Como en los viejos tiempos

EN VISPERAS de la apertura del 30? Congreso del PSOE, partido que se proclam¨® en su d¨ªa adalid de las libertades, fuerzas de la Polic¨ªa Nacional, cuyo m¨¢ximo responsable pol¨ªtico es el ministro socialista del Interior, lanzaban una brutal carga contra una manifestaci¨®n autorizada, convocada por la Comisi¨®n Permanente contra la Tortura del Grupo de Abogados J¨®venes. Para mayor sarcasmo, la viuda y la hija del polic¨ªa nacional Jos¨¦ Manuel Cast¨¢n, fallecido a consecuencia de presuntos malos tratos recibidos en dependencias gubernativas, fueron detenidas y llevadas a la comisar¨ªa. Algunos testigos de los hechos se ven obligados a remontarse, para ilustrar la desproporcionada e injustificada violencia desplegada anteayer por las fuerzas de orden p¨²blico, a las represiones callejeras de los ¨²ltimos a?os del franquismo y de los comienzos de la transici¨®n. Las fracturas de costillas, hematomas, contusiones y magulladuras de los manifestantes prueban la contundencia de las unidades antidisturbios, que cumplieron las instrucciones de la superioridad.Pero los porrazos contra los manifestantes o las amenazas de procesamiento contra los denunciantes no s¨®lo no conseguir¨¢n disipar las preocupaciones y las dudas acerca de la persistencia de la tortura en los cuartelillos y en las comisar¨ªas, sino que intensificar¨¢n esas sospechas y exasperar¨¢n su forma de expresi¨®n. Algunos sectores gubernamentales descalifican a quienes protestan contra la tortura, acus¨¢ndoles de mentir a sabiendas o de difundir consignas difamatorias inventadas por las bandas terroristas. Esas maniobras nos hacen retroceder a los tiempos de la conspiraci¨®n judeo-mas¨®nico-comunista, de los tontos ¨²tiles y de los compa?eros de viaje. Aunque sea cierto que algunos detenidos bajo la legislaci¨®n antiterrorista puedan ofrecer testimonios falsos de los tratos recibidos en dependencias gubernativas al salir en libertad o ingresar en prisi¨®n, s¨®lo la mala fe puede ignorar que las denuncias de tortura se extienden tambi¨¦n a los presos comunes, y que los informes de los expertos depuran y contrastan las declaraciones de los afectados y aplican criterios de objetividad para esclarecer los hechos.

Las denuncias presentadas por abogados de intachable trayectoria democr¨¢tica no son un fen¨®meno aislado. Los obispos de las comunidades aut¨®nomas del Pa¨ªs Vasco y de Navarra han llamado reiteradamente la atenci¨®n sobre la persistencia de la tortura en dependencias gubernativas dentro de su territorio. Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, diputado de Euskadiko Ezkerra y hombre que se ha manifestado valientemente contra los cr¨ªmenes de ETA, tambi¨¦n ha expresado su inquietud y su alarma, en el hemiciclo del Congreso, ante las violaciones de los derechos humanos en la Espa?a gobernada por los socialistas. Limitando este apresurado recuento a los supuestos producidos despu¨¦s de la victoria electoral socialista, recordemos que la Audiencia Provincial de Gerona ha condenado a cinco guardias civiles -y la Audiencia Provincial de Bilbao, a otros cinco miembros del mismo cuerpo- por delitos de torturas perpetrados contra detenidos comunes. Al procesamiento en la capital guipuzcoana de cuatro guardias civiles, posteriormente premiados por el Ministerio del Interior con la concesi¨®n de unas medallas que les fueron solemnemente impuestas por el presidente del Congreso, hay que a?adir las 20 diligencias abiertas por los juzgados de San Sebasti¨¢n en los tres primeros meses del a?o y las 36 diligencias incoadas en Vizcaya desde octubre de 1983 hasta junio de 1984. Estos datos -seleccionados entre los numerosos ejemplos que ofrece el informe de 1984 de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDH)- tal vez sirvan a Jos¨¦ Barrionuevo (ministro del Interior) y a Gregorio Peces-Barba (presidente del Congreso y sedicente te¨®rico de los derechos humanos) para retractarse en p¨²blico por sus reiteradas descalificaciones de quienes sostienen que la tortura se ha seguido produciendo en Espa?a despu¨¦s de que el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n la aboliera y de que la reforma del C¨®digo Penal la acu?ara como tipo delictivo espec¨ªfico.

Despu¨¦s del informe de Amnist¨ªa Internacional, refutado por Barrionuevo con la misma desenvoltura con la que los integristas de anta?o negaban las evidencias que les molestaban, el informe de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a denuncia "el incremento de torturas y malos tratos desde finales de septiembre de 1983". Esta asociaci¨®n de utilidad p¨²blica, en cuya junta directiva figuran el fiscal Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn y el catedr¨¢tico de Derecho Penal Jos¨¦ Antonio Gimbernat, ha solicitado del Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la ley antiterrorista, prudente medida a la que Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez no puede resistirse sin grave da?o para su prestigio moral y personal. Ello permitir¨ªa al Tribunal Constitucional disipar las razonables dudas existentes acerca de la compatibilidad de esa disposici¨®n con nuestra norma fundamental.