La clausura del 'santuario' franc¨¦s

LAS INFORMACIONES disponibles (v¨¦ase EL PAIS de 11 y 12 de junio) sobre unos eventuales acuerdos entre los Gobiernos de Madrid y de Par¨ªs que al parecer ser¨¢n ultimados en la visita a Madrid del ministro del Interior, Gaston Defferre, para impedir la utilizaci¨®n del territorio franc¨¦s como base log¨ªstica de las bandas armadas de ETA abren perspectivas esperanzadoras a la estrategia de erradicaci¨®n de la violencia terrorista. Porque resulta necesario recordar que mientras el departamento de los Pirineos atl¨¢nticos sirva de refugio a la plana mayor de las organizaciones terroristas, los esfuerzos de nuestra polic¨ªa para desbaratar sus redes de sost¨¦n e informaci¨®n dentro de Espa?a y para detener a los asesinos y extorsionadores que act¨²an a este lado de la frontera estar¨¢n condenados a moverse ¨²nicamente en las ¨¢reas geogr¨¢ficas donde se materializan y ejecutan las decisiones previamente adoptadas y preparadas en Francia.Los or¨ªgenes hist¨®ricos de la violencia terrorista en el Pa¨ªs Vasco, el contenido de las coartadas ideol¨®gicas destinadas a justificar sus cr¨ªmenes y las bases sociales que respaldan o disculpan los atentados de las bandas armadas impiden, por supuesto, exportar hacia Francia la responsabilidad pol¨ªtica de esa sangrienta explosi¨®n de destrucci¨®n que ha costado ya la vida a varios centenares de espa?oles con o sin uniforme y que se propone, a trav¨¦s de su estrategia de provocaci¨®n a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad, servir de fulminante a las tentativas de desestabilizaci¨®n democr¨¢tica. Al tiempo, sin embargo, cualquier analista aceptar¨¢ como hecho dif¨ªcilmente rebatible que la clausura del santuario franc¨¦s resulta una condici¨®n necesaria, aun que no sea suficiente, para la erradicaci¨®n de la violencia terrorista en nuestro suelo.

Las sangrientas incursiones en territorio franc¨¦s de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL), una organizaci¨®n de mercenarios cuyos cr¨ªmenes salpican de sangre, de cieno y de responsabilidad penal a quienes pagan a los caza-recompensas, puso todav¨ªa m¨¢s de manifiesto que las bandas armadas de ETA viv¨ªan en un r¨¦gimen de laxa clandestinidad en el departamento de los Pirineos atl¨¢nticos. El Gobierno franc¨¦s tiene la imperiosa obligaci¨®n de aplicar la ley dentro de su territorio, tanto para castigar a los asesinos de los GAL como para impedir que los terroristas de las diferentes ramas de ETA escapen a la acci¨®n de la justicia espa?ola, organicen los preparativos de sus futuros cr¨ªmenes y realicen acciones delictivas relacionadas con el tr¨¢fico de armas y el cobro de extorsiones. El Estado franc¨¦s se enfrenta tambi¨¦n con el inexcusable deber de poner fin a una farsa tan insostenible como la de pretender que los miembros de las bandas terroristas que operan en Espa?a sean acreedores del derecho al asilo pol¨ªtico o a la complaciente tolerancia de los servicios de seguridad.

Las eventuales medidas que puede dictar el Gobierno espa?ol para posibilitar la reinserci¨®n social de los antiguos colaboradores de las bandas armadas que, sin responsabilidades por delitos de sangre, estuvieran formalmente dispuestos a cortar cualquier conexi¨®n con el terrorismo podr¨ªan cerrar el c¨ªrculo de la ofensiva contra las diferentes ramas de ETA. La abstracta contraposici¨®n entre medidas pol¨ªticas y medidas policiales no es sino tina torpe manera de negar el car¨¢cter complementario de esos dos aspectos, igualmente necesarios, de la lucha de desgaste contra la violencia terrorista. Pese al siniestro historial de las bandas armadas, nadie puede, sin caer en una abyecta simetr¨ªa del crimen, proclamar que el objetivo de ese combate deber¨ªa ser el completo exterminio de los terroristas y no su derrota. Un Estado de derecho, un sistema democr¨¢tico y una sociedad civilizada poseen legitimidad y autoridad indiscutibles para combatir y erradicar los desafios de los violentos.