Educaci¨®n y Ciencia

TRES HAN sido los ministros que se han sucedido en la cartera de Educaci¨®n y Ciencia a lo largo de la ¨²ltima legislatura: Jos¨¦ Miguel Otero Novas, en la actualidad frustrado candidato de la coalici¨®n presidida por Manuel Fraga; Juan Antonio Ortega D¨ªaz Ambrona, a quien la ofensiva contra la LAU de su propio grupo parlamentario oblig¨® a dimitir, y Federico Mayor Zaragoza, que prefiri¨® seguir en el Gobierno antes que hacer honor a su compromiso de retirarse si dicha norma no era aprobada. Aunque en 1979 el Ministerio de Universidades qued¨® independizado del Ministerio de Educaci¨®n y confiado a Luis Gonz¨¢lez Seara, el reajuste llevado a cabo por Leopoldo Calvo Sotelo al ser designado presidente del Gobierno devolvi¨® las aguas a sus cauces tradicionales y consagr¨® la unidad del marco administrativo para todos los escalones de la educaci¨®n y de la labor investigadora. Este macrodepartamento, que ha disminuido su participaci¨®n en los Presupuestos Generales del Estado en los ¨²ltimos a?os, ha suscitado pol¨¦micas m¨¢s relacionadas con las presiones y ambiciones de grupos privados que con las cuestiones generales de inter¨¦s p¨²blico. De esta forma, la aprobaci¨®n del Estatuto de Centros, derogado parcialmente por el Tribunal Constitucional, y el boicoteo a la ley de Autonom¨ªa Universitaria aparecen como s¨ªmbolos de una pol¨ªtica m¨¢s preocupada por satisfacer demandas sectoriales que por afrontar los problemas globales de la educaci¨®n en Espa?a.En la ense?anza general b¨¢sica la controversia fundamental ha girado en torno a los porcentajes de las asignaciones presupuestarias aplicadas al sector privado, discusi¨®n que se prolonga en el debate sobre los procedimientos y requisitos id¨®neos para encauzar la ayuda p¨²blica a los centros privados y sobre el llamado ideario de los centros docentes. Las subvenciones al sector privado hab¨ªan ido creciendo firmemente a lo largo de la ¨²ltima d¨¦cada: 1.300 millones en 1973, 14.000 millones en 1976, 26.000 en 1977, 33.000 en 1978 y 38.000 en 1979. En los ¨²ltimos cuatro a?os ese ritmo se ha acelerado hasta el punto de que las ayudas han llegado, en 1982, a los 70.000 millones de pesetas. El ritmo de las inversiones en la ense?anza estatal, en cambio, ha quedado pr¨¢cticamente estancado durante el mismo per¨ªodo.

As¨ª pues, los sucesivos Gobiernos centristas no necesitaron de la ley de Centros Docentes -aprobada en 1980- ni de la ley de Financiaci¨®n de la Ense?anza Obligatoria -pendiente de tramitaci¨®n en las Cortes Generales- para alterar espectacularmente sus prioridades en el terreno de la educaci¨®n en favor del sector privado. Sin embargo, el sector empresarial de la ense?anza privada no parece conformarse con esos espectaculares incrementos y, siguiendo la t¨¢ctica de que la mejor defensa es un buen ataque, ha adoptado una l¨ªnea de acoso constante a los Presupuestos Generales del Estado. La agresividad de esos grupos de presi¨®n resulta tanto m¨¢s incomprensible cuanto que el Ministerio de Educaci¨®n, con un presupuesto global que en 1982 apenas rebas¨¦ los 500.000 millones de pesetas, tiene que hacer frente a todos los niveles de ense?anza.

El lento crecimiento de los presupuestos educativos -s¨®lo un 25% en pesetas corrientes desde 1979 a 1982- y la parte del le¨®n asignada en el reparto a la ense?anza privada pueden explicar parcialmente los escasos logros del departamento durante la legislatura en los dem¨¢s campos de su actividad. Ni la generalizaci¨®n de la ense?anza preescolar ni la escolarizaci¨®n plena de los j¨®venes entre los catorce y diecis¨¦is a?os han sido alcanzadas. Las reivindicaciones insatisfechas del profesorado han suscitado huelgas y conflictos que han ido muchas veces -como las amenazas de retener las calificaciones escolares a final de curso- en perjuicio de los derechos administrativos del alumnado y han deteriorado la imagen de la ense?anza estatal.

Aunque las quejas sobre la eficiencia del sistema educativo encuentran poderosos argumentos en los porcentajes de fracaso escolar, los sistemas de formaci¨®n y selecci¨®n del profesorado de todos los niveles contin¨²an al margen de cualquier reforma. Las t¨ªmidas modificaciones de la estructura y los contenidos de la ense?anza general b¨¢sica se han realizado a espaldas del profesorado, mientras que la formaci¨®n profesional sigue sumida en la mediocridad y la improvisaci¨®n. La reforma de la ense?anza primaria, precipitadamente realizada a lo largo de los dos ¨²ltimos a?os, pretendi¨® hacerse sobre la base de un an¨¢lisis de los fallos de la ley de Educaci¨®n; sin embargo, una buena parte de las medidas correctoras que propon¨ªa la ley de 1970 nunca llegaron a ponerse en pr¨¢ctica.

La universidad espa?ola, por su parte, se encuentra en una situaci¨®n de postraci¨®n y aton¨ªa que afecta tanto al profesorado como a los alumnos. Las esperanzas despertadas por la ley de Autonom¨ªa Universitaria quedaron frustradas, tras un largo calvario que cost¨® el ministerio a Luis Gonz¨¢lez Seara y a Juan Antonio Ortega, por la rocambolesca historia del apu?alamiento del proyecto gubernamental por un grupo de parlamentarios centristas -en su mayor¨ªa situados ahora a los flancos de Alianza Popular- que. sirvieron de eficaz veh¨ªculo transmisor al corporativismo de los catedr¨¢ticos y a los intereses de los centros de ense?anza superior eclesi¨¢sticos. La investigaci¨®n cient¨ªfica, te¨®ricamente adscrita a un departamento que incorpora la invocaci¨®n a la ciencia en su denominaci¨®n administrativa, sigue careciendo de la infraestructura material, de los est¨ªmulos personales y de la estructura organizativa propios de una sociedad industrial desarrollada.

Resulta dif¨ªcil, ante este panorama, admitir que los problemas de la educaci¨®n en Espa?a se circunscriban monotem¨¢ticamente a la parte del pastel presupuestario que debiera corresponder a los centros privados y a las universidades de la Iglesia en la distribuci¨®n de unos recursos escasos. La pol¨¦mica sobre la libertad de ense?anza ha sido sacada de quicio a lo largo de la ¨²ltima legislatura con el negativo resultado de que la defensa de unos intereses sectoriales en s¨ª mismos respetables ha paralizado la acci¨®n p¨²blica en un ¨¢rea crucial para el futuro de nuestra colectividad. La aprobaci¨®n del Estatuto de Centros y la derrota de la ley de Autonom¨ªa Universitaria s¨®lo han servido para mostrar la miop¨ªa y el ego¨ªsmo corporativo de quienes piensan menos en la expansi¨®n y mejora de la educaci¨®n espa?ola que en la manera de controlarla.