Betancur intenta pacificar Colombia y erradicar la violencia pol¨ªtica de los grupos paramilitares

ENVIADO ESPECIAL, La pol¨ªtica de pacificaci¨®n emprendida por el presidente Belisario Betancur, iniciada con el previsto alto el fuego con la guerrilla a partir del pr¨®ximo lunes 28, tiene su objetivo final en la erradicaci¨®n de la violencia pol¨ªtica, protagonizada fundamentalmente por grupos paramilitares que d¨ªa a d¨ªa desangran las zonas rurales de Colombia.

M¨¢s de 1.500 personas mueren cada a?o v¨ªctimas de la violencia pol¨ªtica en este pa¨ªs. La mayor parte de ellas son campesinos sospechosos de colaborar con la guerrilla o, en n¨²mero mucho menor, sospechosos de colaborar con el Ej¨¦rcito. Entre las v¨ªctimas hay tambi¨¦n concejales, profesionales, dirigentes sindicales y l¨ªderes pol¨ªticos de la izquierda.Seg¨²n las denuncias presentadas por el ¨²ltimo informe de la Comisi¨®n de Derechos Humanos de Colombia, 457 personas murieron entre enero y agosto del pasado a?o en circunstancias no aclaradas. De ellas, 223 fueron asesinadas a manos de organizaciones paramilitares que algunas fuentes relacionan con servicios secretos del Ej¨¦rcito y matones a sueldo de los grandes propietarios.

Otros 155 asesinatos llevan la marca del Movimiento Antisecuestros (MAS). Esta siniestra organizaci¨®n fue creada en 1980 por los capos del narcotr¨¢fico para dar ejemplo a los guerrilleros que intentasen secuestrar a jefes mafiosos. Paulatinamente las siglas fueron pasando a manos de los grandes terratenientes, que imponen la justicia por su mano en sus territorios para defenderse de los secuestros y los impuestos revolucionarios exigidos por la guerrilla.

La mencionada organizaci¨®n est¨¢ relacionada con los sectores m¨¢s relevantes de la pol¨ªtica y de los negocios, cuyos nombres son conocidos por la polic¨ªa y por los jueces. El presidente Betancur ha prometido en varias ocasiones acabar con el MAS, pero para ello ser¨ªa necesario antes una reforma en profundidad de la justicia colombiana, con el fin de evitar que los jueces cedan tan f¨¢cilmente al soborno o a la amenaza. Hasta ahora ni uno s¨®lo de los cr¨ªmenes del MAS ha sido esclarecido.

Entre la cifra oficial de muertos facilitada por la Comisi¨®n de Derechos Humanos figuran 79 asesinatos en los que se ha comprobado la participaci¨®n directa del Ej¨¦rcito. Igualmente se ha informado de casos de represi¨®n indiscriminada, como el bombardeo por aviones militares, en agosto del pasado a?o, de un camino en la localidad de Cimitarra, con un balance de 17 campesinos muertos.

A principios del pasado a?o el procurador general de Colombia denunciaba, con nombres y apellidos, la participaci¨®n en el MAS de m¨¢s de 59 oficiales de alta graduaci¨®n en activo. El tema pas¨® a manos de la justicia militar y hoy todos esos militares siguen ocupando altos cargos en las Fuerzas Armadas. Seg¨²n fuentes de absoluto cr¨¦dito, si se a?aden a esta cifra los militares retirados que forman parte de la organizaci¨®n terrorista, el n¨²mero total asciende a 160.

En lo que va de a?o, seg¨²n fuentes oficiales, han sido asesinados entre 120 y 200 campesinos solamente en la regi¨®n de Urab¨¢, en la frontera con Panam¨¢. Durante el mismo per¨ªodo han perdido la vida tambi¨¦n 400 guerrilleros y 86 militares.

Estas alarmantes cifras, s¨®lo superadas en Am¨¦rica Latina por la guerra civil de El Salvador, no son un buen augurio para los proyectos de paz de Betancur. Su oferta de amnist¨ªa a la guerrilla, a finales de 1982, fue en parte abortada porque cinco de los amnistiados desaparecieron posteriormente en circunstancias extra?as. Ni el Gobierno ni la Comisi¨®n de Paz pueden en este momento garantizar a los guerrilleros que abandonen las armas que su vida ser¨¢ respetada por los paramilitares y el MAS, decididos a acabar por la fuerza con el problema guerrillero.

La Comisi¨®n de Derechos Humanos denunci¨® tambi¨¦n que la actividad rebelde en algunas regiones ha impedido el desarrollo agr¨ªcola, porque muchos propietarios abandonan sus fincas por temor a los secuestros. Esta situaci¨®n ha llevado a que un pa¨ªs esencialmente agr¨ªcola haya tenido que importar el pasado a?o 300 millones de d¨®lares (unos 45.000 millones de pesetas) en alimentos.