Soborno

LA 'DIMISI?N' de Andr¨¦s Hern¨¢ndez Ros como presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut¨®noma de Murcia guarda relaci¨®n directa con la tentativa emprendida por Francisco Serrano, responsable de finanzas del PSOE y concejal del ayuntamiento de la capital, para sobornar a dos periodistas del diario La Verdad. Joaqu¨ªn Garc¨ªa Cruz y Jos¨¦ Luis Salanova Fern¨¢ndez -redactores del diario murciano- denunciaron la entrega de medio mill¨®n de pesetas por el dirigente socialista, que pretend¨ªa comprar con dinero el apaciguamiento cr¨ªtico de ambos periodistas en relaci¨®n con el presidente de la comunidad aut¨®noma. Los tribunales se pronunciar¨¢n en su d¨ªa sobre el asunto. Entretanto, cada cual es libre de realizar sus apuestas, asumiendo la inevitable cuota de riesgo, sobre la veracidad de las declaraciones de unos y de otros en torno al vergonzoso asunto. No hemos podido encontrar ni un gramo de duda razonable que impida dar por sentado que los dos periodistas fueron objeto de un intento de soborno. M¨¢s insegura resulta, en cambio, la tarea de delimitar las responsabilidades dentro del PSOE a prop¨®sito de este sucio incidente. En cualquier caso, dif¨ªcil lo tienen quienes propongan convertir a Francisco Serrano en el solitario chivo expiatorio de un asunto que implica, por imperativos de la l¨®gica, a otras instancias. Porque no parece probable que el dinero destinado a los periodistas procediera del bolsillo privado del responsable de finanzas del PSOE de Murcia.Desde hace meses, las tentativas m¨¢s o menos encubiertas realizadas por algunos medios oficiales -en su mayor¨ªa pertenecientes a las comunidades aut¨®nomas- para mediatizar a empresas y periodistas, son moneda corriente en el mundo de la Prensa. De esta maijera, el fracaso de la pol¨ªtica informativa del Gobierno encontrar¨ªa su reverso de eficacia a trav¨¦s de, una guerra sucia orientada a sobornar a periodistas para llevarles a defender las tesis, las posiciones o las im¨¢genes de l¨ªderes que el razonamiento y la informaci¨®n les impiden amparar. La eterna discusi¨®n moral en torno a la distribuci¨®n de las culpas entre los corruptores y los corrompidos resulta bizantina. Las responsabilidades pol¨ªticas corresponden en este caso ¨ªntegramente a los cargos p¨²blicos que fueron elegidos por los ciudadanos para administrar los recursos presupuestarios y que acudieron a las urnas bajo los avales de los 100 a?os de honradez del partido fundado por Pablo Iglesias y del programa de cambio y reforma moral lanzado por Felipe Gonz¨¢lez. Nadie puede olvidar, en este sentido, las en¨¦rgicas denuncias expresadas durante la campa?a electoral de 1982 por el hoy presidente del Gobierno contra la utilizaci¨®n defondos reptiles por anteriores Gobiernos para corromper a la Prensa.

El PSOE es una formaci¨®n pol¨ªtica reconstruida desde sus cenizas a partir de 1974. En el congreso de diciembre de 1976, sus militantes eran s¨®lo unos escasos millares. Los buenos resultados electorales obtenidos por los socialistas en 1977 y 1979 hicieron presagiar su acceso al poder a corto plazo. Las decenas de miles de cargos p¨²blicos -pertenecientes a las administraciones central, auton¨®mica, provincial y municipal- en perspectiva constituyeron, sin duda, un atractivo aliciente para que un n¨²mero indeterminado de oportunistas acudieran en ayudadel vencedor en v¨ªsperas de su triunfo. Pero los peligros de corrupci¨®n no proceden s¨®lo de esos convidados de ¨²ltima hora al banquete. El ejercicio del poder parece haber desarrollado en algunos sectores de los nuevos administradores estilos de comportamiento lindantes con la patrimonializaci¨®n del Estado, y pr¨¢cticas de corrupci¨®n, como el intento de soborno producido en Murcia.

La ¨²nica cuesti¨®n abierta a la discusi¨®n, en el terreno de los hechos, es la magnitud de esos fen¨®menos. Es probable que la corrupci¨®n entre los cargos p¨²blicos socialistas sea mucho menor de lo que sus adversarios de la derecha -algunos ocupados todav¨ªa en borrar las huellas de su anterior paso por el Estado- insin¨²an o proclaman. Pero los socialistas no est¨¢n en condiciones de esgrimir el prindipio de la presunci¨®n de inocencia en el terreno de la administraci¨®n de los recursos p¨²blicos, entre otras razones porque durante su estancia en la oposici¨®n no aplicaron el beneficio de la duda a sus competidores.

El Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez conserva un alto grado de credibilidad, entre otras cosas porque buena parte de los ciudadanos creen en la honradez del presidente y de la gran mayor¨ªa de sus colaboradores. Ese capital pol¨ªtico y moral puede desbaratarse si el Gobierno y su partido adoptan ante este tipo de fen¨®menos degenerativos en la Administraci¨®n una actitud pasiva o deciden protegerse de una supuesta campa?a orquestada. El caso de Murcia debe ser investigado hasta sus ra¨ªces, aunque ¨¦stas se extiendan a insospechados lugares del PSOE y, pongan en diricil situaci¨®n a quienes promovieron y ampararon a Andr¨¦s Hern¨¢ndez Ros y Francisco Serrano.