La Junta de Jueces recuerda al Ministerio del Interior que los polic¨ªas est¨¢n a las ¨®rdenes de los magistrados

La Junta de Jueces de Madrid decidi¨® ayer recordar al Ministerio del Interior la obligaci¨®n de cualquier miembro de la polic¨ªa de "obedecer las ¨®rdenes recibidas de los jueces", tras estudiar la reciente denuncia del magistrado Jacobo L¨®pez Barja de Quiroga contra varios polic¨ªas por presunto desacato y desobediencia cuando intervino en defensa de un detenido. Seg¨²n las diligencias judiciales, declaradas secretas por el juez instructor, la polic¨ªa ha matizado que la pistola colocada cerca de la cara del juez no fue la reglamentaria, sino una simulada con la que el detenido intent¨® poco antes realizar un atraco.

La reuni¨®n extraordinaria de la Junta de Jueces fue convocada por su decano, Salvador Dom¨ªnguez, y a ella asistieron tanto los jueces civiles como los penales, aunque la presencia de estos ¨²ltimos fue m¨¢s numerosa. El acuerdo se adopt¨® por 36 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, entre estas ¨²ltimas las del propio decano, quien explic¨® que algunos matices del acuerdo le obligaron a abstenerse.A la deliberaci¨®n de los jueces madrile?os no asisti¨® ni el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 25, Juan Miguel Esteve Campillo, que instruye con gran celeridad las diligencias sobre el caso, ni el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15, magistrado Jacobo L¨®pez Barja de Quiroga, denunciante de los presuntos delitos de que fue objeto por los funcionarios judiciales (ver EL PAIS de ayer).

El acuerdo adoptado por la Junta de Jueces, "con absoluto respeto a las actuaciones jurisdiccionales y disciplinarias que se siguen", contiene los siguientes puntos, que se decidi¨® trasladar al Ministerio del Interior, a trav¨¦s de la Audiencia Territorial de Madrid:

1. Hacer constar a las instituciones del Estado y a todos los ciudadanos que tales hechos constituyen una de las graves consecuencias de la falta, tantas veces expresada, de una Polic¨ªa Judicial bajo la dependencia de los jueces y del ministerio fiscal, como exige el art¨ªculo 126 de la Constituci¨®n.

2. Hacer constar que cualquier miembro de la polic¨ªa est¨¢ obligado a obedecer las ¨®rdenes recibidas de los jueces, sin perjuicio de la responsabilidad en que estos pudieran incurrir.

3. Hacer constar que cualquier juez est¨¢ obligado a evitar y perseguir la comisi¨®n de un posible hecho punible, cometido en su presencia, y los funcionarios policiales han de proceder a evitar los mismos.

4. Hacer constar que lo sucedido en la ocasi¨®n analizada ha tenido expresiones anteriores, por lo que se debe afirmar que ciertos sectores de funcionarios de la seguridad del Estado carecen de conciencia clara de las funciones jurisdiccionales y policiales en un Estado social y democr¨¢tico de derecho, lo que no tanto cabe imputar a los individuos de los cuerpos de seguridad como a las instituciones y autoridades de las que aquellos dependen.

La fiscal¨ªa, atenta

Por su parte, el Fiscal General del Estado estudi¨® ayer el tema con sus principales colaboradores y decidi¨® cursar instrucciones a la fiscal¨ªa de Madrid para que preste la m¨¢xima atenci¨®n al caso.No se consider¨® necesario presentar una querella ni personarse en las diligencias judiciales abiertas con ocasi¨®n de la denuncia del magistrado, ya que legalmente el ministerio fiscal ya se encuentra personado. Sin embargo, s¨ª se valor¨® la gravedad de los hechos denunciados y se acord¨® excitar el celo del fiscal competente.

El Consejo General del Poder Judicial no se ha pronunciado todav¨ªa sobre los hechos, de los que tuvo conocimiento por el propio magistrado denunciante, y es probable que los estudie en su sesi¨®n plenaria de ma?ana. Mientras tanto, por lo que se refiere a la versi¨®n policial difundida ayer, este peri¨®dico pidi¨® a las fuentes de la Seguridad del Estado que la facilitaron que detallara las lesiones producidas por el magistrado al polic¨ªa supuestamente vapuleado. La respuesta fue: "pues no faltaba m¨¢s que le hubiera herido". Las fuentes citadas a?adieron que el vapuleo hab¨ªa consistido en "cogerle de las solapas". Igualmente, reconocieron no haber obedecido las ¨®rdenes del juez.

Por otra parte, los diputados comunistas presentaron ayer en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno solicitando del Ejecutivo las medidas adoptadas contra quienes desobedecieron al juez L¨®pez Barja de Quiroga y para evitar que se produzcan comportamientos policiales generales del mismo car¨¢cter. Se?alan los parlamentarios que los hechos denunciados no constituyen un caso aislado y que la versi¨®n policial trata de convertir al magistrado en agresor, como ha ocurrido en otras ocasiones con ciudadanos que piden correcci¨®n a la polic¨ªa en su actuaci¨®n.

El Sindicato Profesional de Polic¨ªa Uniformada -todav¨ªa no legalizado- califica, en cambio, los hechos, seg¨²n informa Efe, de "una intromisi¨®n del juez Jacobo L¨®pez Barja de Quiroga en la funci¨®n policial, improcedente por no ser el juez de guardia", y califica de "irrespetuosa" e "impropia de su cargo" su actitud ante los agentes.