El 'caso Astiz' amenaza romper el equilibrio entre el Gobierno y el Ej¨¦rcito en Argentina

La detenci¨®n del marino Alfredo Astiz por la justicia civil amenaza romper el delicad¨ªsimo equilibrio entre el Gobierno democr¨¢tico y las fuerzas armadas argentinas. Desde hace cinco d¨ªas contin¨²a la sesi¨®n permanente del Almirantazgo como presi¨®n sobre la opini¨®n p¨²blica y el poder judicial en favor de Astiz. La Armada, adem¨¢s, ha solicitado que el marino sea trasladado desde el apostadero naval de Buenos Aires a la base de Puerto Belgrano para mejor garantizar su seguridad.

Astiz tuvo finalmente que ser reconocido mediante fotograf¨ªas por testigos oculares que afirman haberle visto disparar contra la joven sueca Dagmar Haguelin y secuestrarla herida en un taxi en diciembre de 1977. El oficial se neg¨® a una rueda de presos identificatoria e incluso a declarar, aduciendo que su caso hab¨ªa sido sobrese¨ªdo en 1981 por la justicia militar. La identificaci¨®n lograda por el juez federal Miguel del Castillo es judicialmente muy d¨¦bil, dada la profusi¨®n de fotograf¨ªas de Astiz publicadas en la Prensa argentina e internacional tras su rendici¨®n a las tropas brit¨¢nicas en las islas Georgias del Sur durante la guerra por las Malvinas.El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -cuya renuncia global ser¨¢ admitida antes de fin de a?o por el ministro de Defensa, Ra¨²l Borr¨¢s- ha remitido al juez Del Castillo, aceleradamente y contra su lentitud habitual, la documentaci¨®n sobre el sobreseimiento militar del caso Haguelin, en el que se amparar¨ªa Astiz.

No obstante, el problema es pol¨ªtico antes que jur¨ªdico. Astiz, por su notoriedad internacional -presunto responsable de la desaparici¨®n de Haguelin y de dos monjas francesas-, es el s¨ªmbolo de los oficiales j¨®venes que participaron en la guerra sucia contra la subversi¨®n. Si es procesado, se derrumbar¨¢ el acuerdo t¨¢cito entre el Gobierno democr¨¢tico y las fuerzas armadas de resolver las secuelas del terror de la dictadura castigando a las c¨²pulas que ordenaron el genocidio y salvaguardando a los escalones inferiores mediante una interpretaci¨®n generosa del principio de obediencia debida.

Toda la publicidad que ha rodeado a Astiz y la presi¨®n de los Gobiernos sueco y franc¨¦s han abierto una grieta en aquel esquema de juzgamiento selectivo. El ministro de Defensa, Ra¨²l Borr¨¢s, ha intentado aislar el caso Astiz, aduciendo que no se le juzga por haber obedecido ¨®rdenes militares, sino por la supuesta comision de delitos comunes, como ser¨ªan la privaci¨®n ileg¨ªtima de la libertad y la comisi¨®n de lesiones a una ciudadana. El Almirantazgo, m¨¢s realista, contin¨²a oponi¨¦ndose al procesan¨²ento. Si el caso Astiz se lleva hasta sus ¨²ltimas consecuencias, media oficialidad argentina acabar¨¢ sent¨¢ndose en el banquillo de la justicia civil.