Sobre las contrapartidas del programa FACA

TODO PARECE indicar que el pr¨®ximo Consejo de Ministros tomar¨¢ la decisi¨®n final sobre el programa Futuro Avi¨®n de Combate y Ataque (FACA), despu¨¦s de estudiar los informes de la Junta de Defensa Nacional y de la comisi¨®n asesora de armamento y material del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor del Aire. Dos factores de primera importancia disuaden de cualquier aplazamiento: los puramente defensivos o estrat¨¦gicos y los econ¨®micos.El primer escuadr¨®n del nuevo sistema F- 18 A o F 16 C no estar¨¢ operativo hasta finales de 1986, seg¨²n estiman los expertos, por lo que el Ej¨¦rcito del Aire tendr¨¢ que mantener en servicio los Phantom y los F-5 y los Mirage III m¨¢s all¨¢ de su per¨ªodo de vigencia de veinte a?os, con las repercusiones sobre costes y la reducci¨®n de su eficacia. La capacidad de la fuerza a¨¦rea espa?ola queda a partir de 1984 notablemente mermada, con el consiguiente deterioro del poder a¨¦reo, incapaz de asegurar la superioridad y ejercer una disuasi¨®n cre¨ªble sobre el espacio de soberan¨ªa y en el eje Baleares-Estrecho Canarias.

Las leyes norteamericanas bajo las cuales se regulan transacciones como las requeridas por el programa FACA exigen la aprobaci¨®n del Senado de Washington. El actual per¨ªodo de sesiones concluye el 15 de agosto, fecha en que comienzan las vacaciones. Si la decisi¨®n espa?ola no es firme a finales de julio, el contrato no podr¨¢ ahora pasar el tr¨¢mite del Senado y se perjudicar¨ªan los precios. En consecuencia, el "sino presupuesto alcanzar¨ªa para adquirir un n¨²mero a¨²n m¨¢s reducido de aviones, y si se mantuviera el contrato por el mismo n¨²mero de aparatos el presupuesto necesario habr¨ªa de sufrir un considerable aumento; es decir, en todo caso, a igualdad de eficacia aumentar¨ªan los costes.

Desde la vertiente industrial se ha criticado a veces la propensi¨®n del Ej¨¦rcito del Aire a reclamar la adquisici¨®n de los modelos de aviones m¨¢s caros y avanzados, pero el Estado Mayor, que hace m¨¢s de un a?o estaba en condiciones de haber tomado las decisiones, formula otras consideraciones en su descargo. Sus expertos afirman que fueron ellos quienes alertaron a las autoridades competentes sobre las contrapartidas industriales susceptibles de obtenerse del programa FACA. Al mismo tiempo se?alan que no es misi¨®n del Ej¨¦rcito del Aire negociar en ese terreno, y no dejan de observar que se carece de un inventario real de las posibilidades de la industria espa?ola,, y que en este campo de investigaci¨®n y desarrollo tecnol¨®gico no se han tomado las decisiones estrat¨¦gicas esclarecedoras para el futuro. Desde una racionalizaci¨®n superior otros pa¨ªses occidentales, como Canad¨¢, han optado por subvencionar el capital invertido en determinadas industrias de la defensa y dejar despu¨¦s operar las leyes del mercado en los aprovisionamientos.

La discusi¨®n de las contrapartidas industriales de cada una de las ofertas ha sido penosa por las deficiencias se?aladas y por la picaresca de las casas norteamericanas, siempre propensas a reducir a sus interlocutores al tercermundismo tecnol¨®gico y a sumar como compensaciones equiparables giras tur¨ªsticas o convenciones de empleados o vendedores a su servicio. El Ministerio de Defensa ha escrito muy recientemente a la General Dynamics y a la McDonell Douglas, encareci¨¦ndoles que mejoren sus ofertas, de modo que mejoren los precios mediante el denominado rate benefit -abaratamiento del costo unitario, como consecuencia de la ampliaci¨®n de las series de fabricaci¨®n que implica el contrato con Espa?a- y que ha obtenido del Gobierno americano una bonificaci¨®n en los costes que carga por unidad en concepto de investigaci¨®n y desarrollo (I+D) y de arrendamiento de instalaciones a las casas fabricantes. En nuestra condici¨®n de miembros de la OTAN, este sumando, que por unidad- representa 1,4 millones de d¨®lares, quedar¨¢ reducido a 877.000 d¨®lares. Algunas informaciones disponibles parecen indicar que el funcionamiento de la comisi¨®n interministerial asesora de armamento y material no ha realizado sus trabajos con la continuidad y eficiencia convenientes. Ahora que el momento de la decisi¨®n final se aproxima, es adem¨¢s obligado que el Ministerio de Defensa haga p¨²blicos los nombres de todos sus integrantes, en aras de la transparencia de un proceso que arrastra 330.000 millones de pesetas. Tambi¨¦n habr¨ªa que asegurar c¨®mo va a hacerse el seguimiento de las contrapartidas que te¨®ricamente se obtengan y c¨®mo va a poder presionarse para que su cumplimiento real se aproxime al m¨¢ximo.

Estas breves consideraciones no pueden concluir sin hacer referencia al Parlamento. El programa FACA, iniciado hace cuatro a?os con una directiva del Estado Mayor del Aire, no ha recibido la atenci¨®n parlamentaria que le deber¨ªa haber asegurado su importancia para el cumplimiento de las misiones asignadas a la fuerza a¨¦rea. Resulta incomprensible que la comodidad del Ministerio de Defensa o la insensibilidad de los parlamentarios hayan sustra¨ªdo el programa FACA al debate que merec¨ªa.