Vuelve la censura

Jos¨¦ Luis Romero, gobernador civil de Badajoz, ha ratificado su arbitraria decisi¨®n de impedir al periodista Jos¨¦ Mar¨ªa Pagador la entrada en las dependencias del gobierno civil y de negarle informaci¨®n procedente de fuentes oficiales. La Asociaci¨®n de la Prensa de Badajoz se ha solidarizado con el redactor del diario Hoy (que ha recurrido ya a los tribunales en defensa de sus derechos) y ha condenado p¨²blicamente la actitud del gobernador civil, digno ¨¦mulo de aquellos jerarcas del anterior r¨¦gimen que dedicaban buena parte de su tiempo a intimidar a los periodistas locales -y a tratar de salir favorecidos en las fotograf¨ªas de primera p¨¢gina de la prensa de la capital. Con esta arrogancia, Jos¨¦ Luis Romero se confiesa dispuesto a reconsiderar esas medidas punitivas, a medio camino entre el castigo impuesto por un director de colegio a un alumno d¨ªscolo y la sanci¨®n aplicada por el responsable de una agrupaci¨®n de partido a un militante hetedoroxo, si el periodista corrige su insolente actitud. Pero ocurre que el gobernador civil de Badajoz no es el prefecto de un internado ni el cabecilla de barrio de un grupo pol¨ªtico, con poder suficiente para obligar al alumno a confesar sus pecados o al militante a hacerse la autocr¨ªtica, sino el titular de un cargo p¨²blico pagado por los contribuyentes y sometido en su ejercicio a las normas de un sistema democr¨¢tico.Alg¨²n d¨ªa ser¨¢ necesario plantearse los problemas que crea a la racionalidad del Estado la supervivencia de la figura del gobernador civil en las comunidades aut¨®nomas pluriprovinciales, donde la representaci¨®n de la Administraci¨®n central es encomendada a un delegado del Gobierno. El nuevo dise?o de distribuci¨®n territorial del poder, que ha a?adido un cuarto nivel auton¨®mico a los tres previamente existentes (delegaciones perif¨¦ricas de la Administraci¨®n central, diputaciones y ayuntamientos), corre el riesgo de producir un hacinamiento disfuncional y oneroso de competencias por su empe?o en conservar organismos superfluos. Pero el caso del gobernador civil de Badajoz resulta demasiado chusco para merecer los honores de suscitar ese debate. Ante esa intolerante pataleta, basta y sobra con recordar el art¨ªculo 9 de nuestra norma fundamental, seg¨²n el cual "los poderes p¨²blicos est¨¢n sujetos a la Constituci¨®n y al resto del ordenamiento jur¨ªdico", que incluyen entre sus mandatos la igualdad de todos los espa?oles ante la ley y el derecho de cualquier ciudadano a expresar y difundir libremente ideas y opiniones y a comunicar o recibir libremente informaci¨®n veraz, y se garantiza "la interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos".

La prepotente actitud del irritable Jos¨¦ Luis Romero resultar¨ªa una an¨¦cdota simplemente grotesca si no fuera porque el grupo socialista del Ayuntamiento de Badajoz ha respaldado esa insensata medida y porque el poder ejecutivo no ha intervenido todav¨ªa para rectificar tanta majader¨ªa. Hace s¨®lo un a?o, sin embargo, los militantes del, PSOE realizaron una resonante campa?a electoral para popularizar un programa de gobierno del que pueden extraerse algunas citas pertinentes al caso. "Los socialistas insistimos en el protagonismo de la sociedad. El Estado pertenece constitucionalmente a los ciudadanos. No corresponde a ninguna burocracia, ni civil ni militar. Cuando esto se olvida, los intereses burocr¨¢ticos se anteponen a los verdaderos intereses p¨²blicos, los aparatos burocr¨¢ticos crecen mas all¨¢ de lo razonable, se derrochan los recursos p¨²blicos, se debilita la creatividad de la sociedad y se tiende a llevar al ciudadano a una actitud pasiva de beneficiario o asistido". Se dir¨ªa, sin embargo, que algunos pol¨ªticos han cambiado dr¨¢sticamente de opini¨®n desde el 28 de octubre y han resuelto sustituir como objetivo de su gesti¨®n el bien de los administrados por el bienestar de los administradores.