Una batalla de poder sobre el turismo

LA GENERALITAT de Catalu?a ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto del pasado d¨ªa 17 de abril que establece que la promoci¨®n exterior del turismo pasa a ser una competencia exclusiva de la Administraci¨®n central. El decreto, que seg¨²n medios gubernamentales establece una regulaci¨®n para poner coto a lo que se califica de "extralimitaciones" de algunas comunidades aut¨®nomas, ha causado especial malestar en Catalu?a, la primera regi¨®n tur¨ªstica europea por volumen de visitantes.La Administraci¨®n auton¨®mica catalana ha desarrollado una pol¨ªtica muy agresiva de venta de su oferta tur¨ªstica, y le ha dado excelentes resultados: en el ¨²ltimo a?o el turismo en Catalu?a supuso 2.500 millones de d¨®lares en divisas para el Estado. En un momento de fundados temores en el sector por la contracci¨®n general de la demanda y, en particular, por las flojas expectativas de aluvi¨®n brit¨¢nico, la Generalitat ha realizado una fuerte ofensiva en el extranjero, y en los cuatro primeros meses del a?o, por ejemplo, ha estado presente en diez cert¨¢menes europeos distintos ofreciendo las peculiaridades de unas vacaciones en Catalu?a. Ahora, como el recurso impide mantener esta l¨ªnea de trabajo por lo menos hasta que no haya sentencia, las autoridades catalanas se han apresurado a anunciar que buscar¨¢n v¨ªas de financiaci¨®n privada para mantener la presencia en los cert¨¢menes europeos y no comprometer las pr¨®ximas temporadas.

El decreto recurrido establece que las campa?as, de promoci¨®n en el extranjero que hagan las autonom¨ªas con cargo a los fondos p¨²blicos requieren una aprobaci¨®n previa del Estado. Su prop¨®sito es que la Secretar¨ªa General de Turismo se encargue de toda la promoci¨®n en el extranjero, controlando el gasto, las campa?as y los mensajes que se transmitan. Los hoteleros catalanes y la Generalitat sostienen que a?adir un intermediario m¨¢s reducir a la agilidad y la efectividad, y subrayan la incoherencia que supone hacerlo cuando las competencias sobre el sector est¨¢n transferidas a las comunidades aut¨®nomas.

Pero en Catalu?a tambi¨¦n se considera que es agraviante el fondo pol¨ªtico del decreto. Sus posibilidades tur¨ªsticas no se consideraban debidamente servidas por las campa?as que anteriormente organizaba la Administraci¨®n central, y se considera indispensable poder hacer ofertas tur¨ªsticas espec¨ªficas parecidas a las que hacen algunas regiones extranjeras, los l?nder o los cantones en Europa. Para razonarlo, se se?ala que, por ejemplo, mientras la Administraci¨®n espa?ola lleva varios a?os sin molestarse en participar en las ferias de Par¨ªs o M¨²nich sobre turismo de autocar, este es un tema vital para Catalu?a por su proximidad a la frontera. Igual ocurre con la promoci¨®n del camping, muy d¨¦bilmente trabajada desde las instancias oficiales, cuando para esta comunidad aut¨®noma, con el 70% de las plazas de todo el pa¨ªs, resulta sencillamente fundamental. Al mismo tiempo, desde Barcelona se han levantado lamentaciones se?alando que nunca le hab¨ªa preocupado a nadie que un cartel tur¨ªstico llevara como ¨²nico r¨®tulo palabras como Sevilla o Canarias, y ahora la Direcci¨®n General de Promoci¨®n del Turismo se queja de que, junto a los nombres de las localidades catalanas o al de Catalu?a, no se incluya expl¨ªcitamente el de Espa?a.

Aunque todo este tema pueda parecer una batalla para dar argumentos a los amantes del victimismo pol¨ªtico, los hoteleros catalanes estiman que la ofensiva normalizadora puede estar respondiendo a un desesperado intento de supervivencia de la Secretar¨ªa General de Turismo, una entidad que se resiste a desaparecer tras el flujo implacable de los traspasos a las comunidades aut¨®nomas, y que, por el contrario, ha incrementado su n¨®mina de funcionarios y ha modernizado su sede traslad¨¢ndose a un c¨¦ntrico rascacielos de Madrid. Nuevamente sale a relucir con todo ello el malentendimiento del Gobierno socialista respecto al Estado de las autonom¨ªas, la descentralizaci¨®n de los servicios y la transferencia de funciones gestoras y fiscalizadoras a las instituciones aut¨®nomas. Son sus parlamentos quienes deben controlar la gesti¨®n de las competencias transferidas, y no las direcciones generales de la Administraci¨®n central. Pero esta resistencia a ceder parcelas de poder y esta rid¨ªcula insistencia en que ni siquiera el turismo y su promoci¨®n comercial puedan quedar en manos de los Gobiernos auton¨®micos pone de relieve un mal m¨¢s profundo: la falta de fe de muchos bur¨®cratas del centro en la Constituci¨®n que nos rige.