La Fiscal¨ªa del Estado investiga presuntos delitos monetarios y fiscales en las cuentas de 1982 de la federaci¨®n de Porta

La Fiscal¨ªa General del Estado, seg¨²n ha trascendido, investiga presuntos delitos monetarios y fiscales en las cuentas de la Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol de 1982, fecha en que se disput¨® en nuestro pa¨ªs el Mundial. El Consejo Superior de Deportes, hace casi ya un mes, pas¨® a la Fiscal¨ªa General del Estado el informe que la Intervenci¨®n General del Estado realiz¨® sobre las cuentas de esta Federaci¨®n, correspondientes a esa fecha, por si sus irregularidades presuponen materia delictiva. La Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol, a trav¨¦s de portavoces oficiosos -se asegura que no se pronunciar¨¢ oficialmente hasta el viernes, fecha en que se reunir¨¢ su Junta de Gobierno-, insiste en que la Administraci¨®n no es competente para fiscalizar sus ingresos propios, que como tales consideran los correspondientes al Mundial-82.La investigaci¨®n que desde hace ya varios d¨ªas inici¨® la Fiscal¨ªa General del Estado podr¨ªa alcanzar, por otra parte, a altos cargos de la Administraci¨®n anterior. El secretario de Estado para el deporte, Rom¨¢ Cuy¨¢s, ya insinu¨® el pasado lunes, en la conferencia de prensa que celebr¨® para dar cuentade la auditor¨ªa de la federaci¨®n de 1982, la posibilidad de que el propio Consejo Superior de Deportes, organismo de la Administraci¨®n, pudiese ser considerado responsable subsidiario de determinados acuerdos.

Este asunto se refiere, principalmente, al pago de determinadas cantidades a los clubes Atl¨¦tico de Madrid, Valencia, Athl¨¦tic de Bilbao y Zaragoza para la instalaci¨®n de videomarcadores en sus respectivos terrenos de juego. En la Federaci¨®n Espa?ola se asegura que el entonces secretario de Estado, Jes¨²s Hermida, firm¨® un documento por el que dicho organismo se comprometi¨® a sufragar esa instalaciones y que dicha subvenci¨®n es independiente de la que se presupuest¨® para el organismo federativo en ese a?o.

La Fiscal¨ªa General del Estado, por otra parte, comenz¨® ya sus trabajos de investigaci¨®n para estimar si existe materia delictiva o no en las cuentas federativas de 1982. En este senticro solicit¨® ya diferentes documentos al Consejo Superior de Deportes y al propio organismo federativo.

Justificaciones federativas

Fuentes de la federaci¨®n, por otro lado, recurrieron ayer al art¨ªculo 23.7 de la Ley de Cultura F¨ªsica y del Deporte para justificar la incompetencia de la Administraci¨®n en auditar los ingresos propios de una entidad de car¨¢cter privado como es el organismo federativo. El Consejo Superior de Deportes, indica, puede: "fiscalizar las subvenciones econ¨®micas y de equipamiento que hubiese concedido". Seg¨²n dirigentes federativos, en este art¨ªculo se habla ¨²nicamente de subvenciones y no de ingresos propios.Tambi¨¦n aseguraron las mismas fuentes que se ha incumplido por parte de la Administraci¨®n el art¨ªculo 25.6 del real decreto 177/ 1981 de 16 de enero, sobre clubes y federaciones deportivas, que establece textualmente: "Las verificaciones contables deber¨¢n realizarse por dos censores jurados de cuentas, designados de com¨²n acuerdo por la Entidad y el Consejo Superior de Deportes". Dirigentes de la federaci¨®n aseguraron que dicho acuerdo no se produjo y que los dos censores jurados que auditaron en principio sus cuentas fueron designados ¨²nicamente por el Consejo Superior de Deportes.