Una democracia siempre amenazada
Bolivia, en medio de una situaci¨®n economica dram¨¢tica, sufri¨® esta semana un nuevo sobresalto
La coyuntura de este pa¨ªs, de m¨¢s de seis millones de habitantes, no puede ser m¨¢s dram¨¢tica para gobernantes y gobernados. Con una econom¨ªa casi paralizada, con escasos ingresos propios, sin recursos alimenticios y una onerosa deuda externa que pagar, los bolivianos se enfrentan a angustiosas disyuntivas para salvar el precario proceso democr¨¢tico y asegurar su permanencia futura.As¨ª, a nivel gubernamental, e presidente Hern¨¢n Siles se ha visto obligado, finalmente, a olvidar muchos de sus postulados populistas de su campa?a electoral para salvar al pa¨ªs en base a un programa de rehabilitaci¨®n econ¨®mica encuadrado en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que involucran un alto y doloroso costo social.
A nivel laboral y popular, lo bolivianos se encuentran casi limitados a rechazar de viva voz el conjunto de medidas econ¨®micas -dictadas hace casi dos semanas- y abstenerse de cualquier medida extrema de presi¨®n para no poner en riesgo la democracia, que tanta sangre y esfuerzo cost¨® a los bolivianos.
Pero en ese dif¨ªcil equilibrio de unos y otros se enmarca ahora la disputa institucional, entre polic¨ªa y fuerzas armadas, del armamento donado por el Gobierno de Francia y los entredichos entre autoridades civiles y militares.
El presidente Siles, que hereda por segunda vez una grave crisis econ¨®mica, similar a la de 1956 cuando asumi¨® la presidencia de la Rep¨²blica, tuvo que decidirse, finalmente, por las medidas duras, tras tres intentos relativamente ajenos a las recomendaciones del FMI para enderezar la deteriorada econom¨ªa boliviana.
Obligado por su abierta dependencia, el mandatario de 73 a?os decreto la devaluaci¨®n del peso boliviano en un 300%, el incremento de precios en un promedio del 250% y una compensaci¨®n salarial que no representa, seg¨²n los dirigentes sindicales, ni el 10% de la elevaci¨®n del costo general de vida.
Las medidas, que buscan frenar una inflaci¨®n que amenazaba llegar al 1.000% en 1984, est¨¢n consideradas como las m¨¢s duras de los ¨²ltimos diez a?os. Los bolivianos han visto como en dos semanas su econom¨ªa aument¨® un cero m¨¢s en sus gastos, mientras que sus ingresos no fueron sustancialmente modificados.
La situaci¨®n resulta ser mucho m¨¢s dram¨¢tica no s¨®lo por la declarada carest¨ªa y escasez de art¨ªculos alimenticios (que sume en el hambre a mayor n¨²mero de gente cada d¨ªa), sino porque el 70% de la poblaci¨®n de este pa¨ªs padece de desnutrici¨®n en uno de sus tres grados, la esperanza de vida al nacer se limita a los 45 a?os y, por si fuera poco, el ¨ªndice de mortalidad infantil supera el 250 por cada mil nacidos vivos.
Buena voluntad
Estas medidas -que seg¨²n los especialistas debieron tomarse al inicio de la gesti¨®n de Siles- pretenden igualmente romper el cerco financiero impuesto en 1980, cuando reg¨ªmenes ligados al tr¨¢fico de narc¨®ticos detentaban el poder, y que permanece a¨²n pese a las gestiones realizadas por el Gobierno democr¨¢tico. Pretenden tambi¨¦n demostrar 'la voluntad' de renegociar la deuda externa (cuyo monto contratado es de 5.000 millones de d¨®lares) con la banca internacional privada, a fin de asegurar capitales de inversi¨®n para el desarrollo.
La reacci¨®n obrera y popular tras las medidas econ¨®micas se ha expresado en un renovado movimiento huelgu¨ªstico, que est¨¢ paralizando el ya lento ritmo de producci¨®n del escu¨¢lido sector productivo boliviano.
"El movimiento obrero se encuentra ante la grave encrucijada de defender el proceso democr¨¢tico conquistado por los trabajadores y el pueblo boliviano o protestar con todos nuestros pulmones contra las medidas hambreadoras...", dijo el dirigente Juan Lech¨ªn Oquendo en el ¨²ltimo congreso minero. Lech¨ªn justific¨® las huelgas de los trabajadores, a las que calific¨® como "fruto de la dram¨¢tica situaci¨®n de los trabajadores, fruto de las medidas que son lesivas al proceso democr¨¢tico".
