La resaca de la fiesta

HOY SE celebra en el Congreso de los Diputados el primer debate sobre el proyecto de ley org¨¢nica de Autorizaci¨®n para la Adhesi¨®n de Espa?a a la Comunidad Econ¨®mica Europea (CEE). Una vez disipados los fervores de pr¨¢ctica unanimidad que rodearon el acto de firma del tratado, llega la resaca de los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposici¨®n en torno a la integraci¨®n comunitaria. La entrada en la Europa de los doce constituir¨¢, sin duda, uno de los logros m¨¢s importantes de la legislatura socialista y una baza que Felipe Gonz¨¢lez jugar¨¢ en la pr¨®xima convocatoria ante las urnas. Resultaba, as¨ª, casi inevitable que las fuerzas pol¨ªticas marginadas del poder buscaran los motivos -o los pretextos- necesarios para restar m¨¦ritos al Gobierno, sembrar dudas acerca de su eficacia negociadora y amargar en lo posible su euforia.La votaci¨®n desfavorable al tratado de adhesi¨®n registrada en el Parlamento de Canarias se sit¨²a en el contexto de ese borrascoso fin de fiesta. La disposici¨®n adicional tercera de la Constituci¨®n estableci¨® la necesidad de un informe previo de esa comunidad aut¨®noma para cualquier modificaci¨®n del r¨¦gimen econ¨®mico y fiscal del archipi¨¦lago. El preceptivo dictamen carece, por supuesto, de fuerza vinculante, ya que corresponde a las Cortes Generales la prestaci¨®n del consentimiento del Estado para obligarse por medio de convenios internacionales. Frente a los 27 votos de los socialistas canarios, los restantes diputados del Parlamento regional dieron su asentimiento al informe negativo de la Comisi¨®n de Econom¨ªa y Comercio, que considera perjudicial el tratado de adhesi¨®n para el futuro econ¨®mico y comercial de las islas. En ese frente de rechazo se dieron cita fuerzas tan dispares como Alianza Popular, el CDS, los comunistas y grupos nacionalistas. Contin¨²a siendo cierto, as¨ª pues, que la pol¨ªtica, sobre todo cuando se trata de derribar a un Gobierno, hermana a extra?os compa?eros de cama.

El revolc¨®n dado en Canarias al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, firmante del tratado de adhesi¨®n, tiene tambi¨¦n una finalidad pol¨ªtica regional. La resoluci¨®n del Parlamento canario ha producido la dimisi¨®n de Jer¨®nimo Saavedra, presidente del Gobierno de la comunidad aut¨®noma. La distribuci¨®n de fuerzas dentro del archipi¨¦lago hace pr¨¢cticamente imposible la designaci¨®n de un nuevo presidente del Gobierno que no tenga el respaldo del PSOE, la m¨¢s importante minor¨ªa dentro de la Asamblea. La persistencia de la imp¨ªa alianza formada por el conservadurismo y algunos grupos cercanos al independentismo podr¨ªa lograr, sin embargo, el bloqueo de los mecanismos electorales y paralizar la vida institucional canaria. Ahora bien, el art¨ªculo 16 del Estatuto de Canarias establece la disoluci¨®n autom¨¢tica del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones en el supuesto de que transcurran dos meses desde la primera votaci¨®n de investidura y no sea nombrado un nuevo jefe del Gobierno. En cualquier caso, el rechazo del tratado de adhesi¨®n concede a los partidos y coaliciones canarios opuestos a los socialistas la c¨®moda oportunidad de encauzar, en provecho propio, todas las protestas que los procesos de ajuste de la integraci¨®n en Europa puedan suscitar en el archipi¨¦lago, posici¨®n tanto m¨¢s confortable cuanto que los eventuales beneficios del comercio canario con la CEE no ser¨¢n atribuidos a la eficacia de los gestores socialistas en Bruselas sino a la fuerza misma de las cosas.

Alianza Popular se dispone, por su parte, a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley gubernamental y a ofrecer un texto alternativo de autorizaci¨®n para la adhesi¨®n de Espa?a a la CEE. Los conservadores pretenden que la futura ley org¨¢nica incluya una referencia expresa a la soberan¨ªa espa?ola sobre Gibraltar y reserve a las C¨¢maras la capacidad de intervenir en la masiva recepci¨®n de Derecho comunitario y en la redistribuci¨®n de las competencias de las comunidades aut¨®nomas. Una comisi¨®n de seguimiento -compuesta por representantes de las 17 comunidades aut¨®nomas, nueve diputados y nueve senadores- quedar¨ªa encargada de informar peri¨®dicamente a las Cortes Generales de los problemas surgidos en el proceso de integraci¨®n. Otra comisi¨®n mixta -en la que figurar¨ªan tambi¨¦n, junto a los representantes del Parlamento y de las comunidades aut¨®nomas, delegados ministeriales- recibir¨ªa el encargo de examinar las consecuencias de la incorporaci¨®n del acervo comunitario a nuestro ordenamiento jur¨ªdico.

Nada hay en la Constituci¨®n que obligue a elegir una u otra v¨ªa. El art¨ªculo 93 de nuestra norma fundamental establece que "corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, seg¨²n los casos, la garant¨ªa del cumplimiento" de los tratados por los que "se atribuye a una organizaci¨®n o instituci¨®n internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constituci¨®n". Cabr¨ªa aventurar que las opiniones de los partidos se modifican e invierten en funci¨®n de sus relaciones con el poder y de su instalaci¨®n en el Gobierno o en la oposici¨®n. Desde este punto de vista, la actual apuesta de los conservadores en favor de una mayor intervenci¨®n del Parlamento en el proceso de integraci¨®n es casi tan inevitable como la defensa por los socialistas de las competencias atribuidas al Gobierno en el cumplimiento del tratado de adhesi¨®n. Pero los papeles en esa disputa sobre los fueros del poder legislativo o del poder ejecutivo pueden tambi¨¦n cambiar seg¨²n los casos de quienes participan en la pol¨¦mica. No es f¨¢cil evitar la sospecha de que los socialistas hubieran adoptado, frente a un Gobierno de UCD, la misma posici¨®n que ahora mantiene Alianza Popular si la integraci¨®n en Europa se hubiera producido durante la anterior, legislatura. Y tampoco que los diputados conservadores habr¨ªan extendido un cheque en blanco a favor de su Gobierno si el honor de firmar, como jefe del Ejecutivo, el tratado de adhesi¨®n le hubiese correspondido a Manuel Fraga.