En defensa del Tribunal Constitucional

Tanto en el proceso de elaboraci¨®n de la Constituci¨®n como, posteriormente, al discutirse en las Cortes la ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional, yo fui uno de los diputados que m¨¢s reservas expres¨® ante el papel que se atribu¨ªa a dicho tribunal en el conjunto de las instituciones del Estado. Sin menospreciar su papel de ¨®rgano arbitral, consideraba que pod¨ªa representar una seria limitaci¨®n para el papel central que, a mi entender, deb¨ªan desempe?ar los ¨®rganos elegidos, es decir, las Cortes.El Tribunal Constitucional tiene ya detr¨¢s de s¨ª una experiencia interesante, contradictoria en algunos aspectos, discutible en otros, pero globalmente positiva para la estabilizaci¨®n de nuestro sistema democr¨¢tico.

Su primera prueba de fuego fueron los diversos recursos planteados, desde un lado y otro, sobre la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas. La jurisprudencia elaborada en este complejo tema se presta a muchas cr¨ªticas, pero lo cierto es que el protagonismo del Tribunal Constitucional ha sido un factor de pacificaci¨®n, muy preferible a lo que habr¨ªa supuesto la puesta en marcha del sistema previsto por la ex LOAPA.

Ahora el Tribunal Constitucional se encuentra ante una segunda prueba de fuego. Al existir en las Cortes una mayor¨ªa absoluta del PSOE, la derecha ha intentado -y en gran parte ha conseguido- cambiar el papel del Tribunal Constitucional, estableciendo una especie de divisi¨®n de funciones entre ¨¦ste y las propias Cortes. En el Congreso de los Diputados y en el Senado se hace la discusi¨®n pol¨ªtica y al Tribunal Constitucional se le traslada la decisi¨®n de los grandes temas para intentar darle la vuelta a la mayor¨ªa absoluta existente en las Cortes.

Para ello, la derecha intenta ejercer una gran presi¨®n sobre el propio tribunal, con el deseo de condicionar su libertad de movimientos. Para m¨ª, ¨¦ste es el sentido real de la campa?a desatada despu¨¦s de la sentencia sobre el decreto-ley de expropiaci¨®n de Rumasa.

Los recurrentes de entonces y los cr¨ªticos de ahora saben muy bien que lo de menos es ya el decreto-ley. Como la propia sentencia recuerda muy bien, el decreto ley no s¨®lo ha sido convalidado, sino que su contenido ha sido objeto de una ley posterior que nadie ha recurrido.

La virulencia de la cr¨ªtica se explica porque ¨¦sta es una sentencia desfavorable para la derecha. Se trata, pues, de ejercer la m¨¢xima presi¨®n para condicionar futuras sentencias, que tendr¨¢n tambi¨¦n un gran alcance pol¨ªtico y que la derecha quiere ganar. S¨®lo quiero recordar las relativas al aborto y la que seguramente se plantear¨¢ sobre la LODE. La derecha sabe que no tiene mayor¨ªa en las Cortes y quiere tenerla en el Tribunal Constitucional, esto es todo.

S¨®lo as¨ª se explica el tono de las cr¨ªticas vertidas. El destinatario principal de las mismas es el presidente del tribunal, Manuel Garc¨ªa Pelayo, el hombre que hace a?os, cuando aqu¨ª nos mov¨ªamos en las brumas de un derecho pol¨ªtico importado de la Alemania nazi, nos ense?¨® que exist¨ªa un derecho constitucional democr¨¢tico. En las p¨¢ginas de una revista de gran tirada he podido leer incluso acusaciones de compra y venta de su voto, que me han producido una inmensa verg¨¹enza ajena, tanto por el autor del panfleto como por los que lo han inspirado. Sobre todo cuando pienso que si el decisivo voto del presidente hubiese tenido un sentido contrario hoy estas mismas plumas le cubrir¨ªan de inmensos elogios.

Los mismos que se callaron ante otras filtraciones -como la de la sentencia sobre la LOAPA- ponen ahora el grito en el cielo ante la filtraci¨®n de la sentencia sobre Rumasa. No les importa tanto la filtraci¨®n en s¨ª -que no ha hecho m¨¢s que adelantar algo que, de todos modos, se iba a saber con toda exactitud y publicidad unos d¨ªas m¨¢s tarde-, sino la posibilidad de aprovechar el grave desliz para desprestigiar al tribunal y colocarlo a la defensiva.

Estamos, pues, ante una maniobra pol¨ªtica de largo alcance. El objetivo de sus inspiradores es modificar el equilibrio entre las instituciones, creado por la Constituci¨®n para conseguir unos resultados que el juego de esas mismas instituciones les niega. Frente a ello hay que insistir en que defender el orden democr¨¢tico instituido por la Constituci¨®n quiere decir defender el prestigio de sus instituciones y el debido equilibrio entre ¨¦stas.

No quiero decir con esto que haya que dar carta blanca a nadie. Ni al Gobierno, ni a las Cortes, ni a los partidos pol¨ªticos, ni a las mayor¨ªas absolutas, ni, por supuesto, al Tribunal Constitucional. La democracia no s¨®lo significa elecci¨®n de los dirigentes pol¨ªticos sino tambi¨¦n, y principalmente, control sobre ellos. M¨¢s todav¨ªa: quiz¨¢ una de las mayores cr¨ªticas que se pueden hacer contra el actual Gobierno es la terrible insuficiencia de los medios de control democr¨¢tico con que cuentan los ciudadanos.

Pero de esto a los m¨¦todos utilizados contra el Tribunal Constitucional hay un abismo: el abismo que separa a los partidarios de la democracia de aquellos que s¨®lo la aceptan cuando les beneficia a ellos.