A puerta cerrada

A Lo largo de 1984, las Cortes desarrollaron a buen ritmo el ejercicio de la "potestad legislativa del Estado" que la Constituci¨®n les asigna. Pero esa dedicaci¨®n a las leyes contrasta con la escasa repercusi¨®n que tiene la vida parlamentaria sobre la opini¨®n p¨²blica. S¨®lo los debates en que participa el presidente del Gobierno y que son transmitidos por televisi¨®n acercan a los ciudadanos a la C¨¢mara baja. A ese desencuentro ha contribuido en cierta medida el presidente del Congreso, excesivamente preocupado por el boato institucional. Por otro lado, la desahogada mayor¨ªa socialista y la fuerte disciplina de su grupo parlamentario han eliminado la posibilidad misma de emboscadas contra el Gobierno, y garantizan la tramitaci¨®n sin sobresaltos de cuantos proyectos legislativos remita al Parlamento el Ejecutivo. En su conjunto, el estricto control sobre los grupos parlamentarios de sus portavoces, que a su vez cumplen las ¨®rdenes procedentes de las direcciones partidistas, margina a la mayor¨ªa de los diputados de las intervenciones p¨²blicas -circunstancia que movi¨® a Miguel Boyer a renunciar a su esca?o en la anterior legislatura- y los reduce a la simple condici¨®n de obedientes votantes.Pero las Cortes no se limitan a ejercer la potestad legislativa, a controlar la acci¨®n del Gobierno y a aprobar los presupuestos generales del Estado. Entre sus competencias figura la designaci¨®n de comisiones de investigaci¨®n para esclarecer cualquier asunto de inter¨¦s p¨²blico, cuyas conclusiones no ser¨¢n vinculantes para los tribunales ni afectar¨¢n a las resoluciones judiciales. Desgraciadamente, tampoco en este ¨¢mbito nuestros parlamentarios est¨¢n satisfaciendo las expectativas de sus representados. La comisi¨®n sobre el dinero Flick y la financiaci¨®n de los partidos ha dado ya lugar a un incidente de sainete entre el socialista Torres Borsault y el aliancista Ruiz Gallard¨®n. Y la comisi¨®n sobre las cat¨¢strofes a¨¦reas de finales de 1983 parece resuelta, tras un interminable per¨ªodo de gestaci¨®n, a poner en escena, en la silenciosa penumbra de la puerta cerrada, una nueva versi¨®n del parto de los montes.

Es cierto que el art¨ªculo 63 del Reglamento del Congreso de los Diputados, tras establecer la publicidad de las sesiones del Pleno, admite la excepcionalidad del secreto cuando se debatan propuestas, dict¨¢menes, informes o conclusiones formuladas por las comisiones de investigaci¨®n. Ahora bien, el art¨ªculo 52 de ese reglamento otorga al presidente del Congreso la facultad de ordenar el debate de los plenos sobre los dict¨¢menes de esas comisiones de encuesta. Dado que tanto las conclusiones aprobadas por la C¨¢mara como los votos particulares de las minor¨ªas deber¨¢n ser publicados en el Bolet¨ªn Oficial de las Cortes Generales, no se adivinan las razones de que el debate sobre los accidentes de Barajas tenga que ser secreto. Las cat¨¢strofes a¨¦reas no son cuestiones que conciernan al decoro de la C¨¢mara o de sus miembros o que pongan en peligro la seguridad del Estado o la defensa nacional. Mal servicio se prestar¨ªa al prestigio parlamentario con la decisi¨®n de mantener, contra viento y marea, el secreto de un debate que pudiera ser interpretado por la, opini¨®n p¨²blica como un ocultamiento de los hechos. Que a estas alturas tenga que volver a pedirse luz y taqu¨ªgrafos para las discusiones en las Cortes es sonrojante para el poder socialista y para la respetabilidad de nuestras instituciones parlamentarias.