El dif¨ªcil acuerdo

EL GOBIERNO, la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Uni¨®n General de Trabajadores (UGT) han buscado la manera de eludir el callej¨®n sin salida en el que se hallaban las negociaciones orientadas a suscribir el acuerdo econ¨®mico y social para 1985-1986. Las pretensiones de Comisiones Obreras (CC OO) de ampliar el abanico de cuestiones negociables m¨¢s all¨¢ del ¨¢mbito inicialmente previsto hac¨ªan dif¨ªcil obtener alg¨²n progreso en los debates. La f¨®rmula utilizada para conseguir el desbloqueo ha sido delimitar de manera estricta los asuntos incluidos en la agenda y forzar los ritmos de la discusi¨®n mediante contactos secretos que preparen la reuni¨®n p¨²blica de la mesa negociadora, prevista para el pr¨®ximo martes. Un sistema, todo hay que decirlo, un tanto excluyente para CC OO, por m¨¢s que ¨¦sta adoptara posiciones de dif¨ªcil aceptaci¨®n por los otros asistentes al di¨¢logo.Las informaciones (v¨¦ase EL PAIS de 8 de septiembre) seg¨²n las cuales el poder ejecutivo, la organizaci¨®n patronal y el sindicato socialista hab¨ªan trazado ya las l¨ªneas generales del futuro pacto apuntaban la inminencia de alguna iniciativa de ese tipo, destinada a impedir que las discrepantes concepciones de CC OO respecto al ¨¢mbito del acuerdo dilataran las conversaciones. La circunstancia de que el acuerdo econ¨®mico y social para 1985-1986 deber¨ªa ser suscrito, para aspirar a tener efectos tangibles, antes de que el Gobierno env¨ªe los Presupuestos Generales del Estado a las Cortes pod¨ªa conferir a la actitud de CC OO el aire de una t¨¢ctica obstruccionista. Pero mantener negociaciones secretas cuando existe una mesa formal de di¨¢logo es una pr¨¢ctica tan condenable como el obstruccionismo al que hacemos referencia.

Por lo dem¨¢s, los puntos propuestos por CC OO -y separados de la agenda por los restantes interlocutores- cubr¨ªan un campo tan amplio que su negociaci¨®n correspond¨ªa m¨¢s a un programa de gobierno alternativo que a un acuerdo entre la patronal, los sindicatos y el Ejecutivo. Algunas de esas pretensiones invad¨ªan el terreno del legislativo y trataban de derogar normas que -como la ley org¨¢nica de Libertad Sindical y las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores y de la ley de Protecci¨®n del Empleo- acaban de ser aprobadas por las Cortes. Ese ambicioso temario tambi¨¦n inclu¨ªa, dentro del ¨¢mbito legislativo, una reforma de la Administraci¨®n p¨²blica que trascendiera los l¨ªmites de la norma recientemente votada por el Parlamento sobre la funci¨®n p¨²blica. Comisiones Obreras defend¨ªa igualmente una reforma agraria integral y alteraciones sustanciales en el curso de la reconversi¨®n industrial y de la pol¨ªtica fiscal del Gobierno socialista, objetivos que s¨®lo el refrendo de una amplia mayor¨ªa electoral a un programa dar¨ªa derecho a imponer.

De la agenda ha quedado tambi¨¦n descolgada la fijaci¨®n de un objetivo num¨¦rico de creaci¨®n de empleo. Tras el fracaso del Gobierno a la hora de cumplir su promesa electoral de crear 800.000 puestos de trabajo, la asunci¨®n por el poder ejecutivo de un compromiso del mismo g¨¦nero hubiera sido, desde luego, una ingenuidad. Sin embargo, la sugerencia de CC OO de que las discusiones de la mesa tomaran en cuenta las repercusiones del eventual ingreso de Espa?a en la Comunidad Econ¨®mica Europea (CEE) merece un estudio m¨¢s detallado y mejor atenci¨®n por parte de los participantes en el di¨¢logo. Pi¨¦nsese, por ejemplo, en los efectos inflacionistas que producir¨¢ el impuesto sobre el -valor a?adido (IVA) en el momento de su implantaci¨®n. -ya retrasado respecto a las previsiones iniciales del Gobierno-. Es rid¨ªculo afrontar un pacto social del tipo que se pretende prescindiendo de la previsi¨®n de un acontecimiento tan extraordinario como el ingreso de nuestro pa¨ªs en la Comunidad, que trasformar¨¢, tambi¨¦n en un corto plazo, aspectos sustanciales de nuestra estructura productiva.

No obstante, la agenda de la negociaci¨®n fijada por el Gobierno, la CEOE y UGT contiene algunos elementos para que el acuerdo econ¨®mico y social de 1985-1986 permita mejorar la situaci¨®n del empleo, crear expectativas para la inversi¨®n y reducir las incertidumbres. El desarrollo reglamentario de la reforma del Estatuto de los Trabajadores puede facilitar el acceso al mercado- de trabajo de los j¨®venes sin empleo. El programa de inversiones p¨²blicas, los incentivos fiscales a la inversi¨®n privada, los conciertos del Instituto Nacional del Empleo con los ayuntamientos y las aportaciones del Estado al fondo de solidaridad tambi¨¦n tendr¨¢n efectos positivos para el empleo. Los compromisos sobre las: alzas salariales, limitados el a?o pasado al sector p¨²blico, la pol¨ªtica de pensiones y la cobertura de desempleo son materias propias de un acuerdo como el que las partes pretenden alcanzar. La soluci¨®n del viejo pleito del patrimonio sindical, la participaci¨®n de los representantes sindicales en la Administraci¨®n institucional, la reforma de la Seguridad Social y el control de la empresa p¨²blica, son igualmente temas id¨®neos para un consenso de este g¨¦nero.

Aunque el recorte de la agenda pueda contrariar a CC OO, y el procedimiento de conversaciones secretas contrar¨ªe las normas de la ¨¦tica y de la simple educaci¨®n, esta central no deber¨ªa sucumbir a la tentaci¨®n del abandono o del maximalismo, que tan malos resultados, por lo dem¨¢s, le dio en el pasado. El bien de la econom¨ªa del pa¨ªs, y de los trabajadores en general, precisa de su participaci¨®n en las negociaciones y en el acuerdo final.