Una cierta aureola

Los funcionarios de los juzgados, los colegios de abogados, las juntas de gobierno de las facultades de Derecho muestran estos d¨ªas su apoyo a los jueces donostiarras en un amplio movimiento solidario del que participan intelectuales y artistas prestigiosos, fuerzas pol¨ªticas y buena parte de la opini¨®n p¨²blica vasca. Una reacci¨®n significativa si se tiene en cuenta la secular desconfianza de la poblaci¨®n vasca ante el poder judicial y el descr¨¦dito que ha supuesto para la nueva Administraci¨®n de justicia la aparente impunidad de determinadas conductas policiales.Los magistrados que, a su pesar, han sido noticia obligada en las ¨²ltimas semanas no forman un colectivo homog¨¦neo, son personas de edades e ideolog¨ªas dispares que tienen en com¨²n el haber sido destinados a Euskadi y el haberse mostrado respetuosos con la Constituci¨®n y con la salvaguardia de los derechos humanos. Sin propon¨¦rselo, han conseguido rodearse de una cierta aureola de "hombres honrados con madera de h¨¦roes", y representan ya una,referencia esperanzadora para todos aquellos que creen que Euskadi necesita hoy m¨¢s que ninguna otra cosa unajusticia verdadermante democr¨¢tica si se quiere avanzar en el terreno de la pacificaci¨®n y de la normalizaci¨®n pol¨ªtica y social.Algunos de estos magistrados han sido expedientados -expediente ya sobreseido- por el Consejo General del Poder Judicial de Guip¨²zcoa, por denunciar la pr¨¢ctica de torturas en dependencias policiales. La tortura en Euskadi sigue siendo una escandalosa evidencia para la opini¨®n p¨²blica vasca, m¨¢s all¨¢ de las denuncias de los jueces o de Amnist¨ªa Internacional, del testimonio directo.de detenidos o de las conclusiones de informes bien documentados.En contra de quienes insin¨²an la conveniencia de acallar estos hechos para no facilitar argumentos a ese sector pol¨ªtico supuestamente instrumentalizado por ETA, que no cree en la democracia o que no cree que esto sea una democracia, los jueces donostiarras han optado por la aplicaci¨®n escrupulosa de la ley y por la persecuci¨®n de los delitos de torturas, cuya inexistencia, por otra parte, dejar¨ªa obviamente sin ese argumento a aquellos que justifican la violencia provocadora del terrorismo. Por primera vez, los jueces han visitado los cuarteles y comisar¨ªas donde se interrogaba a detenidos y han podido comprobar lo justificado o no de las denuncias, presentadas a veces por meras sospechas o apoyadas en el testimonio de detenidos puestos en libertad que pudieron ser supuestamente torturados en dependencias policiales.Despu¨¦s de esta iniciativa se han sucedido en cascada los plantes a la justicia por parte de funcionarios policiales citados a participar en careos y en ruedas de identificaci¨®n: el telegrama de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil que justificaba "por necesidades de servicio" la incomparecencia de 10 miembros de ese cuerpo y, m¨¢s recientemente, la recusaci¨®n de un magistrado con argumentos pol¨ªticos calificados de provocaci¨®n en medios de la judicatura.La conducta de estos jueces no contradice, por otra parte, el hecho de que, para la gran mayor¨ªa, Euskadi representa un destino forzoso, provisional y comprometido. La continua movilidad, reflejada en el dato de que 24 magistrados jueces han abandonado los tres juzgados de Instrucci¨®n de San Sebasti¨¢n desde marzo de 1981, crea un ambiente de permanente provisionalidad, obstaculiza una eficaz administraci¨®n de la justicia y consigue que una sentencia se retrase varios a?os, tal y como han denunciado los asistentes al reciente congreso de abogados de Euskadi.

Desarraigo

Durante el per¨ªodo que est¨¢n obligados a, permanecer en Euskadi -dos a?os para aquellos que excepcionalmente solicitan este destino-, los jueces viven separados de sus familiares y raramente alternan o se relacionan fuera de su c¨ªrculo. Se sienten desarraigados, a veces amenazados y casi siempre decepcionados por el descr¨¦dito que amplios sectores de la poblaci¨®n observan en la acci¨®n de la justicia.

