De jueces y periodistas
LA DETENCI?N y posterior puesta en libertad del director de Diario 16 se enmarca en una actividad creciente de los tribunales por querellas y demandas contra la Prensa, interpuestas, a veces, por particulares; en ocasiones, por el fiscal del Estado, y ¨²ltimamente, incluso por determinados ministros del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. La arbitraria medida del juez Alfonso Guevara, precedida de una orden de captura contra Pedro J. Ram¨ªrez que el Ministerio del Interior se vio incapaz de cumplimentar, pese a que el director del diario goza de una escolta policial, es algo m¨¢s que una broma de mal gusto: se inscribe de forma directa en un marco de agresiones a la Prensa y amenazas a la libertad de expresi¨®n, crecientes en los ¨²ltimos meses, y que disfrutan de la complicidad del poder pol¨ªtico y de la inanidad intelectual del portavoz del Gobierno, te¨®ricamente encargado de las relaciones de la Prensa con el Ejecutivo.Siempre hemos defendido la necesidad de que los medios de comunicaci¨®n se sometan responsablemente al imperio de la ley, que debe defender a la sociedad de los abusos que en nombre de la libertad se cometan. Pero la libertad de expresi¨®n est¨¢ precisamente para defender a los ciudadanos de los abusos cometidos en nombre de la ley. En nombre de la ley -y el orden, faltaba m¨¢s-, este Gobierno ha alumbrado una normativa antiterrorista que incluye, anticonstitucionalmente y con la complicidad de casi toda la clase pol¨ªtica, la eventual censura previa de los medios de comunicaci¨®n en su forma m¨¢s obscena: cierre de las instalaciones sin sentencia previa de un juez. Pero tambi¨¦n ha echado a rodar una ley de protecci¨®n de la intimidad, la imagen y el honor que, cuando todo el mundo cre¨ªa deb¨ªa de servir para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder -escuchas telef¨®nicas policiales o del CESID, entre ellos-, es utilizada por polic¨ªas y ministros contra los profesionales de la informaci¨®n.
Por lo dem¨¢s, los periodistas a¨²n tenemos los peri¨®dicos y las radios para defendernos, pero ?qu¨¦ tienen a mano los ciudadanos, maltratados tantas veces por el aparato administrativo de la justicia con una pertinacia y una frialdad dignas de mejor causa? El cambio democr¨¢tico no ha llegado ni a jueces ni a fiscales. Esto no es nada nuevo. Pero por eso mismo la detenci¨®n de nuestro colega es algo m¨¢s que un desagradable incidente: es el s¨ªmbolo y la demostraci¨®n de que tampoco en esto los 10 millones de votos parecen haber servido para gran cosa.
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