Un juez maltratado

LA JUNTA de Jueces de Madrid ha hecho p¨²blica una dura resoluci¨®n sobre el vergonzoso incidente ocurrido en Madrid el pasado viernes que enfrent¨® al magistrado Jacobo L¨®pez Barja de Quiroga, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de la capital, con cuatro miembros de la Polic¨ªa Nacional. Aunque el asunto est¨¢ sien do objeto de diligencias sumariales, la nota de la Junta de Jueces da impl¨ªcitamente por supuesto que la versi¨®n del altercado ofrecida por el magistrado, desmentida por la interpretaci¨®n policial, se ajusta a los hechos. Se r¨ªa m¨¢s que dif¨ªcil conceder la presunci¨®n de veracidad a la narraci¨®n policial y neg¨¢rsela al relato del juez. No parece que los intereses corporativos hayan sido capaces de cegar en este caso a la Junta de Jueces, a diferencia de lo que cabe temer de la nota publicada por el Sindicato Profesional de Polic¨ªa Uniformada, que acusa al magistrado de "intromisi¨®n" y de actitud "irrespetuosa", y que ignora que Jacobo L¨®pez Barja de Quesada, juez de instrucci¨®n en Madrid, ejerce su jurisdicci¨®n en ese territorio a todas las horas del d¨ªa y de la noche.Seg¨²n el testimonio del magistrado, sus intentos de impedir en una v¨ªa p¨²blica el apaleamiento por un polic¨ªa uniformado de un delincuente derribado en el suelo y esposado dieron lugar a sucesivos actos de desobediencia y desacato de los cuatro agentes. Los polic¨ªas no s¨®lo se negaron a identificarse y a reconocer la autoridad del magistrado, sino que trataron de intimidarle enca?on¨¢ndole con una pistola. La versi¨®n policial describe al juez como un energ¨²meno que "vapule¨®" a un polic¨ªa nacional (a quien nadie podr¨ªa considerar, sin embargo, indefenso) y que impidi¨® a los agentes comprobar su identidad mediante el truco de colocar su documento acreditativo "tan cerca de la cara que no pod¨ªan verlo". El relato, as¨ª contado, ofrece una imagen conmovedoramente angelical de los polic¨ªas y resulta absolutamente incre¨ªble.

La resoluci¨®n de la Junta de Jueces relaciona el incidente con la ausencia de una polic¨ªa judicial, y al se?alar que los miembros de la polic¨ªa est¨¢n obligados a obedecer las ¨®rdenes recibidas de los jueces, con independencia de las responsabilidades en que ¨¦stos pudieran incurrir en caso de sobrepasarse en sus competencias, censura impl¨ªcitamente la resistencia ofrecida por los agentes. Cuando recuerda que los miembros de la carrera judicial y los funcionarios policiales est¨¢n obligados por igual a perseguir la perpetraci¨®n de un hecho punible cometido en su presencia, la nota alude al apaleamiento en plena calle de un delincuente esposado. Pero la conclusi¨®n m¨¢s significativa es la de atribuir la responsabilidad del incidente y de otros similares al hecho de que "ciertos sectores de funcionarios de la seguridad del Estado carecen de conciencia clara de las funciones jurisdiccionales y policiales en un Estado democr¨¢tico y social de derecho". El corolario de la afirmaci¨®n es imputar la responsabilidad de esa falta de conciencia democr¨¢tica no tanto a los agentes del orden p¨²blico como "a las instituciones y autoridades" de las que dependen las fuerzas de seguridad.

En los ¨²ltimos tiempos, las facciones reaccionarias se han dedicado a jalear las reivindicaciones corporativistas de un sector de la magistratura y a halagar al tiempo actitudes, directrices y comportamientos del Ministerio del Interior que se burlan de las competencias judiciales y que ponen en solfa las garant¨ªas de los derechos reconocidos por la Constituci¨®n. La resoluci¨®n de la Junta de Jueces de Madrid, al igual que otras anteriores adoptadas por la de San Sebasti¨¢n, constituye el elogiable contrapunto de esa falsa defensa de la magistratura.

Los dos a?os de gobierno socialista han gestado varias leyes y proyectos de reforma del C¨®digo Penal, de la normativa de enjuiciamiento criminal y de la Administraci¨®n de la justicia que resultan escasamente satisfactorias desde las perspectivas del cambio, pero que son en cualquier caso tangibles. Ese mismo per¨ªodo se ha caracterizado tambi¨¦n por la par¨¢lisis, y hasta la regresi¨®n, en el terreno del orden p¨²blico. La complacencia mostrada por el presidente del Gobierno durante el debate sobre el estado de la naci¨®n acerca de la situaci¨®n de nuestras libertades se da de bruces con el incidente que comentamos. Es imposible suponer que si polic¨ªas uniformados son capaces de amenazar y maltratar en plena calle a un juez de instrucci¨®n, no lo han de ser, con mayor rigor y arbitrariedad, de maltratar y aun torturar a los detenidos en las comisar¨ªas y dependencias policiales. Pero por lo mismo es necesario que la sensibilidad y sentido del deber mostrados por el juez Barja de Quiroga a la hora de tratar de impedir un abuso policial en la persona de un detenido se extienda a la de todos aquellos jueces que entienden de casos de tortura y malos tratos y que con tanta frecuencia se achican o se rinden a la insolencia del aparato policial o de los directivos de la Guardia Civil que entorpecen la marcha de los procedimientos aduciendo razones del servicio.