Hinckley, un negocio para los psiquiatras

El 30 de marzo de 1981, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y tres person¨¢s de su s¨¦quito eran abatidos a balazos en plena calle. El autor de los disparos era un joven de veinticinco a?os, hijo de una familia acomodada, antiguo afiliado al partido nazi norteamericano. Ahora, dos a?os despu¨¦s del atentado, se ve el proceso contra John Hinckley. Y tanto la acusaci¨®n como la defensa han planteado la estrategia procesal en base al posible desequilibrio mental del acusado. Una estrategia que suma ya cientos de miles de d¨®lares.

El Gobierno de los Estados Unidos y los padres de John Hinckley -el frustrado asesino del presidente Reagan, cuyo juicio comenz¨® hace casi dos meses- tendr¨¢n que pagar facturas de por lo menos 350.000 a 450.000 d¨®lares (entre 35 y 45 millones de pesetas) a los respectivos equipos de psiquiatras y otros expertos que han pasado la mayor parte del ¨²ltimo a?o investigando la mente del acusado.Los honorarios de los peritos que prestan su testimonio ante el tribunal incluyen una factura, al Gobierno, de 115.917 d¨®lares (once millones y medio de pesetas) enviada s¨®lo por uno de los psiquiatras de 33 a?os de edadrequeridos por el fiscal. La suma de los honorarios de todos los expertos no son, sin embargo, sino una parte del coste total de lo que se ha convertido en el m¨¢s largo y caro proceso, relacionado con un caso de enfermedad mental, de la historia moderna.

Ese coste total sobrepasa los dos millones de d¨®lares (doscientos millones de pesetas) si se incluyen los honorarios de los abogados de la defensa, calculados, por lo bajo, entre el medio mill¨®n y el mill¨®n de d¨®lares, y el mill¨®n largo que ha gastado el Gobierno para garantizar la seguridad de Hinckley desde que dispar¨® contra el presidente Reagan y otras tres personas el 30 de marzo de 1981. El derroche legal y m¨¦dico puesto a disposici¨®n del acusado, que cuenta ahora veintisiete a?os, se explica en parte por la riqueza de sus padres, que son millonarios, y en parte por la elecci¨®n de sus v¨ªctimas. El resultado es un dramajudicial de un parecido algo m¨¢s que pasajero con el argumento de su vida descrito por el propio Hinckley a los psiquiatras: "Una pel¨ªcula protagonizada por m¨ª", con Ronald y Nancy Reagan en los papeles secundarios y "un reparto de doctores, abogados y figurantes".

Hasta el momento, catorce m¨¦dicos han subido al estrado desde que el tribunal federal de distrito de Washington comenz¨® sus sesiones, hace ocho semanas. Entre ellos se encontraban nueve peritos que pasaron la mayor parte del mes ¨²ltimo, entrando en cada detalle de la vida del acusado, participando en sesudos debates sobre la anchura o las circunvoluciones de su cerebro y contradici¨¦ndose unos a otros sobre su capacidad o incapacidad mental en el momento de los disparos.

Tres fiscales federales y cuatro abogados bien cotizados, de la firma Willians y Connolly, de Washington, rivalizan cada d¨ªa en la sala del juicio con sus argumentos, mociones y objeciones, interrogatorios y contrainterrogatorios, reinterrogatorios y recontrainterrogatorios. Y despu¨¦s est¨¢n los figurantes, cl¨¦rigos, periodistas de tribunales, los comisarios federales con sus pistolas y auriculares. Existe incluso una c¨¢mara de video en la sala que graba los testimonios para que Hinckley pueda contemplarlos desde su celda cuando no le apetezca comparecer en la sala.

El Gobierno tendr¨¢ que pagar una factura de 311.855 d¨®lares por el equipo de tres psiquiatras y un psic¨®logo que intervinieron la semana pasada, inform¨® un portavoz del departamento de Justicia. Esa cifra incluye los 115.917 d¨®lares que deber¨¢ pagar al doctor Park Dietz, un profesor ayudante de Psiquiatr¨ªa de la Escuela M¨¦dica de Harvard que coordin e equipo, escribi¨® la mayor parte de su.informe de 628 p¨¢ginas y complet¨® cuatro d¨ªas de testimonio como principal testigo de la acusaci¨®n para refutar las alegaciones de enfermedad mental esgrimidas por la defensa de Hinckley. Dietz ha testificado que dedic¨® al Gobierno 120 horas de su tiempo.

La cifra a pagar por el Gobierno no incluye los salarios de empleados federales tales como la doctora Sally Johnson, una psiquiatra de plantilla de una instituci¨®n correcional federal de Butner (Carolina del Norte), que se entrevist¨® 57 veces con el acusado.

Aunque los tres fiscales federales son bastante menos caros que los cuatro abogados de la defensa encabezados por Vincent Fuller, la acusaci¨®n parece haber gastado mucho m¨¢s que la defensa en la batalla de los psiquiatras. Al parecer, Dietz pas¨® cientos de horas entrevistando a testigos e investigando cualquier indicio de prueba que tuviera relaci¨®n con 61 estado mental de Hinckley en el momento de los disparos.

Las minutas

Los abogados de la defensa no han revelado el total de las minutas de los seis expertos que han testificado en apoyo de la tesis de que el acusado no estaba en sus cabales en aquel momento. Calculos aproximados, basados en las facturas normales de este tipo de expertos, indican que la cifra a pagar por los Hinckley se sit¨²a entre los 50.000 y 100.000 d¨®lares. Dos de los psiquiatras de la defensa han testificado, a preguntas de los fiscales, que hab¨ªan reducido sus minutas meses antes de que el juicio comenzase el pasado 27 de abril como consecuencia del esfuerzo financiero que estaba haciendo la familia Hinckley.Expertos legales aseguran que Hinckley no habr¨ªa tenido probablemente un juicio tan pr¨®digo s¨ª su padres no fueran ricos o le, hubiesen desheredado. Sin embargo, el hecho de haber disparado contra el. Presidente ya le aseguraba un juicio federal, donde la complejidad de los casos es la norma. La naturaleza del caso le aseguraba tambi¨¦n el tipo de publicidad que, en ocasiones, mueve a prominentes abogados privados a ofrecer voluntariamente sus servicios, como ha ocurrido en otros juicios por asesinato.

Pero si Hinckley hubiese sido indigente, el Gobierno habr¨ªa ten¨ªdo que correr con el costo de una defensa sofisticada. Los acusados que son juzgados por cr¨ªmenes federales y se confiesan no culpables por razones de enfermedad mental tienen derecho, para su defensa, a ser examinados por expertos psiquiatras con cargo a los gastos del Gobierno, de acuerdo con la Criminal Justice Act.