Seregni otra vez

Han transcurrido exactamente tres a?os desde mi llamamiento a una movilizaci¨®n de los medios informativos y presi¨®n de los partidos democr¨¢ticos espa?oles en favor del l¨ªder del Frente Amplio uruguayo, el general L¨ªber Seregni, a quien corresponde hoy, probablemente, tras la liberaci¨®n de Ahmed Ben Bella, el triste privilegio de ser uno de los prisioneros de conciencia m¨¢s c¨¦lebres y antiguos del mundo. Desde entonces, mientras las matanzas organizadas de campesinos indios en Guatemala y El Salvador, cementerios clandestinos de desaparecidos v¨ªctimas de la Junta Militar argentina y ubuescas haza?as y declaraciones de Pinochet centran y acaparan la indignaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica, la actuaci¨®n no menos brillante de las Fuerzas Armadas uruguayas, convertidas en los ¨²ltimos nueve a?os en un verdadero ej¨¦rcito de ocupaci¨®n de su propio pa¨ªs, ha merecido un tratamiento mucho m¨¢s discreto. Por una serie de razones e imponderables, la feroz dictadura militar de Montevideo ha dejado de ser noticia para transformarse en rutina. Tras dicha circunspecci¨®n y reserva, tiende a acreditarse poco a poco la idea de que la situaci¨®n reinante en Uruguay se halla en v¨ªas de arreglo y los excesos de la pasada d¨¦cada -encaminados, no hay que olvidarlo, "a preservar la democracia"- han sido saludablemente "corregidos".De creer, por ejemplo, al informe anual sobre el respeto de los derechos humanos correspondiente a 1981, sometido por el Departamento de Estado al Comit¨¦ de Asuntos Exteriores de la C¨¢mara de Representantes y el Senado estadounidenses, el estado de tales derechos en este per¨ªodo habr¨ªa "seguido mejorando": el Gobierno uruguayo, asegura, ha anunciado un plan para la restauraci¨®n gradual de la democracia; numerosos l¨ªderes pol¨ªticos han recuperado sus derechos c¨ªvicos; el poder redacta una nueva Constituci¨®n para ser refrendada en 1984 y el n¨²mero de presos pol¨ªticos habr¨ªa disminuido; los casos de tortura y desapariciones ser¨ªan igualmente inferiores a los denunciados en el decenio anterior. Rematando este cuadro un tanto optimista y risue?o, sus autores afirman, con serenidad imperturbable, que el ciudadano uruguayo disfruta de una renta per c¨¢pita notablemente elevada y distribuida con mayor nivelaci¨®n y justicia "que en la mayor¨ªa de los pa¨ªses industriales de Occidente". Pero, mientras la pastoral de la Iglesia uruguaya del presente a?o desmiente de modo rotundo la reactivaci¨®n econ¨®mica y nivelaci¨®n social evocadas en el informe, subrayando, al contrario, el "desequilibrio que acent¨²a las diferencias sociales" y conduce a "la degradaci¨®n del sujeto de trabajo, la explotaci¨®n de los trabajadores y las crecientes zonas de miseria e incluso de hambre", las puntualizaciones cr¨ªticas al citado documento del Draft Report del Americas Watch prueban, punto por punto, que la supuesta mejora de los derechos humanos no tiene en cuenta la escueta y brutal realidad de los hechos: solamente en octubre y noviembre del p asado a?o las fuerzas de seguridad uruguayas detuvieron sin orden judicial ni acusaci¨®n alguna a 160 personas, la mayor¨ªa de las cuales ha engrosado la ya larga lista de desaparecidos; tanto Amnist¨ªa Internacional como la Comisi¨®n Internacional de Juristas se?alan que la tortura es a¨²n una "pr¨¢ctica sistem¨¢tica en Uruguay"; las condiciones de detenci¨®n en las c¨¢rceles y represi¨®n de los movimientos pol¨ªticos y sindicales siguen las pautas establecidas desde el golpe anticonstitucional de 1973. Muy significativamente, al establecer su cuadro cl¨ªnico del paciente uruguayo en trance de recuperarse, el informe del Departamento de Estado omite toda referencia al caso Seregni: el ex candidato presidencial del Frente Amplio, condenado a catorce a?os de prisi¨®n despu¨¦s de una parodia de proceso, no parece haber interesado a sus confiados y boyantes redactores, m¨¢s atentos sin duda a las exigencias de la estrategia de confrontaci¨®n mundial de Reagan que a los derechos humanos, pol¨ªticos y sociales reinantes en los pa¨ªses examinados.

