El D¨ªa de los Derechos Humanos en Espa?a

AYER SE conmemor¨®, tambi¨¦n en Espa?a, el aniversario de la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas. El art¨ªculo 10 de la Constituci¨®n ha incorporado el contenido de ese admirable documento a nuestro ordenamiento jur¨ªdico, al remitir a la Declaraci¨®n Universal para la interpretaci¨®n de "las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constituci¨®n reconoce". No se trata, as¨ª pues, de un remoto cat¨¢logo de buenos prop¨®sitos destinados a tranquilizar la mala conciencia de quienes encomiendan a otros las tareas represivas sino de un texto que sirve, en la Espa?a de 1982, para completar lagunas o despejar dudas en todo lo que se refiere a las garant¨ªas de los derechos y las libertades de los ciudadanos.La nota del Gobierno a prop¨®sito del 342 aniversario de la Declaraci¨®n Universal subraya que su articulado "sigue siendo el punto de referencia com¨²n para quienes, en cualquier parte del mundo, levantan la bandera de la dignidad, de la libertad y de la igualdad de los hombres". El comunicado tambi¨¦n afirma que el nuevo Gobierno, confirmando las palabras de Felipe Gonz¨¢lez durante el debate de investidura, "quiere renovar su firme compromiso de hacer de los derechos fundamentales, no un l¨ªmite externo a su actividad, sino la gu¨ªa de todas sus acciones", en el convencimiento de que la legitimidad del ejercicio del poder en el mundo moderno descansa necesariamente sobre la garant¨ªa de las libertades. Este compromiso desborda el ¨¢mbito de nuestras fronteras, ya que "el respeto y la protecci¨®n de los derechos humanos no pueden concebirse como un asunto interno y por tanto ajeno, sino, al contrario, como un elemento esencial para definir y orientar la pol¨ªtica internacional de Espa?a".

El curr¨ªculo de buen n¨²mero de dirigentes socialistas ofrece pruebas de sus sacrificios y trabajos por la defensa de los derechos humanos en el inmediato pasado. No faltan ministros, entre ellos Miguel Boyer, que resolvieron encauzar la vieja tradici¨®n iluminista de lucha por las libertades, la dignidad de la persona y la tolerancia a trav¨¦s de su pertenencia a la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos de Espa?a, que present¨® anteayer su informe anual, en coincidencia con la conmemoraci¨®n de la Declaraci¨®n Universal.

De la lectura del informe de la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos se desprende que los indiscutibles avances conseguidos en Espa?a durante los ¨²ltimos a?os en la tarea de acomodar la acci¨®n estatal a los principios proclamados por el t¨ªtulo II de la Constituci¨®n y la Declaraci¨®n Universal de 1948 no han logrado suprimir una serie de pr¨¢cticas conculcadoras de los derechos humanos, condenables no s¨®lo en funci¨®n de criterios morales, sino tambi¨¦n en relaci¨®n con normas jur¨ªdicamente vinculantes. Los puntos negros se?alados por el documento hacen referencia a torturas, detenciones indiscriminadas, recortes a la libertad de expresi¨®n, irregularidades en el r¨¦gimen de asilo a refugiados pol¨ªticos, comportamientos arbitrarios de las fuerzas de seguridad, inadecuadas condiciones de las prisiones, etc¨¦tera. El largo camino recorrido desde el anterior r¨¦gimen hasta la fecha sirve para que los logros del pasado fundamenten nuestra esperanza en un futuro mejor, pero no deber¨ªa utilizarse como coartada para cerrar los ojos y silenciar las protestas ante las violaciones de derechos que sigan produci¨¦ndose. Las estad¨ªsticas carecen por completo de capacidad para absolver un solo caso de conculcaci¨®n de unos derechos cuya garant¨ªa pertenece al terreno de lo cualitativo y se inscribe dentro de las cuestiones de principio.

Buena parte de las indicaciones o sugerencias contenidas en el informe de la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos coincide con los prop¨®sitos del programa electoral del PSOE. Felipe Gonz¨¢lez anunci¨®, en el debate de investidura, que su Gobierno enviar¨¢ r¨¢pidamente a las Cortes Generales sendos proyectos de ley para desarrollar los mandatos constitucionales de asistencia letrada al detenido y de procedimiento judicial de habeas corpus. En el calendario legislativo socialista tambi¨¦n figura el derecho de asilo para los extranjeros perseguidos en sus pa¨ªses de origen y la reforma del C¨®digo Penal, en el que quedar¨ªa refundida la legislaci¨®n antiterrorista. La Asociac¨ª¨®n pro Derechos Humanos pide la supresi¨®n de los diez d¨ªas de incomunicaci¨®n de los detenidos a quienes se aplica la legislaci¨®n antiterrorista; considera necesario que los jueces y fiscales multipliquen las visitas de control a los centros de detenci¨®n y a las prisiones; sugiere la restricci¨®n de las desbordadas competencias atribuidas a la Audiencia Nacional (entre otras el delito de desacato a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n social) y solicita la moderaci¨®n en la interposici¨®n de querellas por el ministerio fiscal a prop¨®sito de supuestos delitos p¨²blicos relacionados con la libertad de expresi¨®n.

Las reci¨¦n adquiridas responsabilidades de gobierno pueden invitar a algunos socialistas situados en altos cargos a una apresurada y poco cr¨ªtica reconciliaci¨®n con la realidad. De esta tendencia podr¨ªa servir de ejemplo el ministro Barrionuevo, que ha tenido la mala fortuna de comenzar su mandato con el siniestro dep¨®sito de un cad¨¢ver sobre su mesa de titular de la cartera de Interior y que ha olvidado la dura interpretaci¨®n dada en su d¨ªa por el actual vicepresidente del Gobierno a la extra?a huida de los grapo -entre otros el fallecido Mart¨ªn Luna- de la c¨¢rcel de Zamora en diciembre de 1979. Las interrogantes sobre los GRAPO no son exclusivas de los peri¨®dicos de hoy, que guardan en sus hemerotecas una voluminosa colecci¨®n de declaraciones de los antiguos l¨ªderes de la oposici¨®n coincidentes con ellas. El partido socialista tiene adem¨¢s en su reciente haber una larga tradici¨®n de protesta por los abusos policiales, tradici¨®n que, al menos en una parte de su electorado, le ha valido la confianza del mismo, y que ni se debe ni se puede romper.