La Justicia

EN LA SERIE de art¨ªculos que EL PAIS comenz¨® a publicar ayer lunes sobre El estado de la naci¨®n, le correspondi¨® el turno en primer lugar a las realizaciones del departamento de Justicia en la primera legislatura constitucional. Vaya por delante nuestro firme convencimiento de que entre los temas pendientes y urgentes de afrontar por el Gobierno que salga de las pr¨®ximas elecciones, el de la reforma de la Administraci¨®n de Justicia, dentro de la de la administraci¨®n estatal toda, debe ocupar lugar prioritario si se quiere profundizar en el cambio que, a derecha e izquierda, tantas formaciones pol¨ªticas prometen a los electores. En efecto, de entre las muchas cosas que funcionan mal y a disgusto de los ciudadanos, las distorsiones en la administraci¨®n de la justicia han provocado una separaci¨®n del pueblo respecto a aqu¨¦lla, una creciente desconfianza y una falta de fe lamentables en un sistema, uno de cuyos pilares es y debe ser, en todo momento, el poder judicial.Si bien es cierto, como se?al¨¢bamos ayer, que la separaci¨®n e independencia efectiva de este poder respecto al legislativo y al ejecutivo constituyen un hito hist¨®rico en la transici¨®n espa?ola, la ausencia de otras reformas y acomodos legislativos ha provocado la paradoja de que mientras por una parte se le ha dotado al poder judicial de mayor independencia y solidez, por otra no se le ha expurgado de adherencias y presencias de corte antidemocr¨¢tico ni se le ha dotado de la infraestructura material necesaria para hacer frente a sus nuevas responsabilidades.

Entre las carencias legislativas cabe insistir en la ausencia de una Ley del Poder Judicial que afronte temas de indudable trascendencia, como es el propio sistema de selecci¨®n y formaci¨®n de magistrados. Pero tambi¨¦n es de prioritaria importancia la redacci¨®n y promulgaci¨®n de la ley del jurado, que permita acceder a los ciudadanos a una participaci¨®n en la administraci¨®n de justicia, y que procure as¨ª una democratizaci¨®n real de ¨¦sta. El jurado, previsto en la Constituci¨®n, merece toda clase de reticencias por parte de la burocracia judicial y pol¨ªtica, recelosa de todo lo que sea p¨¦rdida de atribuciones y poderes. Sin embargo, y de forma notable para algunos tipos de delito, su existencia ser¨¢ garant¨ªa de un mayor acercamiento de la justicia a los ciudadanos y causa de que se acreciente la confianza de ¨¦stos en aqu¨¦lla. La modernizaci¨®n de nuestras leyes procesales, incorporando a ellas el uso de los nuevos sistemas tecnol¨®gicos que permitan agilizar y abaratar la administraci¨®n de justicia, la atribuci¨®n de mayores poderes a los jueces de distrito, la desaparici¨®n progresiva de tribunales especializados o especiales -contra la que clama la existencia en sus actuales formas de la Audiencia Nacional-, la multiplicaci¨®n de los juzgados de instrucci¨®n y primera instancia, la creaci¨®n de una aut¨¦ntica polic¨ªa judicial y la dotaci¨®n material necesaria para que la justicia funcione como es debido, son puntos en el calendario de problemas urgentes que ning¨²n Gobiemo futuro puede descuidar. No obstante, han sido abandonados, ante la casi indiferencia de la oposici¨®n, por los sucesivos Ministerios de Justicia centristas, sin duda abrumados por cuestiones que supon¨ªan m¨¢s inmediatas o de menor dificultad en su realizaci¨®n, como la propia ley de divorcio o la atenci¨®n a las instituciones carcelarias.

Una reforma en regla de la administraci¨®n de justicia supondr¨ªa tambi¨¦n una lucha contra la corrupci¨®n de las astillas en los juzgados, una mejora del cumplimiento de las leyes procesales en todo aquello que sea defensa de los ciudadanos sospechosos de delito y un progresivo cambio de criterios en la fiscal¨ªa del Estado y en un amplio sector de los jueces a la hora de ejercer su funci¨®n desde presupuestos y leyes democr¨¢ticos.

Tantas veces se ha insistido en la necesidad de reformar la justicia en este pa¨ªs que parece innecesario argumentar m¨¢s el fondo de la cuesti¨®n. La sensaci¨®n primordial que los diferentes ministros ucedistas han ofrecido -desde Landelino Lavilla hasta P¨ªo Cabanillas, pasando por ??igo Cavero y Francisco Fem¨¢ndez Ord¨®?ez- es la de su impotencia para abordar con rigor y convencimiento esta tarea. La falta de agilidad del fiscal p¨²blico para perseguir delitos de nueva planta, como los relacionados con el fraude fiscal y su celeridad, en cambio, en todo aquello que se relacionara con supuestos delitos de opini¨®n o de desacato han contribuido, junto a las lagunas y defectos apuntados, a deteriorar la imagen de la justicia. La m¨¢xima que hace a todos los espa?oles iguales ante la ley debe merecer mejor atenci¨®n que en el pasado por parte del Gobiemo resultante de las el elecciones del 28 de octubre. En la seguridad de que con s¨®lo poder pasar a la historia como el gabinete que reform¨® la justicia en la Espa?a democr¨¢tica podr¨¢ pasar tambi¨¦n como un Gobierno efectivo en muchas otras ¨¢reas de la Administraci¨®n y la pol¨ªtica.