Principio de acuerdo sobre la financiaci¨®n auton¨®mica para el pr¨®ximo a?o

La inclusi¨®n en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1985 -que deber¨¢ estar listo antes del 1 de octubre- de las cantidades correspondientes a cada comunidad aut¨®noma en concepto de participaci¨®n en los ingresos estatales fue el principal acuerdo alcanzado entre el secretario del Estado de Hacienda Jos¨¦ Borrell, y el conseller de Econom¨ªa de la Generalitat, Josep M. Cullell.

La plasmaci¨®n de este acuerdo en los Presupuestos se presenta realmente dif¨ªcil si se tiene en cuenta que previamente las respectivas comisiones mixtas Estado-comunidades aut¨®nomas deber¨ªan, acordar el porcentaje de participaci¨®n en los ingresos estatales en funci¨®n de la valoraci¨®n de los servicios transferidos.La empresa no se presenta nada f¨¢cil si se tiene en cuenta que a estas alturas del a?o a¨²n no se ha aprobado la ley, actualmente en tr¨¢mite parlamentario que fija los porcentajes de participaci¨®n para 1984. Cullell manifest¨® que no admitir¨ªa la f¨®rmula empleada en los Presupuestos del Estado de 1984, en los que se se?alaba un plazo de hasta el 30 de abril para diferenciar los cr¨¦ditos afectados por los traspasos de servicios a las comunidades aut¨®nomas.

Incumplimiento de la LOFCA

En realidad, la f¨®rmula de 1984 ha resultado doblemente perniciosa por la Generalitat. Por una parte ha impedido al Gobierno catal¨¢n la realizaci¨®n de sus propios presupuestos para este a?o, al desconocer los ingresos con que pod¨ªa contar. Por otra, se comprob¨® la existencia de un desfase de 22.162 millones de pesetas entre los cr¨¦ditos inicialmente previstos en los Presupuestos Generales del Estado v¨ªa secci¨®n 32 (-7.854 millones) y los fijados posteriormente en el proyecto de ley del Porcentaje (14.308 millones).En cualquier caso, en 1985 tampoco se cumplir¨¢n las disposiciones previstas en la ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA), que en su disposici¨®n transitoria 11,3 se?ala que la comisi¨®n mixta paritaria Estado-comunidad aut¨®noma fijar¨¢ el porcentaje de participaci¨®n, mientras dure el per¨ªodo transitorio, "con una antelaci¨®n m¨ªnima de un mes a la presentaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado en las Cortes.

Todos estos retrasos obedecen sin duda a la disparidad de criterios, que ya se ha puesto de manifiesto anteriormente y que han impedido la promulgaci¨®n en su tiempo de la ley de Porcentajes de 1984, a la que Minor¨ªa Catalana ha presentado tres enmiendas. La segunda de estas enmiendas, con la que tambi¨¦n coinciden expertos socialistas y comunistas, sostiene que la disposici¨®n adicional segunda vulnera la LOFCA. Seg¨²n la citada disposici¨®n adicional "los porcentajes de participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en los ingresos tributarios del Estado fijados en la presente ley ser¨¢n de aplicaci¨®n en el ejercicio econ¨®mico de 1984 exclusivamente". Y para 1985 los porcentajes "se fijar¨¢n en funci¨®n de las nuevas transferencias de servicios y de las necesidades derivadas de la coordinaci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica, con el fin de mantener el equilibrio financiero de las Administraciones p¨²blicas".

Con ello se pretende la modificaci¨®n continua del porcentaje para corregir el efecto financiero, pero los promotores de la enmienda sostienen que la LOFCA es taxativa al establecer s¨®lo cuatro supuestos de revisi¨®n (ampliaci¨®n de competencias, cesi¨®n de nuevos tributos, reformas sustanciales del sistema tributario y cuando transcurridos cinco a?os lo soliciten las partes), entre los que no figura "las necesidades derivadas de la coordinaci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica".

Presupuestos aut¨®nomos

Los continuos retrasos en la determinaci¨®n de los ingresos disponibles por las comunidades aut¨®nomas pueden originar un fatal bloqueo de las finanzas auton¨®micas. En el caso de Catalu?a la situaci¨®n ha sido realmente asfixiante para la Generalitat, que ha tenido que funcionar con todos los inconvenientes de un presupuesto prorrogado. Pero la ausencia de presupuesto supone tambi¨¦n una fuerte limitaci¨®n de los derechos de los administrados, al no poder ejercer a trav¨¦s del Parlamento uno de los derechos democr¨¢ticos m¨¢s importantes cual es el del control de ingresos y gastos p¨²blicos.En algunos casos la ausencia de presupuestos ha significado que los ciudadanos carezcan de instrumentos para reclamar la ejecuci¨®n de determinados servicios o programas que se anunciaron en la campa?a electoral pero que luego no se plasmaron en ning¨²n documento presupuestario. A estas alturas del a?o ser¨¢ dificil plantear la discusi¨®n de un presupuesto del que ya se ha realizado la mayor parte del gasto.

Repetir la experiencia en el ejercicio de 1985 podr¨ªa provocar mayores distorsiones. Sin embargo, el margen de maniobra del Gobierno catal¨¢n es bien escaso si, se tiene en cuenta que la ley de Finanzas P¨²blicas de Catalu?a establece que el Proyecto de Presupuestos de la Generalitat y la documentaci¨®n anexa se enviar¨¢n al Parlamento de Catalu?a antes del 10 de octubre de cada a?o para su examen, enmienda y aprobaci¨®n.