La Audiencia de Barcelona examin¨® 12 recursos de apelaci¨®n por fraude a la Seguridad Social

La Secci¨®n Tercera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona examin¨® ayer 12 recursos de apelaci¨®n interpuestos por empresarios procesados por su presunta intervenci¨®n en el fraude a la Seguridad Social, cuyo montante total ascendi¨® a m¨¢s de 3.000 millones de pesetas. Mientras el fiscal y la acusaci¨®n popular ejercida por el sindicato de CC OO de Catalu?a mantuvieron sus tesis iniciales sobre la participaci¨®n de los procesados en los delitos de cohecho, falsedad en documento p¨²blico y estafa, los abogados defensores alegaron la improcedencia de los procesamientos y reclamaron la revocaci¨®n de los autos correspondientes.Los recursos de apelaci¨®n contra los procesamientos examinados ayer hab¨ªan sido interpuestos por los empresarios y directivos Vicente Gil Garc¨ªa, empresario individual; Luis Agust¨ª Sans, de Agust¨ª L¨¢mparas, SA; Manuel Rodr¨ªguez Cruz y Jos¨¦ Ortiz Almansa, del grupo Ortipl¨¢s, SA, Estudios Gema, SA, y Gema 1, SA; Marlo Travelini, fallecido hace pocos meses y representante de Elbi, SA; Pedro Morilla Sagu¨¦s, de Hilados Dusol, SA; Antonio Almirall, de Almar, SA, y Suministros Cer¨¢rmicos del Vall¨¦s, SA; Jos¨¦ Delgado Garrido, de Textil Roger Dieste, SA; Ernesto Santacana y Francisco Javier Masana, de F¨¢brica Electrot¨¦cnica Josa, SA; y Pedro Prat Gonz¨¢lez y Arsenio M¨¦ndez de Vives Vidal, SA.

En total, las cantidades supuestamente defraudadas por la totalidad de las empresas representadas en los recursos de ayer ascend¨ªa a cerca de 283 millones de pesetas. La mayor¨ªa de los procesados representan a peque?as empresas de diversos sectores industriales. F¨¢brica Electrot¨¦cnica Josa, SA, de Rub¨ª, es la de mayor dimensi¨®n y tambi¨¦n la presuntamente implicada en mayor medida en el fraude, por un total de 175 millones de pesetas.

Los abogados de los procesados insistieron en que no ha existido defraudaci¨®n, sino ¨²nicamente levantamientos casuales de requerimientos de pago de cuotas a la Seguridad Social por debajo de las cantidades debidas, sin que en ello interviniera la voluntad de sus defendidos. Afirmaron por ello que, al menos en sus respectivos casos, los procesados no fueron autores ni participaron en los delitos de falsedad, cohecho y estafa. El abogado Joan Coscubiela, en representaci¨®n de la acci¨®n popular ejercida por CCOO, argument¨®, por el contrario, que todos los procesados conoc¨ªan el delito y se beneficiaron de ¨¦l, en tanto que ingresaron a la Seguridad Social cantidades ostensiblemente inferiores a las debidas, tras haber influido para que ello fuera as¨ª, mediante el cohecho y la falsificaci¨®n de documentos.

20 recursos de apelaci¨®n

Un total de 20 recursos de apelaci¨®n contra los procesamientos, que afectan a m¨¢s de 100 empresas catalanas, han sido ya vistos ante la Audiencia Provincial de Barcelona desde junio de 1983 hasta la actualidad. La Sala confirm¨® los procesamientos de todos los recurrentes, excepto en el caso de Fausto Berini Geli, directivo de la empresa J. Coma Cross, SA, del grupo Juncadella, aunque mantuvo asimismo los procesamientos de Francisco Bay¨®n y Javier Juncadella, de la misma empresa, por considerar que estos ¨²ltimos tuvieron presuntamente la actuaci¨®n principal en aquel caso.Un total de 18.803 trabajadores resultaron afectados por actas fraudulentas a la Seguridad Social, seg¨²n un balance provisional efectuado por la acusaci¨®n popular de CC OO. Los requerimientos correspondieron a 125 empresas y significaron una defraudaci¨®n de 3.443 millones de pesetas. La fase instructora del ya gigantesco sumario, cuyo volumen supera los 14.000 folios, se prolonga desde enero de 1983, a causa de la gran cantidad de personas implicadas y recursos de apelaci¨®n interpuestos, de los que s¨®lo una peque?a parte han sido examinados por la Audiencia de Barcelona.

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Barcelona dict¨® un total de 73 procesamientos, 58 de los cuales corresponden a empresarios y directivos de empresa, tres inspectores de Trabajo, dos abogados, dos graduados sociales, seis asesores intermediarios y dos funcionarios. La principal implicaci¨®n en el fraude se atribuye a 10 personas, que actuaron de forma m¨²ltiple en los hechos. Entre ¨¦stos se encuentra el ex delegado de Trabajo en funciones de Barcelona, Graciniano G¨®mez Cat¨®n, y el inspector de Trabajo Ram¨®n Ballesteros, ambos huidos de Espa?a desde el descubrimiento de la defraudaci¨®n.