Creo que el miedo traer¨ªa consigo la involuci¨®n de la vida espa?ola. Con la involuci¨®n viene el separatismo institucional, que implica que los que son s¨®lo elementos de un todo arm¨®nico pretenden constituirse como un todo, con desprecio a la mayor¨ªa, e imponen una especie de presi¨®n institucional, cuyas consecuencias la historia por desgracia nos ha mostrado.

Desde mi profundo respeto a la instituci¨®n militar, creo que la terminaci¨®n del proceso por los hechos del 23 de febrero tiene que dejar limpia y clara ante la opini¨®n p¨²blica la actitud de las Fuerzas Armadas, a las que todos los ciudadanos hemos concedido como instituci¨®n el privilegio extraordinario de usar armas para guardar y hacer guardar el orden constitucional, y que realmente as¨ª lo han hecho durante toda la transici¨®n y en plena democracia, con excepciones como la del reducido grupo de asaltantes al Congreso.

Por eso es natural que la lectura de la sentencia produzca desasosiego entre quienes padecimos la violencia golpista y entre todos los dem¨®cratas del pa¨ªs y aun del mundo entero. Son muchos los puntos concretos que merecen un comentario pormenorizado. Pero, aun a riesgo de simplicidad, quisiera concentrar mi atenci¨®n en uno de estos puntos: la absoluci¨®n de algunos oficiales que ejercieron violencia f¨ªsica contra los representantes del pueblo y actuaron con sus armas en contra del poder civil, encarnado en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados.

No parece admisible, por tanto, que, por lo que: respecta espec¨ªficamente a los tenientes de la Guardia Civil procesados, se haga jugar, de alg¨²n modo, la eximente de obediencia debida, aduciendo "que su error no resultaba vencible en sus circunstancias" y que "Ios acontecimientos de la noche del 23 y madrugada del 24 de febrero presentaron apariencias suficientemente confusas y expectantes para hacer dudar, incluso a mandos muy superiores, de las decisiones a tomar, y por ello a dilatar su adopci¨®n en espera de que la situaci¨®n apareciese como clara y resueltamente decidida". La situaci¨®n estaba ya decidida por la Constituci¨®n y estaba decidida por el Rey. La actitud del Rey hizo imposible que jugara este enga?o y, por otra parte, no parece l¨®gico que los tenientes de la Guardia Civil, que deben conocer la Constituci¨®n y el C¨®digo de Justicia Militar, puedan caer en un enga?o de este tipo. Resulta evidente que el Rey no puede realizar indicaciones contrarias a la propia Constituci¨®n, que es la norma que establece las competencias de la Corona.

Es preciso dejar muy claro que en Espa?a no existe un poder civil y un poder militar. El poder es s¨®lo civil. Atentar contra este hecho es subvertir el orden institucional, hacer prevalecer la fuerza contra la legitimidad, tratar de usurpar la jerarqu¨ªa c¨ªvica en aras de una presunta disciplina que se podr¨ªa ejercer contra los supremos intereses del pueblo.

Frente a esto no pueden tener ¨¦xito las falsedades y las insidias propagadas durante el proceso y que la propia sentencia hace bien en rechazar de supuestos deseos del Rey. Como tampoco cabr¨ªa admitir la peregrina idea de una uni¨®n directa, exclusiva y excluyente, entre las Fuerzas Armadas y el Rey, que no tiene otro objetivo que colocar al propio Rey y a la misma instituci¨®n militar al margen de su instancia legitimadora: el pueblo espa?ol.