La sobrecarga de trabajo -una media anual de 4.000 diligencias penales-, los problemas de vivienda, la falta de est¨ªmulos, la tensi¨®n pol¨ªtica y la imagen forzada y distorsionada de una Euskadi en permanente conflicto contribuyen a la deserci¨®n general. Hubo un juez que durante su estancia en el Pa¨ªs Vasco dorm¨ªa debajo de la cama por temor a un atentado; pero, por encima de esta an¨¦cdota jocosa, si no fuera dram¨¢tica, es cierto que otros muchos llevan una vida de discreci¨®n y recelo.Los jueces, sin embargo, no han sido el blanco principal de ETA. Un magistrado de Trabajo sufri¨® un atentado del que sali¨® ileso y este mismo a?o un juez ha abandonado Euskadi despu¨¦s que la polic¨ªa descubriera su fotograf¨ªa en un piso utilizado por los Comandos Aut¨®nomos Anticapitalistas. A cambio, circulan fuera de Euskadi historias noveladas en las que los protagonistas, jueces que cumplieron destino en el Pa¨ªs Vasco, figuran como v¨ªctimas heroificadas de atentados y amenazas de los que ni siquiera existen indicios.

Aquellos que permanecen el tiempo suficiente como para asomarse a la realidad y desempe?ar una cierta labor estable, esos que han asumido la idea de que si son aceptados por la sociedad vasca ser¨¢ pese a su condici¨®n de jueces, se encuentran con que los hechos violentos que m¨¢s crispan la convivencia, los cr¨ªmenes de ETA o de la extrema derecha, dependen de la Audiencia Nacional. Ven as¨ª mermadas sus competencias y facultades pese a ser los jueces naturales de la comunidad espa?ola en la que m¨¢s se vulneran los derechos humanos.

El rechazo de la Junta de Jueces de San Sebasti¨¢n al proyecto de ley de h¨¢beas corpus se asienta precisamente en el hecho de que se reserva a la Audiencia Nacional las competencias sobre los procedimientos de h¨¢beas corpus en los casos de detenidos sospechosos de terrorismo. En opini¨®n de la Junta, los jueces encargados de vigilar los abusos de la ley Antiterrorista se ven as¨ª privados de un instrumento fundamental para el e ercicio de ese control.

La instrucci¨®n de las diligencias en Euskadi por supuestas torturas en la pr¨¢ctica, y coincidiendo con el incremento de los informes forenses, muchos de los detenidos son trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Burgos, fuera de la competencia de los juzgados donostiarras, aduciendo para ello que la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebasti¨¢n est¨¢ en obras.Encapuchados

El testimonio de personas puestas en libertad tras haber permanecido detenidas en dependencias de la Guardia Civil de Burgos indica que quienes participan en los interrogatorios llevan el rostro cubierto para no poder ser identificados. A juicio de algunos autores, la Administraci¨®n de justicia en Euskadi plantea la necesidad de estabilizar la estancia de los jueces, de devolver a, los tribunales ordinarios las competencias sobre los casos de terrorismo, siguiendo el ejemplo italiano, y de crear una polic¨ªa judicial a las ¨®rdenes de los magistrados.

Se habla de la autonom¨ªa judicial y de la oportunidad de recuperar elantiguo proyecto de creaci¨®n de un consejo territorial del poder judicial como una forma id¨®nea de legitimar la justicia ante el pueblo vasco. Y se apunta que la perviv¨ªencia de la Audiencia Nacional no tendr¨¢ sentido el d¨ªa en que se cree el tribunal de justicia de Euskadi y aqu¨¦lla asuma las competencias constitucionales y estatutarias como ¨®rgano judicial en el que se agotan todas las instancias, incluida la penal, salvo las competencias propias del Tribunal Supremo.

Mientras tanto, el Gobierno vasco concede becas de 300.000 pesetas a los licenciados en Derecho que se comprometan a solicitar destino en Euskadi cuando logren acceder a la judicatura.