La 'mafia' del transporte

LOS ABUSOS de la informaci¨®n amarilla han producido un adormecimiento de la opini¨®n p¨²blica en lo que se refiere a la denuncia de fen¨®menos de corrupci¨®n administrativa y de enriquecimientos il¨ªcitos conseguidos gracias a los oficios de c¨®mplices o socios instalados en los aparatos del Estado. La prudencia pol¨ªtica, la escasez de pruebas o la falta de ganas de remover la basura tambi¨¦n han moderado las promesas de los socialistas de revelar desde la Administraci¨®n local o desde la central las irregularidades descubiertas en el manejo de fondos p¨²blicos. Han contribuido a esa discreci¨®n la decisi¨®n pol¨ªtica de preservar los elementos de, continuidad del Estado y la dificultad de distinguir entre las formas desnudas de corrupci¨®n y las manifestaciones suavizadas del fen¨®meno, vecinas a la corruptela, al clientelismo o al tr¨¢fico de intereses. En cualquier caso, existe una notable brecha entre las expectativas creadas por los socialistas respecto a su voluntad de sacar a la luz las corrupciones administrativas -baste con recordar la intervenci¨®n en un Pleno del Congreso del hoy vicepresidente del Gobierno blandiendo una amenazadora carpeta contra un an¨®nimo ministro del Gobierno de UCD- y las irregularidades y cohechos denunciados.O sea, que constituyen loable excepci¨®n, y no regla, las informaciones dadas por el ministro de Transportes y Comunicaciones sobre la mafia espa?ola del transporte y sus conexiones con la Administraci¨®n. El sistema de concesiones p¨²blicas y las percepciones de tasas de las l¨ªneas de autobuses de viajeros y los transportes de carga por carretera (v¨¦ase EL PA?S de los d¨ªas 9 y 10 de octubre de 1983) dibujan los contornos de un fraude que cabr¨ªa cuantificar en miles de millones de pesetas, hurtados al Tesoro P¨²blico e ingresados en las cuentas corrientes de negociantes sin escr¨²pulos y funcionarios venales. Las irregularidades parecen constituir s¨®lo una muestra de la situaci¨®n que se da en el sector. El desc¨²brimiento de tasas inventadas y pintorescas, como las de plastificado o compulsas de las tarjetas de transportes; la existencia de fondos p¨²blicos o semip¨²blicos en cuentas privadas de libre disposici¨®n a nombre de tres funcionarios y la dudosa legalidad de unas ¨®rdenes ministeriales que han costado a Renfe y al Tesoro, desde 1977, una minoraci¨®n de ingresos superior a los 30.000 millones de pesetas son la punta del iceberg del esc¨¢ndalo.

Los negocios m¨¢s suculentos se han hecho y se contin¨²an haciendo mediante las autorizaciones internacionales para el transporte de mercanc¨ªas, cuyo n¨²mero est¨¢ limitado por acuerdos bilaterales con los distintos pa¨ªses, y la concesi¨®n de l¨ªneas regulares de viajeros entre grandes n¨²cleos de poblaci¨®n. El transporte, como cualquier otra actividad excesivamente reglamentada y sometida a multitud de permisos, autorizaciones y concesiones, es terreno abonado para que florezcan el amiguismo, el clientelismo pol¨ªtico y las astillas.

Aunque la investigaci¨®n no alcance todos estos campos, sus conclusiones han puesto de manifiesto no s¨®lo indicios de responsabilidades penales, circunscritas a modestos funcionarios, sino tambi¨¦n la existencia de responsabilidades pol¨ªticas. Del informe de la inspecci¨®n se desprenden algunas preguntas inquietantes: ?C¨®mo es posible que la Direcci¨®n General de Transportes y sus jefaturas regionales pudieran estar financi¨¢ndose desde 1977 con cargo a fondos extrapresupuestarios? ?Resulta imaginable que tal situaci¨®n haya sido ignorada por los cuatro ministros que han sido titulares del departamento, por la Intervenci¨®n Delegada de Hacienda y por los responsables del Tesoro?

El tiempo permitir¨¢ saber si el desvelamiento parcial de este esc¨¢ndalo ha sido una operaci¨®n de imagen del ministro Bar¨®n o el inicio de un proyecto de saneamiento del transporte espa?ol, tarea que exigir¨ªa una seria voluntad pol¨ªtica. Para empezar, habr¨ªa que cambiar la ley de 1947, que sigue permitiendo, por medio de su art¨ªculo 35, conceder de forma graciosa l¨ªneas de viajeros salt¨¢ndose los procedimientos legales ordinarios. Tambi¨¦n es necesario poner fin a las falsificaciones de permisos de transporte internacional, que han provocado serios incidentes diplom¨¢ticos, y al mercado negro de estas autorizaciones. Resulta preciso, igualmente, meter en cintura a Renfe, que, merced al derecho de tanteo que le concede la legislaci¨®n vigente, se ha convertido, parad¨®jicamente, en la primera empresa de transportes por carretera del pais, sin explotar pr¨¢cticamente de forma directa ninguna l¨ªnea rentable. Espa?a es un pa¨ªs que se caracteriza por disponer de un parque de autobuses y camiones casi antidiluviano y por estar plagado de transportistas piratas, que burlan ilegalmente la imposibilidad de acceder a las concesiones oficiales, que siguen siendo otorgadas a los empresarios que surgieron al calor del sindicato vertical del sector. Otro esc¨¢ndalo que requiere aclaraci¨®n son aquellas agencias de transporte que intermedian la mayor parte de la actividad del sector e imponen sus condiciones a 160.000 transportistas aut¨®nomos, sin otros medios que una concesi¨®n, una secretaria y un tel¨¦fono.

Una vez aflorados todos esos datos, corresponde a la mayor¨ªa parlamentaria y al Gobierno la tarea de legislar y de administrar, con el objetivo de poner orden en tal puerto de arrebatacapas. Y al ministerio fiscal y a los tribunales incumbe la labor de dilucidar las responsabilidades penales correspondientes a los casos de fraude y cohecho. A ver si es verdad.