El cambio de la Administraci¨®n de justicia

LA REFORMA de la Administraci¨®n de justicia es uno de los retos m¨¢s importantes con los que se enfrenta el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. A diferencia de otros ¨¢mbitos, donde las resistencias y los costos son mucho mayores, el cambio en el terreno de la justicia depende, en gran medida, de la voluntad pol¨ªtica del poder ejecutivo y de la mayor¨ªa parlamentaria. La urgente necesidad de modernizar y agilizar el funcionamiento de los tribunales tiene, ciertamente, una dimensi¨®n presupuestaria, ya que los medios materiales y humanos del poder judicial siguen siendo m¨¢s propios de una sociedad rural decimon¨®mica que de un pa¨ªs urbanizado e industrial, pero tambi¨¦n necesitan ser reformados los esquemas jur¨ªdicos e interpetativos con los que se aplican las leyes, se dirimen los pleitos, se detiene a los sospechosos, se condena a los ciudadanos y se mantiene en las c¨¢rceles a los condenados. Hay signos evidentes, desde su comparecencia en la comisi¨®n del Congreso hasta su activa preparaci¨®n de borradores de ley, de que Fernando Lesdesma es consciente de los problemas de su departamento y tiene la experiencia y la capacidad suficientes para tratar de darles respuesta. Pero los buenos deseos ministeriales tendr¨¢n que superar grandes y numerosos obst¨¢culos para conseguir que los prop¨®sitos se conviertan en realidades.Para dotar a los juzgadores de una adecuada infraestructura, el Ministerio de Justicia tendr¨¢ que librar, ante todo, una dura batalla con el Ministerio de Hacienda. El desbordamiento del d¨¦ficit no facilita el cumplimiento de un objetivo tan elogiable y necesario como es la ruptura de la pauta de presupuestos decrecientes para Justicia y la elevaci¨®n en un 25% de sus partidas globales para 1983, cuya incidencia en la Administraci¨®n de justicia propiamente dicha ha sido calculada por el propio Ledesma en proporciones que oscilan entre un 35% y un 50%. El titular de Justicia ha comentado que las inversiones reales -construcci¨®n de nuevos edificios, tanto judiciales como penitenciarios- pueden alcanzar los 6.000 millones de pesetas. Pero las partidas de gastos no se limitan al hierro, el cemento y los ladrillos. Tambi¨¦n deber¨¢n ser incrementadas las dotaciones para el mejor y m¨¢s eficaz funcionamiento de los juzgados y tribunales, desde la puesta en marcha del plan de informatizaci¨®n y mecanizaci¨®n hasta la incorporaci¨®n de personal cualificado a sus plantillas, pasando por el aumento de las retribuciones de los funcionarios de la Administraci¨®n de justicia.

Pero la reforma de la justicia no se agota, sino que comienza con la dotaci¨®n de nuevos medios materiales y personales. A trav¨¦s de las reformas legislativas en marcha, el Gobierno pretende proporcionar a jueces y magistrados una nueva doctrina penal, acorde con el esp¨ªritu y la letra de la Constituci¨®n, para el enjuiciamiento de las conductas delictivas. Esta es quiz¨¢ la m¨¢s importante caracter¨ªstica de la reforma parcial y urgente del C¨®digo Penal, que consagra legalmente principios ya establecidos por la jurisprudencia m¨¢s atenta a las transformaciones sociales y destierra de nuestro sistema punitivo aberraciones jur¨ªdicas como la responsabilidad objetiva. Es l¨¢stima que la instituci¨®n de la suspensi¨®n del fallo, inicialmente incluida en la reforma parcial del C¨®digo Penal, haya sido abandonada, atendiendo el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, y tenga que esperar al proyecto de reforma total del C¨®digo Penal, que el Gobierno espera remitir a las Cortes despu¨¦s del verano.

Junto a la reforma parcial del C¨®digo Penal, que incorpora la despenalizaci¨®n del aborto en tres supuestos concretos, los proyectos de ley m¨¢s importantes ya remitidos por el Gobierno a las Cortes Generales son la nueva normativa del derecho de reuni¨®n, la modificaci¨®n de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisi¨®n provisional y la modificaci¨®n de las competencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en materia de desacato y esc¨¢ndalo p¨²blico a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n social. Se halla todav¨ªa pendiente de aprobaci¨®n por el Consejo de Ministros el proyecto de ley sobre Asistencia Letrada al Detenido, que suscit¨® serias diferencias entre los ministerios de Justicia e Interior y que constituye una aut¨¦ntica piedra de toque para comprobar la firmeza del Gobierno a la hora de cumplir sus compromisos electorales. Descartadas, al parecer, algunas f¨®rmulas tan peregrinas como la obligatoriedad de un abogado de oficio para los detenidos a quienes se aplicara la legislaci¨®n antiterrorista y la subordinaci¨®n de hecho del ministerio fiscal y el juez de instrucci¨®n a la autoridad gubernativa en las diligencias policiales, el proyecto pretende garantizar la irrenunciabilidad de este b¨¢sico derecho constitucional.

Otros proyectos pendientes de aprobaci¨®n por el Gobierno se hallan casi listos para ser enviados a las Cortes: la ley org¨¢nica del poder judicial, que se remitir¨¢ al Congreso en abril o mayo; la ley reguladora del h¨¢beas corpus, actualmente en estudio por el Consejo General del Poder Judicial y cuya urgencia proviene de su car¨¢cter complementario con la ley de asistencia letrada al detenido; la ley que crea el cuerpo de asistentes sociales para las c¨¢rceles, y la ley de objeci¨®n de conciencia. Otros proyectos se encuentran en una fase menos elaborada y tendr¨¢n que aguardar bastantes meses antes de ser discutidos por el poder ejecutivo; por ejemplo, la ley del Jurado, instituci¨®n que tiene muchos y cualificados adversarios entre los juristas de profesi¨®n, pero cuya incorporaci¨®n a nuestro ordenamiento procesal no es una cuesti¨®n de gustos o de capricho, sino que viene determinada por el mandato constitucional contenido en el art¨ªculo 125 de nuestra norma fundamental.

Otros aspectos positivos parecen apuntarse en la gesti¨®n, reci¨¦n comenzada, de Fernando Ledesma; por ejemplo, la mejor¨ªa de las relaciones entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, no exentas de problemas, pero bastante m¨¢s cordiales y frecuentes que durante la anterior etapa. En relaci¨®n con la Prensa, el Ministerio de Justicia prepara un proyecto de ley para regular los derechos de r¨¦plica y rectificaci¨®n, no s¨®lo en los medios de comunicaci¨®n social de propiedad estatal, sino tambi¨¦n en los de propiedad privada. Queda as¨ª rectificada parcialmente la afirmaci¨®n del propio Fernando Ledesma acerca de que la mejor ley de Prensa es la que no existe y, lo que es peor, se abre una peligrosa v¨ªa para las inserciones obligatorias de notas gubernamentales, al estilo de Gabriel Arias Salgado y Manuel Fraga, en la Prensa independiente. La pasividad del Ministerio de Justicia en el caso Vinader muestra asimismo una alarmante falta de sensibilidad de ese departamento a prop¨®sito de un fallo que la mayor¨ªa de los periodistas critican, no por una gremialista solidaridad corporativa, sino por el ominoso precedente que crea en relaci¨®n con la libertad de informaci¨®n, un bien que pertenece a todos los ciudadanos y del que los medios de comunicaci¨®n son simples administradores.