Aplazada la vista para fijar la indemnizaci¨®n del diario 'Madrid' por falta de acuerdo
Ante la falta de acuerdo entre las partes sobre la indemnizaci¨®n al diario Madrid, ha quedado aplazada la vista que ayer dio comienzo en la sala tercera del Tribunal Supremo para fijar la cuant¨ªa en que el Estado debe indemnizar al citado peri¨®dico. La vista se celebra con objeto de ejecutar la sentencia de 25 de octubre de 1976, que declar¨® ilegal la orden de cierre del diario Madrid y conden¨® a la Administraci¨®n al pago de da?os y perjuicios.
La suspensi¨®n de esta segunda parte de la vista fue debida a la petici¨®n del abogado del Madrid, Ram¨®n Pa¨ªs, de que, a la vista de las declaraciones del director general de Relaciones Informativas, Miguel Angel Molinero, de que el gobierno deseaba llegar a un entendimiento sobre el tema, se aplazara la negociaci¨®n entre las partes con el fin de que el ejecutivo pudiera exponer su postura al abogado del Estado.Hasta el momento de reanudaci¨®n de la vista, probablemente a finales de febrero, se mantendr¨¢n contactos con el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo.
Con anterioridad a la suspensi¨®n, el representante legal de Madrid, Diario de la Noche SA, y de su principal accionista, Rafael Calvo Serer, el letrado Ram¨®n Jorge Pa¨ªs hab¨ªa informado a la Sala de la cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n solicitada -3.644 millones de pesetas- y hab¨ªa hecho una valoraci¨®n de la trascendencia jur¨ªdica, moral y econ¨®mica de los da?os que produjo la cancelaci¨®n del diario Madrid en el Registro de Empresas Period¨ªsticas por el Gobierno, se?alando que era necesaria la cantidad de 2.000 millones de pesetas para que se pueda producir la reaparici¨®n del diario.
Por su parte, el abogado del Estado, Eduardo Ortiz de Z¨²?iga, afirm¨® que s¨®lo puede hablarse de dos posibles conceptos indemnizables: gastos por liquidaci¨®n a la plantilla y por gastos generales tras el cierre, y lucro cesante, debidamente acreditado.
El abogado del Estado se?al¨® igualmente que el Madrid ni ten¨ªa el patrimonio que invoca ni tuvo beneficios, sino m¨¢s bien p¨¦rdidas, desde 1967, y consider¨® desorbitada la cantidad pedida. Manifest¨® que el Estado s¨®lo debe abonar 57 millones de pesetas por gastos derivados del cierre y 14 millones por indemnizaciones a los trabajadores, es decir, un total de 71 millones de pesetas.
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