El Pleno del Congreso aprueba el proyecto de ley de expropiaci¨®n de Rumasa

El pleno del Congreso de los Diputados aprob¨® ayer el proyecto de ley sobre expropiaci¨®n, por razones de inter¨¦s social, del grupo Rumasa Seg¨²n el texto aprobado, una vez reflotadas las empresas del grupo, el Gobierno podr¨¢ enajenar las acciones de las sociedades que las integran, bien por concurso p¨²blico o bien por venta directa de las mismas El Grupo Popular defendi¨® la posibilidad de reversi¨®n a los iniciales propietarios, mientras que los diputados comunistas pidieron que contin¨²en en poder del Estado o que se enajenen mediante ley, previa consulta a los representantes sindicales de las empresas afectadas.

El debate de la parte de proyecto de ley que se refiere al destino final del grupo Rumasa, una vez saneado, fue el que ofreci¨® mayor inter¨¦s, dado que la pol¨¦mica sobre la intervenci¨®n o expropiaci¨®n resultaba un tanto est¨¦ril, una vez que, en su momento, el Gobierno ya se inclin¨® por la segunda. Insistieron en favor de la intervenci¨®n de Rumasa el centrista Jos¨¦ Miguel Bravo de Laguna y, por el Grupo Popular, Emilio Dur¨¢n. As¨ª mismo, Miguel Roca, por la Minor¨ªa Catalana, propuso que no se ampliara la expropiaci¨®n a sociedades en las que Rumasa posea menos del 50%.A todos ellos contest¨® el diputado socialista Luis Berenguer, quien acus¨® a los enmendantes de haber modificado el criterio mantenido durante el debate para la convalidaci¨®n del inicial decreto ley, en discusi¨®n ahora como proyecto de ley. En todo caso, neg¨® que la intervenci¨®n sea menos cara que la expropiaci¨®n y a?adi¨® que a su grupo le preocupaba tambi¨¦n el coste social y la estabilidad del sistema financiero.

Todas las enmiendas a los primeros art¨ªculos del proyecto de ley fueron rechazadas. Tambi¨¦n lo fue la defendida por Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n, del Grupo Popular, quien acus¨® al Gobierno de haberse preocupado s¨®lo de los aspectos econ¨®micos y no de los jur¨ªdicos, ya que, de acuerdo con la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, debi¨® excitar el celo del Ministerio Fiscal para que fuera la autoridad judicial la que dispusiera, en su caso,, la incautaci¨®n de los bienes, evitando encargarse de esta funci¨®n el Estado.

La venta final de Rumasa

El art¨ªculo quinto establece que el Gobierno podr¨¢ autorizar la enajenaci¨®n de todas o parte de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades expropiadas, mediante concurso p¨²blico, seg¨²n la legislaci¨®n de contratos del Estado, "salvo que el Gobierno autorice la venta directa de las acciones". En este caso, se dar¨¢ cuenta a las Cortes Generales. Asimismo, se determina que "las participaciones expropiadas no estar¨¢n sujetas al derecho de reversi¨®n".

La oposici¨®n a este art¨ªculo se plante¨® desde dos frentes. Por una parte, el comunista Fernando P¨¦rez Royo dijo: "Si la derecha, frente a la expropiaci¨®n se inclinaba por la intervenci¨®n, nosotros saludamos favorablemente la medida de expropiaci¨®n de Rumasa, pero nos preocupa el problema de la retrocesi¨®n al sector privado, porque eso conduce a la socializaci¨®n de las p¨¦rdidas". Distingui¨® entre el accionista inocente y el que de alguna manera hubiera estado relacionado con la situaci¨®n de Rumasa, a efectos de la remuneraci¨®n de sus acciones. El socialista Abel Caballero consider¨® "tremendamente injusta desde un punto de vista social" esta soluci¨®n.P¨¦rez Royo insisti¨® en la posici¨®n comunista "en raz¨®n de criterios hasta hace poco compartidos con los socialistas de que una m¨ªnima exigencia de justicia", dijo, "impida que empresas reflotadas con dineros p¨²blicos vuelvan al sector privado". En todo caso, propuso que intervenga el Parlamento mediante un proyecto de ley elaborado previa consulta a los representantes sindicales de los trabajadores afectados. La enmienda fue rechazada.

