Continuidad en el Tribunal Constitucional

LA REELECCI?N de Manuel Garc¨ªa-Pelayo y de Jer¨®nimo Arozamena como presidente y vicepresidente, respectivamente, del Tribunal Constitucional es un claro y elogiable signo de continuidad en el funcionamiento de una instituci¨®n de la que depende en buena medida la consolidaci¨®n del sistema democr¨¢tico. Al tiempo, la decisi¨®n gubernamental de nombrar miembro permanente del Consejo de Estado a Landelino Lavilla, cuya carrera como pol¨ªtico profesional qued¨® abruptamente interrumpida con las elecciones del 28 de octubre y la autodisoluci¨®n de UCD, parece poner fin a la operaci¨®n ideada para enviarle de magistrado del Tribunal Constitucional como paso previo para alcanzar su presidencia. Landelino Lavilla, letrado del Consejo de Estado y persona merecedora de la mayor consideraci¨®n y respeto, prest¨® im portantes servicios al sistema democr¨¢tico espa?ol como ministro de Justicia del primer Gobierno de Adolfo Su¨¢ rez, en cuyo seno instrument¨® jur¨ªdicamente las grandes l¨ªneas de la reforma pol¨ªtica, y como presidente del Con greso durante la primera legislatura constitucional, car go que desempe?¨® con eficacia, dignidad y mesura. Aho ra bien, su elecci¨®n como magistrado del Tribunal Constitucional hubiera sentado el desastroso precedente de convertir a esa alta instituci¨®n en puerto de refugio para pol¨ªticos derrotados y en cantera de cargos para el sistema de despojos.El sentido del Estado ha prevalecido, as¨ª pues, sobre las tendencias corporativistas de algunos sectores de la clase pol¨ªtica, dispuestos a prestar su solidaridad gremial a los colegas- cualquiera que sea su filiaci¨®n- necesitados de ayuda y resueltos a generalizar como uso, susceptible en el futuro de ser aprovechado en beneficio propio, esa pr¨¢ctica amiguista de socorros mutuos. El clientelismo y el intercambio de favores resultan frecuentemente eficaces para hacer pol¨ªtica, en la acepci¨®n m¨¢s estrecha de la expresi¨®n, pero son nefastas herramientas para la construcci¨®n de un sistema institucional que pretenda estar al servicio de los ciudadanos y no sea patrimonio de los profesionales del poder. Afortunadamente, la reelecci¨®n de Manuel Garc¨ªa-Pelayo y de Jer¨®nimo Arozamena, cuyo nuevo mandato es improrrogable y tendr¨¢ una duraci¨®n de tres a?os, simboliza la autonom¨ªa del Tribunal Constitucional, su independencia de los dem¨¢s ¨®rganos estatales y su neutralidad apartidista.

A lo largo de los tres ¨²ltimos a?os, el Tribunal Constitucional se ha ganado el respeto de la sociedad espa?ola gracias a la competencia, independencia y altura de miras mostradas por los magistrados a la hora de sentar jurisprudencia en materias que afectaban a intereses partidistas y que resultaban cruciales para dar coherencia al bloque de legalidad. Las sentencias del alto tribunal sobre recursos de inconstitucionalidad y recursos de amparo han ayudado a esclarecer las zonas oscuras y a despejar las ambig¨¹edades del texto constitucional, as¨ª como a expulsar del ordenamiento jur¨ªdico los preceptos incompatibles con nuestra norma fundamental. Rechazando la tentaci¨®n de transformarse en una tercera C¨¢mara o de sustituir sus funciones de control de la legalidad por una variante de gobierno de los jueces, el Tribunal Constitucional es ya una pieza b¨¢sica del entramado de nuestra vida p¨²blica gracias a su eficaz trabajo como int¨¦rprete y guardi¨¢n de la Constituci¨®n, basado en la aplicaci¨®n de criterios jur¨ªdicos para la soluci¨®n de conflictos pol¨ªticos y en la instalaci¨®n de sus resoluciones por encima de las presiones del Gobierno y de los partidos.

Las torpezas, las arrogancias, el clientelismo o los malos entendidos pueden explicar, sin necesidad de recurrir a la ominosa hip¨®tesis de maniobras pol¨ªticas orientadas a restar autonom¨ªa al Tribunal Constitucional, que la renovaci¨®n de cuatro magistrados, cuyo mandato para nueve a?os debe votar el Congreso, no se haya producido m¨¢s de seis meses despu¨¦s de la fecha fijada. La discusi¨®n sobre la conveniencia, o bien de renovar en bloque el nombramiento de los cuatro magistrados cuyo mandato hab¨ªa vencido, o bien de sustituirlos por cuatro nuevos miembros, opciones ambas perfectamente leg¨ªtimas, fue absurdamente interferida por la irrazonable tentativa de ratificar s¨®lo a dos magistrados -Manuel Diez de Velasco y Francisco Tom¨¢s y Valiente- y de buscar, en cambio, para los otros dos -Francisco Rubio Llorente y Antonio Truyol Serra- una pareja consensuada de reemplazantes. Dado que los conocimientos jur¨ªdicos, la honestidad personal y las convicciones democr¨¢ticas de todos y cada uno de los cuatro magistrados se hallaban fuera de toda duda, esa discriminaci¨®n por parejas no s¨®lo era ofensiva, sino que se prestaba tambi¨¦n a un juicio de intenciones sobre los prop¨®sitos ¨²ltimos del Grupo Parlamentario Socialista. El continuado aplazamiento de la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional por el Congreso, con incidentes tan chuscos como la pretensi¨®n de hacer un solo paquete consensuado con los cuatro magistrados y los vocales del desprestigiado Consejo de Administraci¨®n de RTVE, ha dejado para septiembre esa asignatura pendiente de los diputados. En cualquier caso, la reelecci¨®n de Manuel Garc¨ªa-Pelayo -prestigioso profesor de Derecho Constitucional e historiador de las ideas, los mitos y los s¨ªmbolos pol¨ªticosy de Jer¨®nimo Arozamena -miembro de la carrera judicial y reputado administrativista y procesalista- puede servir de ejemplo para que la continuidad del Tribunal Constitucional sea respetada en el futuro, para bien de la democracia espa?ola y de nuestro sistema institucional, por las c¨¢maras y por el Gobierno.