El Plan de Empleo Rural (PER) ayuda a quitar el hambre, pero no resuelve el problema del paro andaluz

Problemas burocr¨¢ticos han impedido que, a los nueve meses de su puesta en marcha, el Plan de Empleo Rural (PER) haya dado los resultados esperados. La entrega del subsidio se ha producido con regularidad y ha contribuido, junto a la buena cosecha, a disminuir mucho la conflictividad en el campo, pero el Instituto Nacional de Empleo (Inem) ha sido incapaz de controlar el fraude en los censos. La formaci¨®n ocupacional no ha existido. El Gobierno piensa abrir un per¨ªodo de amnist¨ªa para que los numerosos trabajadores que se supone no han declarado todas las jornadas trabajadas puedan hacerlo de aqu¨ª a fin de a?o.

El PER introduc¨ªa esperanzadoras novedades respecto al sistema anterior de empleo comunitario. Se hac¨ªa llegar dinero a los trabajadores del campo por dos v¨ªas: un subsidio de desempleo sui g¨¦neris, que cubre 18G jornadas a lo largo de nueve meses, de febrero a octubre, y a raz¨®n de 20 d¨ªas por mes, y la oferta a los trabajadores del campo de trabajar con salarios-convenio en trabajos de la rama agr¨ªcola o de cualquier otra, correspondientes a proyectos del Estado afectos a tal fin al plan. Adem¨¢s de eso, el PER se propon¨ªa un tercer tipo de acciones, la formaci¨®n ocupacional, para j¨®venes del medio rural que a¨²n no hubieran accedido a un trabajo.El primer y principal problema llega a la hora de depurar el censo de beneficiarios. Hasta qu¨¦ punto el censo de trabajadores eventuales del campo est¨¢ hinchado o es confuso es algo que a¨²n no se ha podido evaluar. En principio, se permiti¨® ser beneficiarios del sistema a todos aquellos que el a?o anterior hubieran sido perceptores, aunque fuera por un solo d¨ªa, del paro comunitario. Luego, sobre esos censos, se tratar¨ªa de depurar a quienes no tuvieran derecho a ello, bien por no ser trabajadores agr¨ªcolas con seis meses de antig¨¹edad en el R¨¦gimen Especial Agrario, o por incurrir en alguna o varias de las incompatibilidades que el decreto se?alaba.

Faltan denuncias

Al cabo de nueve meses existe la conciencia de que siguen presentes en los censos muchas personas que no deber¨ªan estar. Fuentes de la Delegaci¨®n del Gobierno en Andaluc¨ªa, que lidia este problema con dificultades Y buen tacto, se?alaron a este peri¨®dico que el Inem no tiene posibilidades materiales para descubrir todos los casos que hay, en especial si, como ocurre, no hay denuncias por parte de los alcaldes ni convecinos.

Solicitar una caza de brujas en este sentido es, por otra parte, dif¨ªcil y peligroso en un contexto deprimido y confuso como el del campo andaluz, y puede avivar viejas resacas de enfrentamientos entre familias, que en algunos casos son a¨²n resaca de la guerra civil.

Mediante un plan intensivo, llevado a cabo entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, se excluy¨® del plan a 7.566 subsidiados entre Andaluc¨ªa y Extremadura, ¨¢mbito de aplicaci¨®n del PER. Casi la mitad corresponde a la provincia de Sevilla, de la que, con posteriores inspecciones, se ha aumentado el n¨²mero de bajas hasta 5.017. De ellas, m¨¢s de la mitad se! han producido por participar en el PER sin llevar al menos seis meses de alta en el R¨¦gimen Especial Agrario. Es decir, por no ser, objetivamente, trabajadores del campo. De hecho, seg¨²n fuentes de la Delegaci¨®n del Gobierno, de un total de 40.000 subsidiados del sexo masculino durante el mes de agosto en la provincia de Sevilla, cerca de 26.000 no hab¨ªan trabajado ese mes ninguna peonada en el campo. Y entre las mujeres, el dato era mucho m¨¢s espectacular: 11.608 subsidiadas y 10.222 sin ninguna leonada. Por mucha escasez de trabajo que haya, es dif¨ªcil pensar que un porcentaje tan alto de subsidiados sea incapaz de conseguir una sola peonada en el mes.

