La Audiencia Nacional impide la libertad de dos miembros del Batall¨®n Vasco Espa?ol acusados de siete asesinatos

La Audiencia Nacional ha denegado la libertad provisional de Ignacio Mar¨ªa Iturbide Alc¨¢in y Ladislao Zabala Solchaga, ¨²nicos miembros de la organizaci¨®n ultraderechista Batall¨®n Vasco Espa?ol que se encuentran en prisi¨®n. Iturbide y Zabala est¨¢n acusados, entre otros delitos, de siete asesinatos consumados y el fiscal solicita para cada uno de ellos penas de 245 a?os de prisi¨®n. Sus defensores est¨¢n estudiando la presentaci¨®n de una querella por prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas resoluci¨®n injusta) contra los miembros del Tribunal.

La raz¨®n de la negativa a la libertad es que se ha producido una "maniobra dilatoria gestada con ingenio" y realizada con "doblez de intenci¨®n" para evitar que se juzgara con rapidez a los acusados y pudieran obtener la libertad por haber transcurrido el plazo de 30 meses, que es el m¨¢ximo que autorizaba la ley.El Tribunal Constitucional hab¨ªa autorizado la puesta en libertad de Iturbide y Zabala al anular una providencia de la secci¨®n segunda de la Audiencia Nacional que se opon¨ªa a la libertad. El principal razonamiento de la citada providencia era que los dos acusados deb¨ªan continuar en prisi¨®n preventiva, a pesar de haber cumplido ya 30 meses en esa situaci¨®n, pues ese plazo deb¨ªa contarse para cada uno de los delitos cometidos. Este razonamiento fue considerado contrario al esp¨ªritu de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, pero el Tribunal Constitucional dej¨® abierta la posibilidad de que los acusados continuaran en prisi¨®n si hubieran tenido la culpa del retraso en juzgarles.

El tribunal se?ala que, efectivamente, se ha producido una interrupci¨®n en las actuaciones y que, de no haberse producido, se habr¨ªa permitido el juicio de los procesados.

La Audiencia Nacional razona que la "injustificada demora" es imputable a los acusados, ya que Iturbide est¨¢ defendido por el mismo abogado que Benito Santos, otro de los procesados, que se encuentra en libertad provisional y que plante¨® el incidente origen del retraso.

Adem¨¢s, se?ala que, aunque los abogados de Iturbide y Zabala son distintos, los recursos contra la providencia que denegaba la libertad que ambos presentaron son copia literal, hasta el punto de reproducir "sin rubor" un extremo relativo a un tr¨¢mite procesal que s¨®lo realiz¨® uno de ellos.

"Doblez de intenci¨®n"

Aunque la dilaci¨®n fue obra formal de la defensa de Benito Santos, "la realidad", dice la sala, "es que los verdaderos protagonistas de esta cr¨®nica procesal dilatoria a¨²n inacabada son quienes real y eventualmente pueden resultar beneficiados por los efectos moratorios, y que obviamente son Zabala e Iturbide, ¨²nicos acusados que se encuentran privados de libertad".

El tribunal afirma que capt¨® que el recurso planteado por el abogado de Santos y de Iturbide, Antonio Mufloz Perea, "representaba un ejercicio del derecho a recurrir desnaturalizado por el ingrediente de la doblez de intenci¨®n".

"Esa percepci¨®n por el tribunal de que el recurso de casaci¨®n que se intenta es un artificio dilatorio", a?ade la resoluci¨®n de la Audiencia Nacional, "se opera mediante el instrumento jur¨ªdico que el legislador ( ... ) proporciona a los jueces y tribunales para introducir en la soluci¨®n de las contiendas un principio b¨¢sico de buena fe en su m¨¢s pleno sentido, y cuyo significado es que en el ejercicio de los derechos es obligada una conducta ¨¦tica representada por los valores de la lealtad y rectitud de miras".

El retraso del proceso ha sido fijado en cinco meses, desde el 16 de mayo de 1983, fecha de la presentaci¨®n de un recurso de casaci¨®n sobre la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el caso, hasta el 26 de octubre del mismo a?o, fecha del auto que denegaba la libertad provisional de los acusados y que fue anulado por el Tribunal Constitucional.

Los abogados de Iturbide y Zabala consideran que no se ha producido dilaci¨®n alguna imputable a sus representados y han anunciado que estudian la presentaci¨®n de una querella por prevaricaci¨®n contra los tres magistrados que integran el tribunal.

Ignacio Iturbide y Ladislao Zabala, que en la actualidad llevan 45 meses en prisi¨®n preventiva, han reconocido ante el juez su participaci¨®n en los asesinatos de Tom¨¢s Alba, Francisco Javier Ansa, Jos¨¦ Ram¨®n Ansa, Joaqu¨ªn Antimasveras, Miguel Arbelaiz, Luis Miguel Elizondo y Felipe Sagarna. Tambi¨¦n han admitido las lesiones causadas a V¨ªctor Fern¨¢ndez Ochoa y a Andr¨¦s Echevarr¨ªa, que les han dejado como secuelas invalidez irreversible al primero y disnea al segundo. El fiscal pide 245 a?os de reclusi¨®n para cada uno por diversos delitos.

Los otros tres procesados son Jes¨²s J¨ªm¨¦nez Gort¨¢zar, Benito Santos Medina y Jos¨¦ Luis J¨ªm¨¦nez Claver¨ªa, para los que el fiscal pide dos a?os, cuatro meses y un d¨ªa a cada uno por haber facilitado el arma con que se realizaron los delitos.