Los gozos y las sombras

EN LA pol¨ªtica econ¨®mica los socialistas han encendido, simult¨¢neamente, velas en dos altares de religiones diferentes. De un lado, el Gobierno ha puesto en vigor algunas medidas de rigor, pese a lo que puedan tener de antip¨¢tico y desgradable para empresarios y trabajadores. De otro, el poder ejecutivo ha adoptado una serie de decisiones en favor del mantenimiento de la capacidad adquisitiva y la reducci¨®n de la jornada laboral, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por el PSOE en la campa?a electoral. Asimismo ha legalizado una moratoria en los pagos a la Seguridad Social que puede beneficiar a muchas empresas. El resultado es un mensa e ambiguo, d¨ªficil de entender en su conjunto por la opini¨®n p¨²blica.El Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez inaugur¨® la pol¨ªtica econ¨®mica con una depreciaci¨®n de la peseta, cuya implicaci¨®n fue demostrar que ¨¦ramos m¨¢s pobres en d¨®lares de lo que UCD pretend¨ªa, y con el aumento en un punto del coeficiente de caja y la retirada de m¨¢s de 100.000 millones de pesetas de la circulaci¨®n. Era una demostraci¨®n de que las autoridades socialistas no iban a acudir al enga?o monetario para simular, mediante la inflaci¨®n, que la devaluaci¨®n no influir¨ªa en los niveles de vida. La subida de los precios y la fiscalidad de los carburantes y combustibles constituy¨® el remate de esa operaci¨®n, orientada a adoptar una serie de medidas estab¨ªlizadoras en el terreno del comercio exterior, la lucha antiinflacionista y el equilibrio presupuestario y justificada por la crisis general y el calamitoso estado de nuestras finanzas interiores y exteriores.

Luego se produjo la expropiaci¨®n del grupo de empresas controladas por Ruiz-Mateos. La sugerencia de que esta decisi¨®n podr¨ªa significar un viraje hacia el estatalismo de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez qued¨® pronto disipada por el respaldo m¨¢s o menos entusiasta dispensado a la nacionalizaci¨®n de Rumasa por la banca privada y los representantes del mundo empresarial.

Por ¨²ltimo, ayer mismo fue anunciado un reajuste de los coeficientes obligatorios de bancos y cajas de ahorro que supone de hecho un nuevo compromiso en la lucha contra la inflaci¨®n, como premisa previa para salir de la crisis. La elevaci¨®n del 3% al 4% de los coeficientes obligatorios remunerados de las entidades financieras supone el drenaje de otros 150.000 millones del sistema, lo que contribuir¨¢ a restar puntos de la inflaci¨®n, abaratarai, la financiaci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico y contribuir¨¢ a estabilizar la posici¨®n de la peseta. Pero tambi¨¦n elevar¨¢ los tipos de inter¨¦s en los mercados nacionales.

En cualquier caso, los mensajes de la pol¨ªtica econ¨®m¨ªca del Gobierno est¨¢n generando alg¨²n desconcierto. La llegada de los socialistas al poder no ha ido acompa?ada, como era previsible, por una legislaci¨®n de urgencia sobre las empresas estatales sino por la curiosa doctrina que los mejores gestores posibles del INI son los directivos avalados por su experiencia bajo el franquismo. La confusi¨®n tambi¨¦n se extiende a otros ¨¢mbitos. En v¨ªsperas de las negociaciones salariales entre las organizaciones empresariales y los sindicatos, el Ejecutivo mantuvo silencio sobre la actitud del Estado como patrono en las administraciones y empresas p¨²blicas.

Pero aunque del contenido de los Presupuestos Generales del Estado s¨®lo se conoce su d¨¦ficit aproximado, empieza a rumorearse que el aumento de la masa salarial para atender al pago del colectivo de funcionarios p¨²blicos puede aproximarse al 18%, lo que significar¨¢ una dr¨¢stica reducci¨®n de las partidas dedicadas a la inversi¨®n productiva. La confusi¨®n tambi¨¦n anida en el mundo de las empresas en crisis del sector p¨²blico o ayudadas por el Estado. El acuerdo presentado por Explosivos R¨ªo T¨ªnto a los bancos acreedores prev¨¦ unos incrementos salariales del 14% en los pr¨®ximos tres a?os. Al parecer, cada quien se resiste a bailar con la m¨¢s fea. Y mientras las cajas rurales -algunas de las cuales han tenido que ser intervenidas por el Banco de Espa?a y otras varias atraviesan fuertes dificultades- han pactado, a la chita callando, un incremento salarial del 12%, la banca privada sigue aferrada a la oferta del 9,5%. Pero no cabe duda que la pol¨ªtica de rentas de la poblaci¨®n empleada repercute necesariamente en la situaci¨®n de los 2.300.000 parados en busca de empleo.

El comportamiento salarial del Estado en algunos sectores del sector p¨²blico priva de fuerza a las respuestas gubernamentales ante desafios tan airados y dram¨¢ticos como los lanzados en Sagunto, Gij¨®n y Vigo. Por otra parte, para apuntalar la peseta despu¨¦s de las dos depreciaciones sufridas, las autoridades han elevado los tipos de. inter¨¦s, situados ya por encima del 20%, frente al 10% -como m¨¢ximo- de nuestros competidores industriales.

De esta forma, los gozos de mantener la capacidad adquisitiva y renunciar a la austeridad del reajuste resultar¨¢n empa?ados por las sombras de una menor inversi¨®n y de un mayor desempleo.