En Espa?a, no; fuera, s¨ª

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n, diputado del Grupo Popular, es contundente respecto a la sentencia: "La se?ora que aborte fuera de Espa?a no incurre en delito". Consecuencia que tambi¨¦n para Cristina Alberdi, abogada, es obvia: "Ahora se puede informar sobre el aborto en el extranjero sin que ello pueda ser objeto de persecuci¨®n".Para Ruiz Gallard¨®n lo importante est¨¢ en que la sentencia "ha ido acompa?ada de dos votos particulares, los de Francisco Pera Verdaguer y Francisco Tom¨¢s y Valiente. El ¨²nico voto particular donde se plantea el problema de la licitud del proyecto de ley de aborto en Espa?a y el alcance del art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n es el de Tom¨¢s y Valiente, luego los restantes magistrados no opinan como ¨¦l. 0 dicho en otras palabras, no entran para nada en determinar el contenido y alcance del art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n espa?ola. As¨ª ha sido, adem¨¢s, expresamente reconocido por el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Garc¨ªa Pelayo, el cual ha rechazado la interpretaci¨®n de que esta sentencia resuelva o prejuzgue el recurso de inconstitucionalidad del proyecto de ley del aborto promovido por el Grupo Popular".

Carlota Bustelo, directora del Instituto de la Mujer, piensa que esta sentencia contiene un valor altamente positivo y "representa un avance en el desarrollo democr¨¢t¨ªco de las leyes espa?olas, de acuerdo con el nuevo marco constitucional y la problem¨¢tica real de la poblaci¨®n femenina".

Cristina Alberdi cree que la sentenc¨ªa afectar¨¢ positivamente al recurso previo de inconstitucionafidad del proyecto de ley de despenalizaci¨®n del aborto: "Llevamos el camino de la normalizaci¨®n y es posible que de aqu¨ª a seis o siete meses el aborto sea legal en Espa?a".

En estos momentos est¨¢ pendiente de resoluci¨®n ante el Supremo un caso similar al que ha motivado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto en el extranjero. La Audiencia Provincial de Le¨®n conden¨® en marzo de este a?o a la pena de un mes y un d¨ªa de arresto mayor a una mujer, E. A. L., de 21 a?os de edad, por haber abortado en el mes de marzo de 1982 en Portugal. "Logicamente, casos como ¨¦stos deben ser achivados de oficio inmediatamente", afirma Cristina Alberdi.