Desde otro frente, Rodrigo Rato, del Grupo Popular, pidi¨® que el justiprecio de las acciones se incremente con el peso de la inflaci¨®n y, adem¨¢s, plante¨® la posibilidad de que reviertan a sus iniciales propietarios las empresas de Rumasa, ya que el art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n exige que la expropiaci¨®n se realice de conformidad con lo dispuesto en las leyes, referencia que consider¨® dirigida a las "leyes preexistentes". Caballero replic¨® que precisamente se est¨¢ elaborando una ley singular para un caso concreto, por lo que habr¨¢ que estar a lo que se determine en esta ley aprobada por la mayor¨ªa.

Rato y la arbitrariedad de la mayor¨ªa

La argumentaci¨®n del diputado socialista irrit¨® a Ram¨®n Rato, quien se?al¨® que la Ley de Sociedades An¨®nimas no puede ser vulnerada por una mayor¨ªa, y que no es jur¨ªdicamente correcto proceder a una "expropiaci¨®n- sanci¨®n con efecto retroactivo, ya que sus efectos jur¨ªdicos y pol¨ªticos ser¨ªan muy graves". Caballero insisti¨® en que la ley singular va a pasar a ser parte del ordenamiento jur¨ªdico.

Rato critic¨® duramente la posici¨®n del Gobierno, favorable a salir "lo m¨¢s r¨¢pidamente posible" de la gesti¨®n de las empresas de Rumasa, sin preocuparle el coste social. Consider¨® que "el colmo" de la arbitrariedad gubernamental es las facultades que esta ley singular conceder¨¢ al Gobierno para "enajenar a quien quiera y como quiera las empresas de Rumasa, apoyado en la filosof¨ªa de que la mayor¨ªa justifica no s¨®lo los casos singulares, sino tambi¨¦n arbitrariedades no conocidas hasta ahora en esta C¨¢mara". Asegur¨® que este procedimiento constituye la ley del embudo.En apoyo de las tesis gubernamentales intervino tambi¨¦n el diputado nacionalista vasco Juan Mar¨ªa Ollora, quien record¨® que nadie niega la dif¨ªcil situaci¨®n en que se encontraba Rumasa, sus obtrucciones a la Administraci¨®n y el hecho de que el citado holding constituy¨® un sue?o para unos empresarios que terminaron presos de s¨ª mismos.

Incremento provisional de sueldos a los funcionarios

Explic¨® el voto favorable del PNV al proyecto de ley desde la responsabilidad de gobierno en el Pa¨ªs Vasco, confirmada el pasado 8 de mayo, y sin perjuicio de otras diferencias con el Gobierno El pleno del Congreso se hab¨ªa iniciado con la convalidaci¨®n, por 196 votos favorables, dos en contra y 91 abstenciones, ¨¦stas del Grupo Popular, del decreto ley sobre incremento provisional de los haberes activos y pasivos de los funcionarios p¨²blicos. El socialista Justo Tom¨¢s Zambrana destac¨® que el decreto ley hab¨ªa sido dictado despu¨¦s del acuerdo del Gobierno con los representantes sindicales de los funcionarios, hecho sin precedentes.

Por el Grupo Popular, Arturo Garc¨ªa-Tiz¨®n asegur¨® que el incremento no va a pasar del 5% y critic¨® la exclusi¨®n de los funcionarios de la administraci¨®n militar. Zambrana replic¨® que el aumento de retribuciones ser¨¢ muy superior al 9%, y el ministro de la presidencia, Javier Moscoso, record¨® que el decreto ley se limitaba a anticipar los incrementos salariales a los funcionarios en el 9% no cuestionado que ser¨¢ superado en la remuneraci¨®n que figura en los Presupuestos Generales del Estado.