L¨ªber Seregni no es con todo, ni siquiera en Estados Unidos, un ilustre desconocido, y si su caso merece ser destacado de nuevo, ello se debe no tanto a su impecable historial democr¨¢tico como al hecho de que simboliza y sirve de ejemplo al de millares de presos y desaparecidos de su pa¨ªs y ese medio mill¨®n de exiliados que, como ¨¦l, viven en larga espera, a fuerza de recuerdos" (Luis Cernuda).

Seregni -a quien sus futuros jueces llegar¨ªan a echar en cara su vieja amistad con un coronel manchado con la infamia de haber ido a luchar en su juventud "contra la revoluci¨®n nacional del general Franco"-

ha conocido el r¨¦gimen habitual de los internados del Cono Sur: malos tratos, golpes, plant¨®n, encapuchamiento, privaci¨®n de sue?o.

Desde entonces, Seregni se pudre entre las cuatro paredes de una celda de la Jefatura Central de Polic¨ªa de Montevideo.

La petici¨®n de habeas corpus, dirigida al presidente del Supremo Tribunal Militar, con el aval de numerosas personalidades pol¨ªticas y juristas del mundo entero, muestra, de manera irrefutable, la carencia total de bases jur¨ªdicas de la sentencia condenatoria: esta ¨²ltima es, en efecto, un acto exclusivamente pol¨ªtico, no una decisi¨®n de orden jurisdiccional.

La supuesta "irrespetuosidad" de Seregni tocante a sus superiores se apoya tan s¨®lo en sus discursos electorales contra el candidato rival: el entonces presidente Pacheco, jefe supremo, asimismo, en raz¨®n del cargo, de las Fuerzas Armadas. Su presunto "atentado a la Constituci¨®n" no es sino su clara y valiente defensa de ¨¦sta contra un golpe de Estado que abolir¨ªa la ya tambaleante y precaria normalidad institucional.

El objetivo pol¨ªtico de Seregni, proclamado desde su renuncia al mando militar en 1969, consist¨ªa en la confecci¨®n de "un programa destinado a superar la crisis estructural del pa¨ªs, a restituirle su destino de naci¨®n independiente y reintegrar al pueblo la plenitud del ejercicio de las libertades individuales y sindicales". La paulatina degradaci¨®n de la pol¨ªtica uruguaya a causa del derrumbe econ¨®mico, violencia extremista y manifiesta incapacidad operativa de un sistema anquilosado, hab¨ªa conducido al presidente electo a entregar defacto el poder a los militares del ala dura, a fin "de garantizar el orden y la defensa de los valores occidentales y cristianos". En realidad, como hab¨ªa denunciado Seregni, con el pretexto de defender la democracia, el Gobierno la estaba arrasando; para preservar las libertades p¨²blicas, hab¨ªa acabado con ellas. En virtud de esa monstruosa perversi¨®n del lenguaje com¨²n a todos los sistemas totalitarios de derecha e izquierda -los espa?oles gozamos de una triste la materia-, las experiencia en palabras utilizadas para condenar su acci¨®n terminar¨ªan expresando lo contrario de cuanto originariamente significan: algo as¨ª como si el nuevo diccionario pol¨ªtico para uso de dem¨®cratas hubiera sido redactado por acad¨¦micos tan eximios como Franco, Pinochet o el bizarro coronel Tejero.

El reciente coloquio internac¨ªonal celebrado en Bruselas para la liberaci¨®n incondicional de Seregni y el fracaso estrepitoso de los c¨®mplices del poder en las elecciones controladas uruguayas del pasado 28 de noviembre muestran que la oposici¨®n interior y exterior al r¨¦gimen de los espadones se mantiene viva. La entrada en funciones del nuevo Gobierno socialista en Espa?a nos permite esperar una postura firme y resuelta del mismo en defensa de los derechos humanos y legalidad democr¨¢tica que el l¨ªder del Frente Amplio encarna en su pa¨ªs: el sector mayoritario de nuestra sociedad que ha apoyado su programa electoral de cambio tiene el derecho y deber de exigirle acciones y medidas concretas m¨¢s all¨¢ de las buenas palabras.