Una cesta de cerezas

LA INVESTIGACI?N sobre evasi¨®n de capitales, parcialmente relacionada tal vez con el fraude fiscal y con el blanqueamiento de fondos eludidos en las declaraciones sobre la renta o el patrimonio, est¨¢ ocupando el centro del inter¨¦s de la sociedad espa?ola y suscitando vivas emociones. A medida que se suceden las actuaciones ju diciales, aumentan las ramificaciones del asunto, con vertido en una verdadera cesta de cerezas, y crece la complejidad de sus implicaciones. Aunque el monto del capital presuntamente evadido constituya un m¨ªnimo porcentaje de las transferencias especulativas hacia el exterior realizadas desde los comienzos de la transici¨®n, ser¨ªa inmoral utilizar ese argumento como agravio com parativo en favor de los eventuales defraudadores de unas sumas que resultan exorbitantes para la inmensa mayor¨ªa de las econom¨ªas dom¨¦sticas espa?olas. La existencia de una franja negra de delincuencia impune -a la que hac¨ªa alusi¨®n el ¨²ltimo informe anual del ministerio fiscal- no puede servir de eximente o de atenuante a los procesados que se sientan habitualmente en el banquillo acusados de haber infringido otros art¨ªculos del C¨®digo Penal.Resulta altamente significativo que las lamentaciones y cr¨ªticas en torno a la legislaci¨®n espa?ola sobre control de cambios -establecida por el r¨¦gimen franquista, suavizada por un Gobierno de UCI) y nuevamente reformada por un Gobierno socialista- se produzcan justamente en el momento en que un juez tiene que aplicarla sin reparar en las repercusiones sociales de sus actuaciones. El confusionista intento de meter en el mismo saco las trabas administrativas a las exportaciones de capital, ¨²nico punto que una futura reforma legal podr¨ªa acometer, y los movimientos ilegales de fondos al exterior, ligados parcialmente a la defraudaci¨®n fiscal, constituyen un monumento a la mala fe que s¨®lo puede eriga?ar a los muy ingenuos. En cualquier caso, la libertad para el movimiento de capitales dentro de la Comunidad Econ¨®mica Europea, en cuyas estructuras Espa?a aspira a integrarse, no impide que esos pa¨ªses sancionen la evasi¨®n ilegal de divisas, con prop¨®sitos de fraude fiscal, a naciones extracomunitarias como Suiza. Sin duda, las informaciones relacionadas con la comparecencia ante el juez Lerga de los presuntos implicados en este asunto han suscitado curiosidades y comentarios. Sin embargo, las reacciones frente al esc¨¢ndalo constituyen meras an¨¦cdotas que no pueden desnaturalizar los verdaderos t¨¦rminos del problema. Es cierto que los riesgos de una instrumentaci¨®n demag¨®gica de esta investigaci¨®n judicial no son desde?ables. Para la inmensa mayor¨ªa de los espa?oles, las denuncias formuladas (deseamos que sin fundamento) contra Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa -jurista excepcional, dem¨®crata probado y hombre que ha prestado grandes servicios al sistema de libertades p¨²blicas han sido un trago amargo y un motivo de hondo disgusto. Resulta dificil aceptar, as¨ª, que el ilustre catedr¨¢tico -contra el que hasta la fecha no se ha dictado auto de procesamiento- haya podido ser sometido a las medidas cautelares de un auto de prisi¨®n y de una elevada fianza, s¨®lo justificables en t¨¦rminos procesales para impedir la posibilidad -absurda en este supuesto- de que el presunto inculpado se d¨¦ a la fuga. Nunca se repetir¨¢ lo suficiente -como demostr¨® la infecta campaf¨ªa demag¨®gica de la derecha autoritaria contra las reformas de Ledesma- que la Constituci¨®n de 1978 garantiza a todos los espa?oles (sean cuales sean sus ingresos econ¨®micos, origen social, nivel de renta, creencias religiosas o militancia pol¨ªtica) tanto la igualdad ante la ley como la presunci¨®n de inocencia. La peregrina teor¨ªa de que el se¨ªsmo informativo y social pro