La oposici¨®n pol¨ªtica -que en las ¨²ltimas semanas se debilit¨® a ra¨ªz del receso anual del Parlamento- critic¨® a Siles el haber provocado la presente coyuntura por "su indecisi¨®n e indefinici¨®n pol¨ªticas" y por "la falta de autoridad gubernamental" que permiti¨® un creciente poder "anarcosindicalista" y que arranc¨® del Gobierno compromisos poco posibles de cumplir en base a huelgas y paros que obviaron toda norma legal.
El propio Siles se quej¨®, hace alg¨²n tiempo, del descenso de la producci¨®n a causa de paros y huelgas, del abuso de los derechos democr¨¢ticos y sindicales y del total desconocimiento de las obligaciones para preservar la democracia en el marco del respeto institucional y legal.
El Ministerio de Trabajo inform¨® que en 1983 no se trabajaron un total de 668 d¨ªas por huelgas, paros, bloqueos de caminos y otros factores. En lo que va de este a?o, se han registrado 1,4 conflictos laborales por d¨ªa.
Pero, al margen de las cr¨ªticas a la acci¨®n sindical, principalmente de la derecha, es evidente que el movimiento obrero, a trav¨¦s de la Central Obrera Boliviana (COB), se ha constituido en un decisivo factor de poder -s¨®lo comparable a 1971, cuando en el campo pol¨ªtico logr¨® constituir la asamblea popular-, que aglutina a los asalariados y tiene consenso popular.
Trabajadory,y dirigentes son conscientes de ello, aun cuando existe, en criterio del m¨¢ximo l¨ªder sindical, Juan Lech¨ªn, una amenaza de divisi¨®n,sobre el movimiento sindical a causa de la pugna ideol¨®gica.
La convicci¨®n democr¨¢tica de la clase sindical -que reconoce como vital el sistema para llegar al gobierno obrero, objeto final de la lucha laboral boliviana- se ha reflejado una vez m¨¢s este jueves, cuando la reuni¨®n nacional de dirigentes se limit¨® a decretar una huelga de 72 horas en protesta por las medidas econ¨®micas y la exigencia de una revisi¨®n de las mismas.
Exist¨ªa, empero, una fuerte corriente de las bases para decretar una huelga general indefinida, que habr¨ªa conducido a un total debilitamiento del Gobierno de Siles.
Tanto el Gobierno como los trabajadores son conscientes del equilibrio que deben mantener en esta cuerda floja para preservar la democracia. En este juego, empero, acaba de surgir un factor que podr¨ªa convertirse -si no se resuelve salom¨®nicamente- en la causa o el germen de fermento de un 'proceso regresivo', en el que siempre existen interesados en este pa¨ªs, donde el caudillismo y la ambici¨®n de poder es debilidad de muchos.
Disputa por las armas francesas
Este factor no es ni m¨¢s ni menos que la donaci¨®n francesa de armas, municiones y equipos de transmision que, aunque desechados por el Ej¨¦rcito franc¨¦s (datan de 1949), son objeto de pugna entre las fuerzas armadas y la polic¨ªa.
El problema se torn¨® m¨¢s delicado despu¨¦s de que altos jefes militares de las fuerzas armadas y de las tres fuerzas (ej¨¦rcito, aire y armada) desmintieron -sin ocultar su disgusto- a ministros del Gobierno de Siles que hab¨ªan se?alado que la internaci¨®n de armas francesas fue de previo conocimiento de la instituci¨®n castrense.
Los militares han pedido a Siles la custodia del armamento "hasta que decida su destino", seg¨²n un informe oficial, pero seg¨²n el comandante del ej¨¦rcito, general Sim¨®n Sejas, la instituci¨®n castrense ha pedido "terminante, firme y decididamente" que el armamento "pase a propiedad de las fuerzas armadas".
La posici¨®n de los jefes militares -que, a nivel interno, les permitir¨ªa jugar pol¨ªticamente- refleja la voluntad que tienen de mantener su hegemon¨ªa b¨¦lica y su indiscutible poder en el pa¨ªs.
La polic¨ªa, marginada generalmente de ese privilegio, pugna por reemplazar sus viejos Mauser (donaci¨®n alemana, despu¨¦s de la primera guerra mundial) por el armamento franc¨¦s (que data de 1949), con el objetivo, dicen, de enfrentar la creciente delincuencia com¨²n y la lucha contra los traficantes de coca¨ªna, munidos de sofisticado armamento b¨¦lico.
El presidente Siles, adem¨¢s de mantener el precario equilibrio con el poder obrero, tendr¨¢ que decidir el destino de la donaci¨®n francesa, evitando, en todo caso, fricciones con una y otra fuerza en un pa¨ªs cuya historia registra casi doscientos golpes de Estado, revoluciones y compl¨®s subversivos.
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