Boyer denuncia en el Congreso presuntos delitos en la gesti¨®n del grupo Rumasa por retenci¨®n de impuestos

El Gobierno pondr¨¢ en conocimiento de los jueces los ¨²ltimos datos sobre la gesti¨®n del grupo de empresas de Rumasa. El ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, expuso ayer en el Congreso un conjunto de datos, hasta ahora no conocidos, que reflejan grav¨ªsimas irregularidades y presuntos delitos en la gesti¨®n del holding que, hasta la expropiaci¨®n por el Estado, dirig¨ªa Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos.

Seg¨²n Boyer, diecisiete de los dieciocho bancos del grupo actuaban con p¨¦rdidas; las empresas no ingresaban en Hacienda el 95% de los impuestos no retenidos y repercutidos en precios que, en buena parte, eran contabilizados como beneficios; y se hab¨ªa creado una Rumasa B o paralela con captaci¨®n de fondos al margen de la actividad de los propios bancos.El ministro de Econom¨ªa y Hacienda evalu¨® las cuotas tributar¨ªas no ingresadas por las empresas del grupo Rumasa en cerca de 30.000 millones de pesetas anuales durante los ejercicios de 1981 y 1982. Las empresas no financieras pasaban las retenciones no ingresadas a reservas como si se tratara de beneficios. Asimismo, seg¨²n Boyer, hasta septiembre de 1982, s¨®lo se ingresaba una parte de las retenciones a los trabajadores en concepto de pagos a la Seguridad Social. A partir de esa fecha, en v¨ªsperas de las elecciones legislativas, se comenzaron a pagar ¨ªntegras las cuotas de los trabajadores, pero no las empresariales.

Entre las irregularidades denunciadas se refiri¨® tambi¨¦n a la existencia de una caja B de la que, al parecer, se han utilizado unos 3.000 millones de pesetas para pagos financieros y no financieros y pagos de extratipos y de personal no contabilizados.

Los nuevos administradores del holding han descubierto la existencia de 88 sociedades que no hab¨ªan sido reconocidas como de Rumasa y que canalizaban cr¨¦ditos a terceras empresas. Se ha conocido la existencia de 12.895 millones de pesetas de deudas sin contabilizar, as¨ª como la de otros 42.000 millones en efectos librados por bancos y empresas del grupo, 33.000 de los cu¨¢les no han sido registrados en los balances.

En el subsiguiente debate, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Herrero, centr¨® su dur¨ªsima cr¨ªtica a la medida gubernamental en la presunta inconstitucionahdad de la misma. "No venimos a hablar de Rumasa", dijo, "sino del imperio de la ley". Seg¨²n Herrero, al Gobierno "le han colado un gol" en el aspecto jur¨ªdico. Tambi¨¦n dijo que ha incumplido la ley de Enjuiciamiento Criminal y el C¨®digo Penal al no denunciarse hechos delictivos que conoc¨ªa. A continuaci¨®n intervinieron Rodr¨ªguez Sahag¨²n, por el CDS, que puso en tela de juicio la constitucionalidad del decreto-ley de expropiaci¨®n; el comunista Fernando P¨¦rez Royo, que apoy¨® al Gobierno, y, por ¨²ltimo, Juan Mar¨ªa Ollora, del PNV, que anunci¨® el voto favorable de su grupo a la convalidaci¨®n. El debate seguir¨¢ hoy.

Fuentes bancarias, citadas por Efe, evaluaron en 40.000 millones de pesetas el total de los dep¨®sitos retirados el lunes de los dieciocho bancos del grupo.

P¨¢ginas 13 a 16 y 43

Editorial en la

p¨¢gina 10