El Gobierno estudia la creaci¨®n de un certificado diferente al actual sobre antecedentes penales

La Administraci¨®n se ha planteado, durante unas recientes reuniones en la Presidencia del Gobierno, la necesidad de establecer una certificaci¨®n diferente a la que actualmente se expide en materia de antecedentes penales, informaron a EL PAIS fuentes del Ministerio de Justicia. Este certificado, que afectar¨ªa a las personas que no han cumplido el plazo para solicitar la cancelaci¨®n o la prescripci¨®n de sus antecedentes, especificar¨ªa ¨²nicamente si ese ciudadano se encuentra inhabilitado legalmente para ejercer determinado oficio o profesi¨®n, sin detallar la existencia o no de antecedentes penales.

La expedici¨®n de este certificado, que ya se ha realizado en la pr¨¢ctica en algunos casos particulares, supondr¨ªa, seg¨²n las mismas fuentes, ser consecuentes con lo establecido por la legislaci¨®n vigente. La medida, que afectar¨ªa a una parte importante de ese casi mill¨®n y medio de espa?oles que cuentan con alguna anotaci¨®n en el Registro Central de Penados, tiene su apoyo fundamental en la misma Constituci¨®n, que en su articulo 9.2 otorga a los poderes p¨²blicos la misi¨®n de "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas", as¨ª como de "remover los obst¨¢culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci¨®n de todos los ciudadanos en la vida pol¨ªtica, econ¨®mica, cultural y social".M¨¢s concretamente, el art¨ªculo 73.2 de la ley org¨¢nica Penitenciaria (LOP) de 1979 establece que los antecedentes no ser¨¢n, "en ning¨²n caso, motivo de discriminaci¨®n social o jur¨ªdica".

Actualmente cualquier condenado por un tribunal, adem¨¢s de cumplir su pena, se ve discriminado socialmente hasta que sus antecedentes son cancelados varios a?os despu¨¦s de cumplir pena.

La discriminaci¨®n jur¨ªdica, sin embargo, dura m¨¢s, ya que a pesar de que se pueda disponer de un certificado limpio, en los archivos del Ministerio de Justicia los antecedentes no son destruidos f¨ªsicamente hasta que se cumplen los plazos previstos tanto, para su prescripci¨®n. Mientras la informaci¨®n sobre los antecedentes del individuo queda a disposici¨®n de los jueces, que pueden solicitarla en cualquier momento.

Descalificar a alguien

Fuentes ministeriales indicaron que "deber¨ªa haber una conciencia social diferente y tener en cuenta que la informaci¨®n que se da en el registro de penados no depende tanto de quien la emite como de quien la recibe, que es el que debe valorar hasta qu¨¦ punto algo puede descalificar a alguien. Se necesita que se tenga m¨¢s sentido social que estrictamente jur¨ªdico". La informaci¨®n que ofrece el registro de penados deber¨ªa ser recibida, seg¨²n las mismas fuentes, "con sentido com¨²n".Un caso que puede plantearse es el una persona que gana una oposici¨®n y tiene un antecedente en plazo de cancelaci¨®n. ?Debe renunciar a la oposici¨®n? En realidad, actualmente no hay ninguna disposici¨®n legal que le inhabilite para nada. Es m¨¢s, est¨¢ en plenitud de sus derechos constitucionales, sin ninguna limitaci¨®n.

Un proyecto de decreto, elaborado en el Ministerio de Justicia, contempla, seg¨²n pudo saber este diario, dos posibilidades de elecci¨®n para el ciudadano a la hora de tener que presentar un certificado de antecedentes penales. O presentar personalmente el certificado, como se hace ahora, o bien entregar simplemente el impreso para que lo curse la entidad interesada.

Las leyes de los registros centrales de este tipo en los pa¨ªses de nuestro entorno cultural, prohiben que la certificaciones de antecedentes que deban surtir efecto en una dependencia p¨²blica se expidan a trav¨¦s del interesado. Es una raz¨®n de comodidad para el administrado que no tiene por qu¨¦ ser mensajero entre las partes y adem¨¢s se evita el riesgo de falsificaciones, manipulaciones, etc. En la Rep¨²blica Federal Alemana, como ya se plante¨® aqu¨ª en 1980, el juez puede decidir, sobre todo en los caso que afectan a los j¨®venes. qu¨¦ sentencia debe o no generar antecedentes.

Desaparecen las faltas

El real decreto de 28 de julio sobre la aplicaci¨®n de la rehabilitaci¨®n no contemplaba la cancelaci¨®n de los antecedentes. Aquellas actuaciones que no llegan a la categor¨ªa de delito -las faltas- deb¨ªan ser conservadas en el registro, ya que al acumularse tres de ellas, la falta se recalificaba como delito. Esto ha desaparecido y las faltas siguen siendo faltas aunque haya reincidencia y desaparecen del registro sin necesidad de que el interesado curse una solicitud.La desaparici¨®n de las faltas afecta a m¨¢s de 300.000 personas, aproximadamente el 25% del total del registro.

La novedad m¨¢s importante tras la reciente reforma parcial del C¨®digo Penal es, sin duda, la eliminaci¨®n total de los antecedentes por prescripci¨®n de ¨¦stos. La prescripci¨®n tiene unos plazos -que se explican en el cuadro- y que, seg¨²n fancionarios del Ministerio de Justicia, son desconocidos por la mayor¨ªa de los interesados.

Hasta ahora no hab¨ªa m¨¢s que cancelaci¨®n de antecedentes a instancia de parte y esto no implicaba la eliminaci¨®n. Un juez pod¨ªa tener acceso, en cualquier momento, a lo que hab¨ªa hecho un individuo hace cincuenta a?os sin que jam¨¢s se le borrara cualquier delito cometido en el pasado. La prescripci¨®n, esto es, la eliminaci¨®n total de la anotaci¨®n negativa en el registro, afecta actualmente a m¨¢s de 700.000 espa?oles, un 50% de los incluidos en el registro de penados.

Si se ha cumplido ya el tiempo estipulado por la Ley para solicitar la cancelaci¨®n y el interesado no la ha solicitado por cualquier causa, el Ministerio de Justicia procede a efectuarla de oficio una vez que ha transcurrido el plazo mencionado y un a?o m¨¢s.

En 1983 aument¨® el n¨²mero de notas de condena procedentes de los diferentes magistrados y superan ya las 120.000 al a?o.