120 empresas del cintur¨®n barcelon¨¦s pagan cuota de 'protecci¨®n' a un grupo de presuntos polic¨ªas

El alcalde accidental de Cornell¨¤ de Llobregat, Carles Navales, manifest¨® ayer a este peri¨®dico que "alrededor de 120 empresas del cintur¨®n industrial barcelon¨¦s, en la comarca del Baix Llobregat, pagan una cuota de 6.000 pesetas mensuales por servicios de protecci¨®n especial". Seg¨²n Navales, esos servicios "son ofrecidos por un grupo de nueve personas, presuntamente miembros de la Polic¨ªa Nacional". Estos datos han llegado al despacho de la alcald¨ªa de Cornell¨¤ a trav¨¦s de informes que les han facilitado tanto algunos de los propios empresarios afectados, como el jefe de la Polic¨ªa Municipal de la poblaci¨®n, Jer¨®nimo Aguilar.

La confirmaci¨®n de las investigaciones municipales sobre miembros de la Polic¨ªa Nacional y del Cuerpo Superior de Polic¨ªa se produce ahora, a partir de datos procedentes de Cornell¨¢. La informaci¨®n ha sido recopilada por los agentes municipales de esta poblaci¨®n, despu¨¦s de diversas pesquisas en torno a los polic¨ªas presuntamente involucrados en esos servicios ilegales. Toda la documentaci¨®n obra, desde ayer, en poder del gobernador civil.Las informaciones obtenidas hasta el momento en Cornell¨¢ se?alan que en la comarca del Baix Llobregat realizan servicios ilegales nueve presuntos miembros de la Polic¨ªa Nacional. A cambio de su servicio, reciben de los empresarios 6.000 pesetas mensuales y facilitan recibos en concepto de protecci¨®n o vigilancia especial.

El referido servicio consiste en establecer un circuito suplementario de vigilancia. Patrullan las zonas industriales con veh¨ªculos particulares y, utilizando su condici¨®n de funcionarios de los cuerpos de Seguridad, detienen en estos horarios extras a los sospechosos y les trasladan a la comisar¨ªa. Normalmente, tras ser sometidos a un breve interrogatorio, son puestos en libertad.

El Ayuntamiento de Cornell¨¢, tras establecer una serie de vigilancias, ha podido controlar uno de estos veh¨ªculos. El n¨²mero de su matr¨ªcula ha sido facilitado tambi¨¦n al gobernador civil para que, a partir de este dato, pueda establecerse la identidad de los responsables.

Seg¨²n Carles Navales, de la informaci¨®n obtenida se desprende tambi¨¦n que "estos grupos especia les de vigilancia se est¨¢n extendiendo no s¨®lo en la comarca, sino m¨¢s all¨¢ del ¨¢mbito de Catalu?a" Asimismo, asegura que los empresarios que les han facilitado estas informaciones se muestran dispuestos a declarar todo lo relacionado con el tema, con el fin de terminar con estas acciones ilegales.

Repetidos enfrentamientos

EL PAIS ha tenido acceso a la denuncia presentada en oto?o del a?o pasado por el industrial Ricardo Ramos Due?as, de la empresa Desguaces Rubio, de Viladecans, en la que ¨¦ste manifestaba que "se le present¨® la Polic¨ªa Nacional, con el fin de invitarle, por la m¨®dica cantidad de 6.000 pesetas al mes", a disponer de vigilancia "por parte de miembros de ese cuerpo con veh¨ªculos particulares". Ricardo Ramos accedi¨® en principio a pagar una mensualidad durante cuatro meses, hasta que el hecho fue conocido por su padre, funcionario del Ayuntamiento de I'Hospitalet. La existencia de este documento fue negada con toda rotundidad por el propio alcalde de Viladecans, el socialista Miguel Garc¨ªa Fenosa.El clima de tensi¨®n y de guerra fr¨ªa existente entre los cuerpos de la Polic¨ªa Municipal y la Polic¨ªa Nacional en algunas localidades del Baix Llobregat viene arrastr¨¢ndose desde hace m¨¢s de un a?o. Seg¨²n fuentes municipales de Viladecans, estos enfrentamientos han llegado en ocasiones a la amenaza personal. El descontento entre los miembros de las polic¨ªas municipales respecto de la actuaci¨®n de algunos miembros de la Polic¨ªa Nacional y del Cuerpo Superior de Polic¨ªa ha sido reiterado constantemente a las m¨¢ximas autoridades locales.

De toda esta situaci¨®n, seg¨²n el anterior teniente de alcalde de Gobernaci¨®n de Viladecans, Josep Llu¨ªs Atienza, se hab¨ªa informado al gobernador civil hace algunos meses. El propio oficial jefe de la Polic¨ªa Municipal de esa localidad reflejaba dicha situaci¨®n refiri¨¦ndose a la actuaci¨®n de un inspector de la comisar¨ªa de V¨ªladecansal que posteriormente se le abri¨® un expediente: "Ante estos hechos, el que suscribe est¨¢ dolorosamente harto. Se?or alcalde, le puedo prometer y prometo que si usted no toma inmediatamente medidas como corresponde, el que suscribe se ver¨¢ en la obligaci¨®n de hacer la correspondiente denuncia contra dicho se?or al jefe superior de Polic¨ªa, al gobernador civil, a los peri¨®dicos y, si hace falta, al Minister¨ªo del Interior".

Igualmente, en otros escritos, que obran en poder de EL PAIS, se pone de manifiesto la ausencia de un inspector de guardia al solicitarse que efectuara un servicio, para lo que fue necesario un requerimiento del secretario del juzgado a fin de que "se personase el inspector de guardia, ya que no se encontraba en el lugar de guardia".

Por otra parte, el oficial jefe de la Polic¨ªa Municipal de Viladecans dio ¨®rdenes a los miembros de su plantilla, en diciembre pasado, de "no hacer de taxistas, como lo estamos haciendo para los inspectores de guardia, por aquello del esp¨ªritu de cuerpo, ya que ellos tienen el coche camuflado K aparcado en Comisar¨ªa, as¨ª como los Z; dicha orden me vino respaldada por mi superior, el teniente de alcalde se?or Atienza". Seg¨²n este mismo escrito, algunos miembros de la Polic¨ªa Nacional habr¨ªan confiado sus quejas al jefe de la Polic¨ªa Municipal por el hecho de que los coches camuflados K fueran utilizados por alg¨²n inspector "para sus juergas particulares y no para servicio, como tiene obligaci¨®n".