Otro 'cambio' frustrado

EL PROYECTO de ley de Sanidad pretende modernizarla asistencia m¨¦dica de los espa?oles. Se dir¨ªa que el prop¨®sito que ha animado al ministro Lluch ha sido ocupar el centro, ese espacio por el que suspiran tantos pol¨ªticos espa?oles. Pero las reacciones suscitadas por el proyecto de ley -precedido de 14 borradores, dos a?os de discusiones, una huelga rotativa de m¨¦dicos y dimisiones tan significativas como la del subsecretario de Sanidad, Pedro Sabando- arrojan la conclusi¨®n de que el pasteleo no ha satisfecho finalmente a nadie. La derecha conservadora y las organizaciones corporativistas, representadas por Ramiro Rivera y las asociaciones de m¨¦dicos, protestan por el recorte -m¨ªnimo- de sus privilegios. Los sectores renovadores de la profesi¨®n m¨¦dica y los sindicatos de clase echan en falta una aut¨¦ntica universalizaci¨®n de la sanidad.La brecha existente entre los objetivos apuntados por el programa electoral del PSOE en materia de sanidad y las exigencias de las organizaciones corporativas eran demasiado amplias como para permitir un acuerdo que diera satisfacci¨®n a todos. Obligado a elegir entre opciones contrapuestas, el Gobierno ha preferido apostar por la situaci¨®n actual. De manera que, a menos que el Grupo Parlamentario Socialista lograra mejorar sustancialmente el proyecto de ley a su paso por el Congreso y el Senado, se habr¨¢ perdido la oportunidad de establecer una sanidad democr¨¢tica y progresista para todos los espa?oles.

Lluch ha cedido en gran medida a las reivindicaciones corporativas. Sin embargo, la insaciabilidad de las pretensiones gremialistas impide que las organizaciones colegiales, claras ganadoras de la partida, reconozcan oficialmente su triunfo y agradezcan al ministro de Sanidad su colaboraci¨®n. Al igual que en otros sectores de nuestra vida p¨²blica, las concesiones hechas por el Gobierno socialista, incumpliendo su programa electoral, han servido para envalentonar a sus adversarios e incitarles a elevar el techo de sus exigencias. En este caso, el resultado ha sido una ley difusa. Y aunque Alianza Popular califique el proyecto de estatalizador, las centrales sindicales y los profesionales partidarios de un nuevo modelo de sanidad no aciertan a descubrir en su texto los signos de un cambio real.

El anteproyecto incluye algunos t¨ªmidos avances, no obstante. En el terreno de los principios, aparece por vez primera la preocupaci¨®n por un concepto de salud m¨¢s fundamentado en la medicina preventiva, la calidad del medio vital y la asistencia primaria. Otro aspecto positivo es el anuncio de una asistencia m¨¢s racionalizada e integradora de la psiquiatr¨ªa, sector maldito de la medicina en Espa?a, as¨ª como tambi¨¦n de la salud laboral. Aunque con prudencia, el proyecto apunta tambi¨¦n hacia la unificaci¨®n de las actuales redes sanitarias del sector p¨²blico, que se encuentran repartidas entre el Estado, los Gobiernos auton¨®micos, las diputaciones y los ayuntamientos. La confusa f¨®rmula para conseguirlo es el denominado Sistema Nacional de Salud, que ser¨¢ algo as¨ª como la suma de los servicios de salud de las comunidades aut¨®nomas.

El anteproyecto deja las cosas pr¨¢cticamente como est¨¢n en lo que se refiere a la universalizaci¨®n de la asistencia de la sanidad p¨²blica. Establece tres clases de beneficiarios. Quienes cotizan a la Seguridad Social continuar¨¢n formando el principal paquete (el 93%), mientras que el 4% de pobres acogidos en la actualidad a la beneficencia del Estado ver¨¢n mejoradas las prestaciones al tener acceso a todos los servicios de la sanidad p¨²blica. El 3% restante, integrado por personas con recursos econ¨®micos suficientes, tendr¨¢ dos opciones: pagar por la cartilla de la Seguridad Social el coste medio de una cotizaci¨®n o pagar por acto m¨¦dico las tasas normales que se fijen para la asistencia m¨¦dica.

Lluch justifica el establecimiento de estas tres clases de beneficiarios por los altos costes que tendr¨ªa un sistema totalmente gratuito y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El d¨¦ficit p¨²blico impedir¨ªa que la Administraci¨®n asumiera ese gasto. En cualquier caso, la discusi¨®n sobre el coste de la ley de Sanidad, que necesitar¨¢ 105.000 millones de pesetas para empezar a funcionar de acuerdo con su actual articulado, no puede ser desvinculada del programa electoral del PSOE ni separada de las prioridades elegidas por el Gobierno en la asignaci¨®n de los recursos presupuestarios. En octubre de 1982, los socialistas prometieron a sus 10 millones de votantes una reforma de la pol¨ªtica sanitaria, que se ha demorado hasta la segunda mitad de la legislatura y que se anuncia ahora como t¨ªmida e incompleta. Si bien el menosprecio de las dificultades engendradas por la crisis econ¨®mica y el endeudamiento estatal ser¨ªa arbitrismo demag¨®gico, el Gobierno tendr¨¢ que explicar a sus votantes las razones de su parsimonia presupuestaria para afrontar la reforma de la salud p¨²blica o para las pensiones, mientras que emplea dinero a chorro libre para adquirir armamento -condenado a una r¨¢pida obsolescencia tecnol¨®gica- o para pagar el boato de algunas administraciones.

Los ciudadanos que tienen que soportar una asistencia sanitaria p¨²blica masificada y deshumanizada se preguntan con raz¨®n si la futura ley de Ernest Lluch ayudar¨¢ a mejorar la precaria atenci¨®n sanitaria que -nunca mejor dicho- padecen. Por lo pronto, ver¨¢n alejarse, una vez m¨¢s, la oportunidad de que la Seguridad Social cubra, al menos en parte, la cuenta del dentista, verdadera sangr¨ªa para el bolsillo de los cotizantes a la Seguridad Social. La promesa de asistencia integral a la salud, realizada en la exposici¨®n de motivos de la ley, no produce sino perplejidad y des¨¢nimo. Sin embargo, los usuarios podr¨¢n aferrarse a una ¨²ltima esperanza: la utilizaci¨®n de los instrumentos que les confiere la carta de derechos y deberes de los pacientes, incluida en el primer borrador, retirada despu¨¦s por las presiones corporativas de los m¨¦dicos y recogida, finalmente, en el anteproyecto definitivo.