Pero es que la declaraci¨®n de peonadas trabajadas tampoco parece estarse haciendo con regularidad. El sistema preve¨ªa que, para tener cabida el a?o pr¨®ximo en el mismo, ser¨ªa preciso acreditar 60 jornadas de trabajo en el presente, de las que al menos 30 deb¨ªan corresponder a tareas agr¨ªcolas, y las otras 30 podr¨ªan completarse con trabajos en los proyectos afectos al plan. Lo que se pensaba que debiera suponer un est¨ªmulo para declarar jornadas a fin de mantenerse en el censo no ha tenido tal efecto, sino que a veces ha sido el contrario. Un ejemplo espectacular es el de la provincia de Ja¨¦n, donde seg¨²n los ¨²ltimos datos facilitados por los empresarios agr¨ªcolas, se habr¨ªan producido 1.800.000 peonadas y, sin embargo, el n¨²mero de las declaradas por jornaleros es de 400.000.

Incapacidad burocr¨¢tica

El deseo de sabotear la frontera de las 60 jornadas con la t¨¦cnica de "que no declare nadie, as¨ª nos salvamos todos", podr¨ªa ser una de las causas de ese monumental desfase. Otra puede ser que un trabajador cobra los 20 d¨ªas de subsidio mensuales s¨®lo en el caso de que no haya trabajado m¨¢s de 10 jornadas. El que trabaje m¨¢s de 10 va descontando, por cada jornada que exceda de ese n¨²mero, una de percepci¨®n del subsidio.

Pero frente a todo esto se alza la incapacidad burocr¨¢tica para poner en marcha la parte m¨¢s ambiciosa del plan, la de dar trabajo reclamaci¨®n permanente de lo trabajadores. El delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa, Leocadio Mar¨ªn, conf¨ªa en que, una vez salvadas las dificultades, se llegue

fin de a?o con el cumplimiento de un 80% del programa. La predicci¨®n es exageradamente optimista a juicio de los sindicatos y, en cualquier caso, se ha confirmado la dificultad de que algunos proyectos en especial los del MOPU, sean ¨²tiles para dar trabajo a eventuales sin ninguna especializaci¨®n de ese tipo.

En realidad, s¨®lo los trabajo del ICONA y el IRYDA se han de mostrado adecuados; pero el ICONA y el IRYDA ya daban trabajo antes a los jornaleros, y los sindicatos estiman que lo ¨²nico que se ha hecho es un cambio de nombre para una situaci¨®n que sigue en e mismo punto en que estaba. La Junta de Andaluc¨ªa, por su parte ha tenido grandes problemas par incorporar proyectos al PER por que ha estado recibiendo las transferencias durante el a?o y era claramente imposible poner la maquinaria en marcha.

Finalmente, la tercera de las patas en que se apoyaba el nuevo sistema, la formaci¨®n ocupacional no se ha puesto en marcha. Ha quedado aplazada para el a?o pr¨®ximo.

Pese a todo, Leocadio Mar¨ªn estima que el nuevo sistema, aun con las dificultades que ha ofrecido su puesta en marcha, arroja un resultado positivo. Concede a los jornaleros el derecho a un subsidio de desempleo, aunque sea muy sui g¨¦neris, y a trav¨¦s del no logrado PER busca el darles el mayor n¨²mero posible de jornadas de trabajo al a?o.

De hecho, este a?o ha habido mucha menos tensi¨®n en el campo que en los anteriores, y una campa?a programada por Comisiones Obreras para realizar movilizaciones este oto?o ha fracasado estrepitosamente. Pero CC OO y SOC apuntan como mayor causa de la tranquilidad social la gran cosecha que ha habido este a?o, con lo que no vienen sino a confirmar la sospecha de que muchos trabajadores no declaran las peonadas reales. Respecto a las recientes noticias de fraude en los censos, a cargo de UGT, ambos sindicatos apuntan que se trata de una campa?a de descr¨¦dito a los jornaleros, que tendr¨ªa por finalidad el salvar lo que consideran que es un rotundo fracaso del plan.